Punto de Encuentro

Polonia trata de blindar la verdad histórica del Holocausto

Su ley sobre los campos de exterminio nazis en su territorio entraña riesgos

Quién afirme que existieron los «campos de concentración polacos» durante el Holocausto incurre en un delito en Polonia que está penado con hasta tres años de cárcel. Ninguna advertencia de dentro y fuera de sus fronteras ha impedido que Polonia aprobara la controvertida ley sobre el Holocausto que establece esta pena. Desde hace muchas décadas, las autoridades polacas de muy diverso signo y la propia sociedad civil protestan airadamente siempre que alguien, véase el presidente norteamericano Barack Obama en 2012, habla de «campos de concentración polacos» o «campos de exterminio polacos».

Ha sucedido con frecuencia. Y las protestas tienen toda la razón. Es una monstruosidad histórica. Porque los campos estaban en Polonia pero no eran polacos. Definirlos como tales implica una imputación a Polonia que es falsa, injusta y gravemente injuriosa. Los campos de concentración y exterminio habidos en los territorios polacos de antes y después de la Segunda Guerra Mundial eran campos nazis alemanes, concebidos, construidos, organizados, gestionados y dirigidos exclusivamente por las tropas de ocupación de la Alemania nazi y sus colaboradores. Pero la controversia sobre la ley no surge de que ese hecho incuestionable sea puesto en duda. Sino del temor a que la ley que limite la libertad para recordar otras facetas como la colaboración de polacos en el exterminio de los judíos de Europa central y oriental.

Polonia fue la principal víctima de la vesania criminal nazi, pero en los casi seis años de ocupación hubo por supuesto casos de colaboración de la población civil con el ocupante nazi alemán. Especialmente en la persecución de judíos alimentada por un antisemitismo extendido por Centroeuropa. Como por Europa occidental. La colaboración con el nazismo en Polonia fue mínima si se compara con la habida en Francia, Bélgica u Holanda. Siendo la brutalidad de la ocupación alemana infinitamente mayor en Polonia que en los países europeos occidentales.

La ley dice que será perseguido «todo el que atribuya al Estado o a la nación polaca alguna responsabilidad en los crímenes del Tercer Reich alemán», y permite una discrecionalidad peligrosa que va más allá de la mentira de los «campos polacos». Israel ha protestado con tanta vehemencia contra esa ley que ha desencadenado una crisis diplomática. También sufren las relaciones con Washington, el gran aliado estratégico de Varsovia, aun por encima de la UE. Polonia vuelve así al centro de críticas internacionales. Lo está a veces por el mero hecho de tener un gobierno conservador, ideológicamente lejano a los consensos socialdemócratas el núcleo de UE. Pero ahora el malestar afecta también a quienes en EE.UU., Europa e Israel ven con simpatía a un gobierno polaco derechista que se resiste al seguidismo de la política culturalmente izquierdizante que domina en la UE.

Combatir la mentira por ley lleva directamente al infierno. Porque utilizar la ley para imponer hechos históricos genera más problemas de los que soluciona. También Israel, ahora iracunda con Polonia, tiene leyes que persiguen penalmente cuestionar el genocidio y los crímenes contra judíos. Pero ahí también hay zonas grises y agujeros negros. Como los crímenes contra judíos cometidos por judíos colaboracionistas de los nazis. La primera piedra en ese empedrado maldito está en las leyes contra el negacionismo surgidas de las órdenes de las fuerzas aliadas de ocupación en Alemania y Austria tras 1945. Negar el Holocausto se consideró delito porque se entendía como intento de rehabilitación y reactivación (Wiederbetätigung) del nazismo. A partir de ahí, el negacionismo está prohibido en muchos países pese a quienes creen que este tipo de leyes hacen menos bien que mal. Al abusarse de ellas para recortar libertades de expresión, opinión e investigación.

Caso extremo, insólito en Europa es la nueva Ley de Memoria Histórica que presentó el PSOE en el Congreso y que pretende imponer con draconianas penas de cárcel e inhabilitación una determinada visión de la historia de España en el siglo XX. Esa ley no parte de la defensa de una verdad histórica como la ley polaca, sino de la voluntad de reprimir toda verdad histórica que no convenga a la versión frentepopulista de república, guerra civil y franquismo. Blindar la verdad con leyes como en Polonia es peligroso. Aún lo es más blindar la mentira como quieren hacer en España.

(Fuente www.abc.es)