Ni una menos, ni una injusticia más

En enero de 2016, Fernando Gómez Aguilar, fue sentenciado a 14 años de prisión. Si solo leemos esa información, concluimos que la pena respondería a un delito muy grave. Pues si bien la acción cometida por este sujeto viola la ley, su pena fue resultado del robo de un celular.

Gómez Aguilar propinó el robo acompañado de otra persona utilizando la fuerza y las amenazas contra la víctima quien se armó de valor y denunció el hecho. La pena si bien es ejemplar (¿Cuántos delitos así  ocurren todos los días y no son sentenciados?) dista mucho de ser proporcional al estándar de penas y fallos que emite la justicia peruana contra hechos más violentos.

En los últimos días, los casos de Lady Guillén y Arlette Contreras (agredidas en su momento por sus parejas), son una ratificación de que el sistema de justicia en el Perú tiene serios problemas en su función de impartir condenas. En el primer caso se falló con una pena de 4 años de prisión suspendida al agresor y en el segundo, se condenó a un año de prisión de suspendida al victimario.

Es decir, dos agresores demostrados con sendas pruebas y testimonios, fueron puestos en libertad mientras que el caso de Gómez Aguilar mereció una condena de 14 años por robar un celular.

Cuando ocurrió el caso de Silvana Buscaglia - quien agredió a un policía en diciembre de 2015 - todos aplaudimos la celeridad y la drástica sanción de 6 años de prisión. Fue un ejemplo de cómo se debía actuar judicialmente y que el principio de autoridad debía salvaguardarse. Sin embargo, el caso Buscaglia se convirtió con el tiempo en un lunar en medio de todo el cuerpo judicial del país.

Y eso no es necesariamente culpa de los jueces. Es básicamente el sistema - que tiene leyes a veces mal hechas pero que deben ser aplicadas en contra el sentido común-  lo que genera este mar de desproporciones. A veces el buen criterio de un juez no puede contra lo establecido en la ley. Pero también existen los malos jueces, no solo por mal formación sino también por falta de criterio humano.

Por ello la movilización “Ni una menos” convocada para el 13 agosto no debe ser solamente para condenar la agresión contra las mujeres. Debe ser también un llamado enérgico contra todo el sistema judicial que sigue amparando normas que benefician a unos y perjudican a otros. Que en esa movilización se escuchen voces contra el feminicidio que ya ha cobrado la muerte de más de 500 mujeres en el Perú desde el 2011. Pero también que se escuche a viva voz el clamor por una buena práctica de la justicia en el Perú. ¡Ya es hora!




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