PANTALLAZO DESDE AFUERA SOBRE LA NUEVA REFORMA LABORAL

Ante todo la Ley Pulpín que se encuentra hoy en fuego cruzado, es una arista más en el global proceso de la flexibilización laboral. Esto de promover los procesos de liberación económica con la mascarada de “reactivación del desarrollo” no es más que un engaño en donde el objetivo del Estado es sólo el de estimular a los empresarios a que formalicen las relaciones laborales preexistentes y así contar con los ingresos derivados de las obligaciones patronales.

El repudio de la población, y en especial de los más afectados, los jóvenes, tiene un alto costo para futuros posicionamientos del gobierno de turno en próximas elecciones. De no derogarse la ley, el actual presidente podría perder un gran número de votantes, pero aun así antepone su necesidad de “recaudar fondos”. Es claro que la medida solo beneficia al Estado y a los empresarios y deja desprotegida a la población activa.

Así, una vez más se visualiza muy claro, el poder de los capitales, que se encuentra por encima incluso de los gobiernos.

Más allá de una ley en la cual se sectoriza un rango de edades llamados “jóvenes”, las modernas reformas hoy afectan a toda la clase trabajadora. Hay que enfocar el tema con objetividad. Un trabajador de 45 con experiencia, en la práctica no se vería amenazado por un aspirante a un puesto de 23 sin experiencia. Así, sectorizar por edades se puede tomar como un elemento meramente organizativo, basándose en las diferencias de realidades de una y otra edad, pero bajo ningún aspecto deben tomarse como divisiones arbitrarias que sumen a un conflicto. La clase trabajadora en su totalidad es afectada cuando se promulga una ley basada en la inconstitucionalidad. Aun cuando afecte los derechos de sólo un sector de la población sienta jurisprudencia.

Otro punto a tener en cuenta es el estancamiento de ciertas reformas que una vez que se ponen en práctica quedan por tiempo indefinido. Estas políticas de ajuste deben nacer con una vigencia preestablecida de acuerdo a la dinámica de la economía y la realidad del país. Decretos como el Programa Ocupacional de Emergencia del año 1986 en el Perú o el Pacto Federal para el Empleo la Producción y el Crecimiento de la Argentina que con ciertos decretos de ajustes posteriores se instauró en 1993, no solo tuvieron una “fecha de vencimiento” sino que bajo ningún punto de vista afectaron en sus derechos constitucionales a la clase trabajadora. El PROEM bajo la presidencia .de Alan García en DECRETO SUPREMO N° 018-86-TR (29/07/86) especifica en el Artículo 5

“Los derechos y beneficios de los trabajadores contratados a plazo fijo, en aplicación del presente Decreto Supremo, no serán inferiores, en ningún caso, a los que establece la legislación laboral común”.

Mientras que en el caso del Plan Federal referido de la Argentina, apuntaba exclusivamente a una reducción de la “Alícuota” de las contribuciones patronales como medio de reactivación y a fin de formalizar las relaciones laborales vigentes y, obviamente, disminuir la desocupación. Decretos posteriores sectorizaron ciertos beneficios para el empleador como descuentos tributarios para trabajadores con discapacidad, mayores de 45 años o madres jefes de familia. Como en el caso del PROEM de Alan García, los derechos de la clase trabajadora permanecerían intactos.

En este “visto desde afuera”, surge el debate sobre la implementación de un fondo de desempleo como paliativo de uno de los tantos beneficios que les son quitados a los trabajadores en la nueva reforma del Perú. La idea tiene antecedentes en la legislación de mi país. la Argentina. La Ley 25371 para los trabajadores comprendidos en la Industria de la Construcción contempla la “temporalidad” de los contratos en ese rubro. Así, establece en reemplazo de “indemnización por despido”, la obligatoriedad de parte del empleador de un depósito bancario mensual durante la vigencia de la relación laboral.

Finalmente es necesario analizar el objetivo de la reforma, proponer nuevas políticas que sumen y bajo ningún aspecto “dividan” internamente a la clase trabajadora porque está en juego el derecho a un trabajo digno y esa amenaza es para todos.