Punto de Encuentro

Futuro de Alberto Fujimori en manos del PJ

En un plazo máximo de 15 días se sabrá si el expresidente volverá a juicio

El Colegiado B de la Sala Penal Nacional dejó ayer al voto si aplica o no la gracia presidencial otorgada al expresidente Alberto Fujimori en el caso Pativilca, en el que se le acusa de autoría mediata y homicidio calificado por el asesinato de seis personas. Con esto, los jueces tienen 15 días para emitir su pronunciamiento final.

Durante la audiencia, la mayor discusión estuvo centrada en si se cumplió el tiempo establecido para que el derecho de gracia otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski sea aplicable a este caso.

DISCUSIÓN LEGAL

De acuerdo al artículo 118 de la Constitución, el mandatario puede “ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”.

Para la abogada de los familiares de las víctimas, Gloria Cano, así como para el fiscal a cargo del caso, Luis Landa, esto no habría ocurrido, ya que dicho tiempo se debe contar desde que el Poder Judicial chileno admitió el pedido de ampliación de extradición de Fujimori, lo que ocurrió recién el 22 de febrero de 2017. Es decir, aún no habrían pasado los 24 meses que, según la ley, se requiere para la aplicación de la gracia.

“En materia penal ese plazo comienza cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito”, indicó Landa.

Para el fiscal, en el caso del exmandatario no podría siquiera haberse dado este primer acto en su contra como probable responsable de ciertos delitos, ya que no fue sino hasta el 5 de julio de 2017 que la Corte Suprema de Chile otorgó al Perú la ampliación de la extradición.

Por su parte, Miguel Pérez Arroyo, abogado del expresidente, indicó que el plazo sí se cumplió y con demasía, ya que éste se debe contar desde que se abre la instrucción o cuando la fiscalía formula los cargos; por lo que se tendrían que considerar dos fechas: el 15 de julio de 2012 o el 15 de noviembre de 2011.

“Si contabilizamos a secas el plazo, a la fecha son 64 meses desde junio de 2012. Si descontamos el tiempo que se fue el expediente a Chile para su aprobación por la Corte Suprema chilena, en términos de extradición, sería 46 meses”, indicó Pérez Arroyo.

El abogado también precisó que aún si se contabiliza el plazo de la instrucción a partir de julio de 2017, a los 10 meses que transcurrieron hasta el día de hoy habría que agregarle el tiempo en el que Fujimori pasó como investigado e instruido, que contabilizarían 18 meses más, lo que da un total de 28 meses, con lo que se cumple el plazo establecido por ley.

Con esta posición coincidió el procurador público César Romero, quien señaló que la resolución suprema que otorga el indulto a Alberto Fujimori tomó en cuenta el plazo establecido en la Constitución.

“La posición del Ministerio de Justicia en esta resolución ha sido que ha superado más de los 60 meses y ese primer punto [es lo] que ha determinado ese derecho de gracia”, indicó.

RESPETO A LAS VÍCTIMAS

La abogada Gloria Cano aseguró que el Estado peruano debe cumplir con sus obligaciones internacionales referidas al derecho de justicia de las víctimas y que otorgar  la gracia presidencial a Fujimori está impidiendo las mismas.

“El Ejecutivo le ha dado una especie de amnistía disfrazada en un derecho de gracia [a Fujimori], porque no hay razones humanitarias para entregarla, es darle impunidad a uno de los responsables de un grave crimen como es el homicidio de seis pobladores”, sostuvo.

Por esta razón, para Cano un derecho de gracia de esta naturaleza debe ser motiva ya que impide el derecho a las víctimas de conocer la verdad.

Pero, para Miguel Pérez, si bien el Estado tiene derecho de castigar cuando se lesionan bienes jurídicos, también lo tiene a perdonar cuando, por ejemplo, está en peligro la vida de una persona. “¿A qué estamos apuntando al someterlo a este proceso? A que el señor Fujimori muera en la cárcel porque tiene más de 80 años”, declaró.

Por ahora, ambas partes tendrán que esperar hasta 15 días a que dicho Colegiado tome una decisión.

La historia de una matanza

El sábado 29 de enero del año 1992 la calma de dos pequeñas comunidades (El Caraqueño y San José, en el distrito de Pativilca), se vio interrumpida cuando un destacamento del denominado Grupo Colina llegó al lugar para secuestrar a seis campesinos del lugar.

La razón de la incursión fue por un soplo que recibió -semanas antes- dicho grupo sobre supuestas actividades terroristas en la zona. Así, cuando Martín Rivas (quien lideraba la operación) y sus acompañantes llegaron a estos poblados ya contaban con una lista de nombres dada por un delator. Por eso solo tuvieron que ir casa por casa a buscarlos.

Los seis campesinos que el Grupo Colina secuestró, torturó y asesinó extrajudicialmente aquel sábado fueron Felando Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), César Rodríguez Esquivel (29), Toribio Ortiz Aponte (25), Jhon Calderón Ríos (18) y Ernesto Árias Velásquez (17).

Por muchos años sus familiares no supieron qué ocurrió con ellos, es más, mantenían la idea de que el ataque había provenido de Sendero Luminoso. Sería recién en  2006 que exmiembros de este grupo paramilitar reconocieron la autoría directa de dichos homicidios e indicaron que los mismos no se cometían sin la aprobación de sus superiores.

Por esta razón, la fiscalía incluyó en su acusación al expresidente Alberto Fujimori, al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y al ex jefe de las FF.AA. Nicolás Hermoza Ríos, entre otros. Para Fujimori el fiscal pidió una pena de 25 años por los delitos de autoría mediata y homicidio calificado.

Pero, para la defensa del exmandatario existe una inaplicación en este caso puesto que Fujimori ya fue condenado a 25 años por los casos de Barrios Altos y La Cancuta, y en el año 2006 -cuando cambia la ley de absorción por acumulación- era imposible sumar penas.

PROTEGIDOS

Esta semana, el exmilitar Hércules Gómez, quien integró el grupo Colina y abandonó la prisión tras cumplir 15 años de cárcel, aseguró a un programa de la televisión local que Fujimori conocía todas las operaciones encubiertas que hacía ese grupo militar encubierto. “Nosotros nos sentíamos seguros de lo que estábamos haciendo, tranquilos, bajo una línea de comando, que empieza con el presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Dentro de una política de combate al terrorismo, nos sentíamos seguros porque el Gobierno nos protegía”, manifestó.

(Fuente www.expreso.com.pe)