Estado de Emergencia

A raíz de una serie de asesinatos efectuados por sicarios en colegios del distrito de San Juan de Lurigancho y la alta incidencia de delitos, el alcalde pidió la declaración del Estado de Emergencia de esa localidad.

No es la primera vez que una ciudad agobiada por la delincuencia y cansada de tanta inseguridad plantean la posibilidad de que sea el Ejército quien asuma el control de esta situación en las calles.

Nuestra Constitución Política describe al Estado de Emergencia como un régimen de excepción  que se decreta en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofes o de graves circunstancias que afectan la vida de la Nación.

Así leída la Carta Magna pareciera que la violencia e inseguridad ciudadana bastaría para declarar en Estado de Emergencia a San Juan de Lurigancho, Callao, Trujillo, Chiclayo, Piura, sino a todo el país. Sin embargo, debemos precisar que esta medida se toma en cuanto se trata de una situación excepcional, extrema, cuando el orden y la paz no se puede mantener con los medios o las medidas regulares y es la última alternativa ante una situación de desborde y descontrol que afecta la vida de los ciudadanos o la subsistencia de la Nación en general.

Esta medida excepcional es decretada por el Presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros y dando cuenta al Parlamento. En su declaratoria se establece un plazo que no puede exceder de 60 días y se precisa si se decreta en  todo el territorio nacional o en parte de él. Además de ello,  las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República, pero también se podría disponer que siga siendo la Policía Nacional la encargada de recobrar el orden.

Qué implica decretar Estado de Emergencia? Que en el plazo establecido se puedan restringir o suspender el ejercicio de ciertos derechos constitucionales como los relativos a la libertad, a la seguridad personal, inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito (9, 11 y 12, 24 f) del artículo 2). Es decir, en una circunscripción que está en estado de Emergencia la población es sometida a toques de queda, se pueden realizar detenciones sin mandato judicial y queda en suspenso el derecho a ser puesto a disposición del juez en las 24 horas de tal detención, no se pueden llevar a cabo reuniones, entre otras medidas.

Aunque los demás derechos constitucionales siguen vigentes y las garantías constitucionales como la acción de hábeas corpus o acción de amparo no quedan en suspenso, la historia nos ha demostrado que estas circunstancias han sido ocasión para que las autoridades que asumen el control caigan en autoritarismo, abusos y hasta violación de derechos humanos.

El tomar la decisión de establecer el Estado de Emergencia en un determinado territorio es una gran responsabilidad que significa serios riesgos. Para evitarlo, sería necesario activar los controles parlamentarios o jurisdiccionales para que el orden constitucional prevalezca aunque se limiten ciertos derechos.

Siendo la declaratoria de emergencia un régimen de excepción. Estamos en esa situación? La delincuencia perturba nuestra paz y es necesario que sea el ejército quién tome el control de las calles?  Considero que hay medidas previas a ello cuando de seguridad ciudadana se trata. Si la policía realiza operativos con un buen soporte de inteligencia obtiene magníficos resultados,  la elaboración de mapas de peligro por lo menos en los distritos más riesgosos sería una magnífica herramienta para la prevención de los actos delictivos, el trabajo coordinado entre serenos, policías y la seguridad privada de los establecimientos podría generar una reacción más pronta ante la incidencia de delitos. Como estas medidas hay muchas, el tema acá es, insisto, falta liderazgo y voluntad real de vencer a la delincuencia.




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