Pena de muerte: Polémica y popular

Sería muy popular y complaciente si les digo que yo también estoy a favor de la pena de muerte para los violadores, sicarios, narcotraficantes y corruptos del país. Sonaría incendiario, polémico y sería para muchos como canto celestial para sus oídos o como agua para su sed de venganza.

Pero no, lo lamento. No estoy de acuerdo con la pena de muerte. Mi opinión al respecto es que una sociedad que adopta la pena de muerte como sanción sujeta su convivencia a la mera venganza e institucionaliza la violencia como arma para combatir la violencia, acostumbra al ciudadano a devolver el mal por el mal con la intención de aniquilar a aquello que le parece dañado, maligno o peligroso; perdiendo la esperanza en el propio ser humano y su rehabilitación.

Si el argumento para señalar la necesidad de la pena de muerte para el violador o asesino es la creencia de que una pena atroz como esa lo reprimirá o persuadirá de que no viole o mate, debemos también decir que no existe ningún estudio que sustente dicha aseveración. Muchos delincuentes capaces de matar no tienen temor ni reparos en la vida con la que acaban menos piensan en la suya, la posibilidad de su propia muerte no los desalienta.

Además, consideraría otra situación adicional. Ya ahora, cuando dejamos en manos de la justicia merituar las pruebas, evaluar la responsabilidad y culpabilidad del implicado, los medios de prensa y los ciudadanos con sus opiniones convertimos a esos casos en simbólicos, mediáticos o emblemáticos y ejercemos una especie de presión para que les caiga todo el peso de la ley sin siquiera ser parte del proceso ni tener los elementos suficientes para saber qué es lo justo en cada caso, imagínense los circos romanos que se armarían con la aplicación de la pena de muerte.

Al margen de las pretensiones ciudadanas y de otras consideraciones morales o sociológicas, debemos saber que actualmente no es posible que el Perú modifique su legislación penal y su Constitución para establecer la pena de muerte para los delitos cometidos por sicarios, bandas organizadas o en caso de violaciones.

Nuestro país ratificó en julio de 1978 la Convención Americana de Derechos Humanos también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en cuyo artículo 4 se señala que no se puede extender la pena de muerte a delitos a los cuales no se la aplique al momento de la suscripción de dicho tratado. Por otro lado,  el artículo 62 la Convención al reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos sujeta a considerar sus opiniones consultivas,  en las cuales se señala que, en relación a las restricciones a la pena de muerte, la Convención prohíbe absolutamente la extensión de la pena de muerte a otros delitos y que, en consecuencia, no puede el Gobierno de un Estado Parte aplicar la pena de muerte a delitos para los cuales no estaba contemplada en su legislación interna”.

Es decir, en tanto que en el Perú a partir de la Constitución de 1979 se establece que “no hay pena de muerte sino por traición a la patria en caso de guerra exterior”, nuestro país como Estado Parte de la Convención está impedida de ampliar esta pena a otros delitos. Tanto así que posteriormente, nuestra Constitución de 1993 amplió la pena de muerte para los casos de terrorismo con la anotación de que se hará “conforme a las leyes a los tratados de los que el Perú es parte obligatoria”. Justamente, en el estricto respeto a la Convención Americana de Derechos Humanos, jamás se implementó en la legislación interna tal sanción, sino que los delitos de terrorismo se han penado con cadena perpetua.

Como podemos ver, existe un ordenamiento legal de carácter internacional al que nos hemos adherido como Estado, por lo que tenemos un compromiso asumido que debemos honrar, caso contrario estaríamos incurriendo en una violación que nos genera responsabilidad jurisdiccional como Estado. En todo caso, para ampliar la pena de muerte tendríamos que denunciar el Tratado en mención y luego modificar nuestra Constitución, pero eso implica un análisis mayor en relación a las consecuencias de tal decisión como Estado. 




Viernes 05 de Junio de 2015

A raíz de una serie de asesinatos efectuados por sicarios en colegios del distrito de San Juan de Lurigancho y...

Martes 01 de Setiembre de 2015

He leído con mucho entusiasmo diversas opiniones en relación a la creación del Ministerio de la Juventud. Se nota el...