Legislador de Comisión Lava Jato y ex procuradora anticorrupción coinciden en que acción del MP fue tardía debido a que las empresas habrían ocultado las pruebas.
El integrante de la Comisión Lava Jato, Víctor Andrés García Belaunde, y la ex procuradora anticorrupción Yeni Vilcatoma indicaron a EXPRESO que aunque era necesaria la acción del Ministerio Público (MP) de allanar 42 inmuebles del denominado ‘club de constructoras’ –que concertaron para quedarse con licitaciones públicas por medio de pagos de coimas–, esta se dio a “destiempo”.
A esta conclusión llegaron los dos destacados parlamentarios quienes resaltaron que esta acción debió darse “hace por lo menos un año” cuando se denunciaba la existencia de empresas que trabajaron en nuestro país entre 2011 y 2014 y que habrían pagado coimas a funcionarios, entre ellos los del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para hacerse de obras públicas.
Como se sabe, el MP informó de la existencia de este club de 30 empresas y sus representantes, investigados por los delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y de organización criminal. Destacan entre ellas las constructoras Graña y Montero, ICCGSA, OAS, Andrade y Gutierrez, Obrainsa, Grupo Plaza, Málaga Hermanos, Constructora San Martín, entre otras.
También se supo que se detuvieron a seis personas, entre ellas Carlos García Alcázar, un exasesor del MTC que entre 2011 y 2014 habría sido el operador del club para el otorgamiento de la buena pro “a favor de una empresa previamente acordada”. A cambio de ello recibía “una prestación del orden del 2.9 %” de los montos acordados.
Esta información la obtuvo el MP tras la declaración de un exfuncionario de Odebrecht, acogido a la colaboración eficaz, que resultó clave para que con autorización de la jueza del Sistema Nacional Anticorrupción, María de los Ángeles Álvarez, y el fiscal Marcial Páucar Chappa, allanaran 42 viviendas de los representantes de 13 empresas implicadas.
A DESTIEMPO
“Esta era una acción del MP muy necesaria pero se han demorado demasiado. Nosotros veníamos pidiendo esto a la Fiscalía desde hace casi un año porque estas constructoras han tenido tiempo suficiente para ocultar información. Claro, hay algunas pruebas que no se pueden ocultar, pero hay otras que sí”, indicó García Belaunde.
El legislador manifestó que esta lentitud que tuvo la Fiscalía para allanar los inmuebles responde a que existen intereses económicos y políticos muy fuertes. “Yo creo que han querido dormir a los fiscales y jueces para seguir haciendo de las suyas. Porque, insisto, en un año se pueden fabricar muchas pruebas y se pueden ocultar muchas otras”, estimó.
García Belaunde explicó que ese club era sobre todo un cártel, una banda de criminales que asaltaron el Estado bajo estructuras aparentemente legales. “Se repartían las obras. Esta para ti y esta otra para mí, de acuerdo al volumen y a la cercanía de las constructoras al gobierno, funcionario o ministro de turno”, dijo.
“Es decir, cuando hay repartición y adjudicación directa o de acuerdo a sus propios criterios, ellos también se ponían de acuerdo para subir los precios y sobredimensionar las obras y nadie decía nada, nadie reclamaba. Era como un grupo de médicos que innecesariamente hace cesáreas a las mujeres y nadie se queja porque todos hacen lo mismo”, sostuvo.
De igual manera refirió que era evidente que para hacer toda esta coordinación entre empresas tuvo que existir una estructura bien armada con participación de profesionales y estudios de abogados. “Eso es clarísimo. Este cártel incluía a las propias compañías y a los servicios que estas pedían, a sus proveedores, asesores y a sus consultores, abogados y tributaristas, y eso hay que investigar”, finalizó.
SE UNE A CRÍTICAS
“Algunos han cuestionado que la Fiscalía se haya demorado mucho para tomar una medida así. Yo me uno a esas críticas. Lamentablemente, pese a que esa información era conocida hace mucho tiempo y en algunos casos han pasado años, definitivamente esta demora disminuye el nivel del éxito que podría tener una acción de investigación”, comentó Yeni Vilcatoma al respecto.
La legisladora resaltó que el tiempo que puede pasar sirve para que las personas involucradas en actos ilícitos se pongan de acuerdo o desaparezcan pruebas. “Esto resulta muy preocupante, sobre todo la impunidad con la que vinieron actuando todos estos años no hace más que perjudicar al Estado peruano”, dijo.
“Si se confirma a través de esta investigación que no solamente estamos bajo las manos de Odebrecht y otras empresas brasileñas, sino que las empresas peruanas han concertado y se han venido beneficiando de manera ilegal y corrupta, pagando coimas por las obras, es muy grave”, añadió.
Para Vilcatoma esto demuestra que la corrupción está generalizada y que no han sido solamente empresas brasileñas sino nacionales las actoras de este latrocinio.
“¿Cómo tenemos que llamar a este grupo criminal?: un cártel que ha venido a delinquir, que ha cometido actos de corrupción y obviamente ha tenido que crear brazos legales para poder operar en el tiempo con impunidad”, afirmó.
Dicho de otra forma, este club de constructoras viene acompañado por un brazo legal que no solo está integrado por abogados, árbitros o notarios sino también por jueces y fiscales que dejaron de investigar.
“Me refiero a esos magistrados que han resuelto en contra de una investigación o que en sus funciones hayan dilatado procesos que no dieron lugar a sentencias o las archivaron”, subrayó.
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
No obstante, la exprocuradora reconoció que si se dio esta intervención a los 42 inmuebles del citado club, es porque el fiscal ya tiene elementos de convicción graves y fundados que le han permitido pedir ciertas medidas limitativas de derechos ante el juez.
“Se ha puesto a la luz que un funcionario desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encargaba de hacer que estas empresas de manera concertada ganen cada una de las licitaciones siempre beneficiándose en un grupo cerrado”, concluyó.
ERICK SÁNCHEZ NORIEGA
(Fuente www.expreso.com.pe)