Los famosos "Narcoindultos"

El gobierno de turno junto con la izquierda radical ha tratado por todos los medios de desprestigiar la imagen histórica del APRA llenándola de adjetivos difamatorios e injuriosos como el de partido de narcos y de corruptos, olvidando con ello que si el partido cuenta con más de 80 años de existencia, es porque supo hacerle frente a la batahola de presiones, chantajes y pactos bajo la mesa que el capitalismo y el comunismo le impusieron, siendo ahora ellos los tontos útiles de los poderes fácticos de siempre, el del clero y de las Fuerzas Armadas.

Como en todos los gobiernos, el presidente de la República tiene la facultad constitucional de conceder indultos y conmutar penas según el artículo 118 de la Carta Magna, y es potestad del mandatario el de otorgarlas o no. Es así que tomando en cuenta el real estado del sistema carcelario en el país, se tomó la decisión de reducir el hacinamiento en los penales.

Toda persona tiene el derecho a tener una segunda oportunidad luego de haber cumplido dos tercios de su condena, mucho más cuando el 98% de los presos en el Perú pertenecen a los sectores C, D y E; es decir, los más pobres de la patria. Sin ir muy lejos, Estados Unidos, Chile, entre otros países, sus presidentes han perdonado o reducido las penas a miles de presos, incluido a condenados por narcotráfico, y este gobierno no ha sido la excepción.

Alan García conforme a la prerrogativa que le da la constitución, redujo las penas a miles de presos como a madres de familia quechua hablantes, ancianos, jóvenes entre 18 y 21 años, y entre ellos, a 400 condenados por narcotráfico y “paqueteo”, pero no así a asaltantes, secuestradores, violadores ni a ningún “capo internacional”. De todos, solo el 2% reincidieron y fueron sancionados con el doble de la pena, según Ley dada en el gobierno aprista.

Las denuncias hechas por los abogados de la “pareja presidencial” contra Alan García han sido rechazadas por la Fiscalía de la Nación hasta en dos oportunidades. El 6 de enero de 2014, el Fiscal de la Nación respecto a los indultos y conmutaciones de pena concluyó: “no existe elemento probatorio alguno mínimo respecto a actos delictivos que vinculen al Presidente García”, porque en ningún caso se ha reducido la pena en casos prohibidos por la ley ni ha existido ningún beneficio económico para el ex Presidente.

De existir alguna ilicitud cometida por funcionarios de menor jerarquía para acelerar los expedientes en las instancias inferiores, se debe establecer la correspondiente responsabilidad y sanción individual. Los humalistas hablaron por 4 años de cientos, de miles de casos, pero al final solo se viene procesando a tres funcionarios por once expedientes.

Esta acusación contra Alan García, como el pretender condenar al APRA porque uno de sus miles de militantes, sin ningún cargo dirigencial, podría estar vinculado al TID, es uno de los más infames escándalos que los adversarios de siempre han creado.




Lunes 31 de Agosto de 2015

 

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