La legalidad de la Sentencia a Fujimori.

En julio del 2009 la Sala Penal Especial de Lima sentenció al ex presidente Alberto Fujimori Fujimori a veinticinco años de pena privativa de libertad, fijando además cantidades monetarias como indemnizaciones y pagos compensatorios.

La Sentencia que diera el Tribunal peruano estaba limitada y regida por el fallo que girara la Corte chilena (07 de junio del 2007), la cual concede la extradición del ex presidente consignando cinco causas por las cuales se le debe procesar: el delito de peculado, los delitos de falsedades materiales e ideológicas en su dictación, colusión desleal, los delitos de corrupción activa de funcionarios, y homicidios calificados. Dentro de este último delito se encuentra el objeto de nuestro estudio (la judicatura chilena había fusionado el caso de homicidio calificado junto al de lesiones graves y secuestro), ya que en el caso de “Barrios Altos y la Cantuta” se constituía el tipo penal de Homicidio Calificado.

En la prolija sentencia se evaluó la creación del Destacamento Especial de Inteligencia Colina, el cual se consolidó en agosto de 1991, y pasó por dos actos evolutivos: La formación del “Grupo de Análisis”, y la reunión del Alto Mando del Ejército. Ambos actos fueron confirmados por todos los testigos, acusados y demás declarantes; un documento que permite comprobar quienes lo integraron es el memorándum del Presidente de la República de ese entonces dirigido hacia el Ministro de Defensa, bajo el asunto: “Recompensa al personal de la Fuerza Armada”, dicho conjunto utilizaba ambientes del ejército para sus reuniones, se encontraba bajo coordinación de Salazar Monroe (Jefe del SIN), y tenía como uno de sus máximos exponentes al Capitán Martín Rivas, quien participó de la elaboración del TOI (Texto Original Inicial) y el TOF (Texto Original Final), manuales con los cuales se inicia y culmina la función de dicho grupo, en los cuales se hace un estudio de la lucha interna y se dan salidas viables a la misma. Con respecto a la reunión de los Altos mandos del Ejército, es en esta oportunidad donde se exponen los manuales (TOI y TOF) a cargo del entonces Capitán Martín Rivas, encontrándose probado que una copia de los manuales fue a manos del Presidente de la República, quien aprobó dicha investigación y ordeno su cumplimiento a todas las esferas de seguridad estatal por medio del agente Vladimiro Montesinos.

Culminada la labor de “Grupo de Análisis”, se comienza a concretizar lo signado en los manuales, especialmente lo referido a las operaciones contrasubversivas (clandestinas o abiertas) convenientes para el caso, para ello se abastecen del “Plan Cipango” (estudio de inteligencia antiterrorista por Regiones). Entonces, es de ver que la injerencia institucional era significativa con respecto a la creación del “Destacamento de aniquilamiento”, ya que aparte de lo descrito, mediante oficios derivaron y designaron a los integrantes del referido grupo; de igual forma, es de acotar que las misiones básicas del destacamento eran la realización de ejecuciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, para ello se tenía asignada una instalación militar a fin de realizar su entrenamiento (playa La Tiza), el cual era un inmueble de uso exclusivo de Oficiales del Ejército. Así también, es de tener en cuenta, que a fin de estimular y dar a conocer el respaldo que había por parte de las máximas autoridades al grupo de aniquilamiento, el General EP Hermoza Ríos, les invitó a una reunión y se pronunció felicitando la labor que realizaba el Destacamento (existe una grabación magnetofónica del mismo); de igual forma se ha demostrado que se condecoró con “cintillos de pacificación nacional” a los agentes Sosa Savedra y Carbajal García (22.07.94), como también se dio diversas felicitaciones por parte del Presidente de la República; pero lo más alarmante, es que cuando fueron descubiertos los asesinatos de Barrios Altos y la Cantuta, se dieron leyes especiales a fin de que los implicados sean procesados por la Judicatura Militar, a fin de manipular los procesos, como también se publicaron normas para lograr la amnistía de los integrantes del Destacamento.

El “Grupo Colina” llevó a cabo once acciones, asesinando a cuando menos 49 personas, los delitos cometidos por el Destacamento fueron de conocimiento público, y la actitud del condenado fue defender a los responsables, minimizar, ocultar, distorsionar los hechos; es decir, no es creíble la versión de que él no tenía conocimiento y que su estrategia velaba por el respeto a los DDHH; su actitud es la de quien avala las acciones llevadas a cabo, en tanto eran parte de una estrategia; en otras palabras, no es que Fujimori haya ordenado matar a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, es que esos asesinatos se dieron en el marco de una estrategia aprobada, avalada, defendida por éste.

Es necesario el tomar en cuenta que en algunos procesos, como el presente, hay insuficiencia de prueba directa, y por ende es necesario el abordar cuidadosamente la prueba indirecta o los indicios, ello resulta no solo procesalmente admisible, sino adecuado en los procesos en los cuales los documentos que servirían de prueba directa son eliminados o desvirtuados.

En dicho fallo quedo corroborado que elencausado Fujimori con su entorno, utilizaron los servicios secretos (de inteligencia) del Estado, sus órganos o unidades, para preparar los hechos criminales, habiendo la subordinación jerárquica de su estructuras, el secreto y la clandestinidad de sus agentes y acciones.

Las estrategias generales, y las órdenes de ejecución fueron dispuestas o transmitidas por el acusado y retransmitidas por los demás estamentos del aparato de poder organizado de muy diversas formas, plenamente compatibles con los esquemas informales o para formales que caracterizan a los códigos de comunicación y manuales de actuación propios del sistema de inteligencia.

Son impertinentes las objeciones que se hacen a la sentencia con respecto a que ha sido un juicio político, que no hay tipicidad normativa que contemple tal condena, y que tampoco hay indicios suficientes para sentenciar al señor Fujimori; en el fallo se reflejan indicios suficientes que garantizan la sanción que se impone, como también la Teoría de la Autoría Mediata se encuentra tipificada en nuestra legislación, y esta se cumple con los hechos.

Dicho fallo es un precedente jurisprudencial que deberá ser aplicado a otros casos como los delitos por narcotráfico, los cometidos por funcionarios públicos, altos mandos del ejército entre otros. El caso “Barrios Altos y La Cantuta”, advierten que hay justicia equitativa y los futuros dictadores pensarán dos veces antes de cometer crímenes de lesa humanidad.

Especialista en "Aplicación e Interpretación de la Constitución" por la Universidad Castilla La Mancha - Toledo - España. Postulante a Master Universitario Oficial en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla La Mancha - Toledo - España. Doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Catedrático de Derecho Constitucional en la “Universidad Peruana de Los Andes” (UPLA). Encargado de los Procesos Constitucionales de la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud. Delegado por la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA con sede en Sao Paulo Brasil). Miembro de PRONELIS – Programa Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Legal – del Ministerio de Justicia (MINJUS). Ponente en temas de Derechos Fundamentales en diversos eventos académicos. Creador de diversos artículos jurídicos relacionados al Derecho Constitucional. 

 




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