La Constitucionalidad de la prisión preventiva, por William Oblitas

La Revolución Francesa en su criterio más liberal nos trajo consigo el enaltecimiento de tres principios básicos: libertad, igualdad, fraternidad. Seguido a ello, en la necesaria construcción jurídica el ser humano ha recogido a la “libertad” como un derecho fundamental, un derecho humano, y hasta un valor ético.

En nuestra Constitución se encentra ampliamente enumerado tal derecho, siendo que en inciso b) numeral 24) artículo 2° se precisa que “No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley”; y, justo este postulado es el que nos recalca al Nuevo Código Proceso Penal (NCPP) a fin de analizar en que momento se puede perder el derecho a la libertad.

El NCPP indica que los requisitos para que un Juez ordene la prisión preventiva son: i) Existencia de elementos de convicción respecto al delito, ii) Sanción superior a cuatro años, iii) Peligro de fuga (arraigo – magnitud de pena – comportamiento del acusado), u obstaculización de la verdad. Los elementos mencionados deben ser concurrentes, solo así se podrá limitar el derecho a la libertad, solo ello justificaría el que el valor constitucional mencionado se vea afectado transitoriamente hasta que dure una investigación.

Si bien los elementos mencionados proporcionan rigidez y cierta objetividad para poder vencer el derecho a la libertad y hacer prevalecer la sanción penal ante la comisión de un hecho delictivo; pero, aún sobre dichos requisitos, existe un margen de discrecionalidad en el Juez, el mismo que debe ser regulado por estándares de criterios, o bajo el respecto de parámetros orientadores de pronunciamiento; ello vendría a ser el test de ponderación. 

En efecto, uno de los postulados de Robert Alexy en su obra “Teoría de la Argumentación Jurídica” es la ponderación que debe existir entre principios que entran en conflicto; para el caso de la prisión preventiva, se ven en conflicto: i) El derecho a la libertad y ii) El ius imperium (como derecho colectivo). Uno de los dos valores el Juzgador debe elegir, siendo que si bien para ello utiliza los requisitos mencionados en el NCPP, pero también resulta necesario el que el Órgano Jurisdiccional ponga a prueba en su argumentación la teoría de la ponderación mencionada.

A fin de aplicar la teoría de la ponderación, el Magistrado tendrá que efectuar el test de dicha institución, para ello analizará: i) La razonabilidad, ii) Idoneidad del medio o medida, iii) Necesidad, iv) Principio de proporcionalidad en sentido estricto.

El artículo tiene por objeto proponer el que el Magistrado no solo evidencie los requisitos de la prisión preventiva, sino que en el margen de discreción que la misma norma le permite, evalúe y condicione su argumentación bajo el test de ponderación proveniente de la teoría de la argumentación. Tal hecho no solo avalará un procedimiento garantista, sino que pondrá en real dimensión el conflicto de derechos sostenido en la prisión preventiva, la “libertad” versus ius imperium.

Actualmente existe muchas críticas sobre la utilización de las prisiones preventivas, si estas son desproporcionales o no; al respecto, tal como lo indican los impulsadores del neo constitucionalismo, la moral mantiene una ligazón indisoluble con el derecho, por ello mismo es que resulta necesario el que se constitucionalicen los pronunciamientos de los magistrados en los procesos penales.

Abogado de la UNFV. Especialista en " Interpretación de la Constitución" por la Universidad Castilla La Mancha - Toledo - España. Postulante a Master Universitario Oficial en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla La Mancha - Toledo - España. Doctorado en Derecho por la UNFV. Maestría en Derecho Constitucional por la UNFV. Catedrático de Derecho Constitucional en la UPLA. Encargado de los Procesos Constitucionales de la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud. Delegado por la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA con sede en Sao Paulo Brasil). Miembro de PRONELIS – Programa Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Legal – del Ministerio de Justicia (MINJUS). Ponente en temas de Derechos Fundamentales en diversos eventos académicos. Creador de diversos artículos jurídicos relacionados al Derecho Constitucional. 

 

 




Jueves 16 de Noviembre de 2017

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