Punto de Encuentro

Izquierdistas justifican contratación de terroristas en el aparato del Estado

Marisa Glave respalda a Foronda y afirma que en el Perú hubo “un conflicto armado interno”. También crece el escándalo sobre guía del Lugar de la Memoria.

La contratación de Nancy Madrid como trabajadora de confianza del Congreso pese a tener en su haber una sentencia por terrorismo, ha permitido que los grupos de izquierda se quiten la careta. Así, el parlamentario del Frente Amplio, Hernando Cevallos, justificó que estos sentenciados ingresen en la administración pública.

Cevallos defendió a su compañera de bancada, María Foronda, quien ha sido denunciada públicamente por la contratación de Madrid para su despacho, y aseguró que esto no vulnera la ley.

“No existe un impedimento para que los exterroristas trabajen en el Estado”, dijo tras señalar que quienes han cumplido ya su sentencia por este delito, sí deben tener el derecho a trabajar en el sector público pero en determinados puestos.

Esto no obstante que a la emerretista Nancy Madrid Bonilla, que “gerenciaba” las criminales “cárceles del pueblo”, al caer, en abril de 1992, durmiendo junto a su pareja Peter Cárdenas Schulte, se le halló un arsenal de armas y alrededor de 250 mil dólares.

Cuando se le consultó si estaría de acuerdo con que Osmán Morote sea contratado para el sector público, el legislador manifestó su posición favorable a que algunos terroristas accedan al aparato estatal.

“Eso he señalado, que tiene que haber áreas donde no podrían, por ejemplo, Seguridad del Estado, el Ministerio del Interior, el Congreso en determinados sectores. Pero, si una persona [sentenciada por terrorismo] cumple labores de limpieza o mantenimiento, ¿tampoco puede trabajar?”, preguntó.

El legislador olvida que Osmán Morote Barrionuevo, sindicado como el número 2 de la cúpula de Sendero Luminoso, organizó la matanza de Lucanamarca (Ayacucho), con 69 comuneros muertos, incluidos once mujeres y 18 niños, aparte de estar incriminado en el asesinato de 117 campesinos en Soras y el famoso caso Tarata (Lima).

“REINSERCIÓN”

Aún así, Cevallos insistió en que si esos sentenciados quieren laborar en el Estado, solo pueden hacerlo en algunas áreas “donde estaremos seguros que no va a hacer daño”, enfatizó.

Por otra parte, el congresista reafirmó su postura de que quienes cumplieron su condena por terrorismo trabajen en sectores públicos, debido a que tienen el derecho de reinsertarse en la sociedad.

“Acá existen normas, y la norma significa que una persona que ha cometido un ilícito debe ser condenada y tiene que cumplir una condena. Cumplida la condena, se le restituyen sus derechos”, señaló.

El legislador aseguró que la contratación de Madrid en el despacho de María Elena Foronda no representa un delito ni una falta a la ley, ya que no existen impedimentos para que estas personas puedan ser contratadas en algún cargo público.

“Creo que el Estado, en todo caso, tiene que tomar las medidas precautorias en relación con esto, y dictaminar las leyes respectivas, pero no se le puede negar a una persona –que ha cumplido sus años de condena– a que trabaje”, afirmó.

¿ERROR POLÍTICO?

Postura similar tuvo la congresista Marisa Glave, quien indicó que María Foronda cometió un error político al hacer esta contratación, sin embargo, afirmó que existe una intención del fujimorismo por manipular esta situación.

“Le he dicho a la congresista Foronda de que ha cometido un error político, en el sentido de que en este momento aún no hemos avanzado hacia un proceso en el que el daño que vivimos haya sido resuelto. Que no juegue el fujimorismo a pretender hacer invisible nuestra voz, desde el discurso de que somos terroristas”, increpó.

Glave también fue consultada sobre si Nuevo Perú –su agrupación política– tendría la misma visión que tiene el Frente Amplio, su matriz original liderada por el legislador Marco Arana, respecto al terrorismo.

La parlamentaria indicó que dentro del plan programático que compartieron ambas bancadas se utilizó el informe de la Comisión de la Verdad, en la que se demuestra que hubo un “conflicto armado interno” en el Perú.

“Hubo un proceso de elección, y si revisan la plataforma programática pública, nosotros recogemos las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad, la cual señala que el principal perpetrador de crímenes que terminaron en la muerte de casi 70 mil peruanos y peruanas, que murieron en el conflicto armado interno, fue Sendero Luminoso”, argumentó Glave, intentando de esta forma zanjar un vínculo con el Frente Amplio.

Marco Arana dijo por su parte que su bancada está asumiendo el costo político de la contratación de una sentenciada por terrorismo en el despacho de la congresista María Elena Foronda.

Pero indicó que esta situación es aprovechada por algunas bancadas para tratar de impedir la labor fiscalizadora del Frente Amplio.

GUARDAN SILENCIO

Respecto al video en donde se ve a una guía del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión (LUM) del Ministerio de Cultura pronunciándose, entre otras cosas, a favor del indulto para Abimael Guzmán, EXPRESO se comunicó ayer con la asistente del Museo, Carla Di Franco, para solicitarle una entrevista con el señor Mauricio Zavaleta Siri, director interino de dicha entidad, pero fue inútil. Cursamos un correo electrónico y tampoco recibimos respuesta hasta el cierre de esta edición.

BECERRIL Y MIGUEL TORRES

La otra cara de la medalla

Por otro lado, el congresista fujimorista Héctor Becerril también se pronunció sobre la contratación de una terrorista en el Congreso y detalló que está evaluando la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra María Foronda, debido a que la contratación de una ex emerretista podría relacionarse con el delito de apología al terrorismo.

“He estado analizando con mis asesores, que aparte de los 120 días que se le tiene que dar a Foronda sí o sí, creo que ameritaría una acusación constitucional, habría que encuadrarlo en apología al terrorismo por haber contratado a esta persona”, reveló.

Sobre las declaraciones de Wilbert Rozas brindadas a EXPRESO, en el que asegura que en el Perú existió terrorismo de Estado, Becerril aseguró que esto demuestra que el Frente Amplio tiene una agenda pro terrorista.

“Eso es lo que dicen todos los que comulgan con el terrorismo, son los que han venido al Congreso a hacer apología y apoyar a los terroristas. Ese es el problema del Frente Amplio y del Nuevo Perú”, acotó.

El parlamentario Miguel Torres (FP) fue consultado por la eventualidad de acusar constitucionalmente a Foronda y señaló que es una posibilidad que tendrá que analizarse, sin embargo, evitó asegurar si esto ha sido acordado en la bancada naranja.

“Es una alternativa, no la voy a descartar, sobre todo porque podría haber una infracción constitucional. En todo caso, sería la subcomisión la que deberá hacer la evaluación. No hemos tomado una decisión de bancada al respecto, es un tema que tendríamos que tomarlo en bloque”, enfatizó.

5,500 SOLES

La sanmarquina Gabriela Eguren Scheelje, la guía que hacía apología del terrorismo en el llamado “Lugar de la Memoria”, cobraba 5,500 soles mensuales, producto del concurso N°495-2017-MC para un “Especialista en estrategias artísticas y pedagógicas”.

La mano de Del Solar

Quien contrató a la guía permisiva con el terrorismo, Gabriela Eguren Scheelje, fue el exministro de Cultura, Salvador Del Solar, en un concurso al parecer hecho a su medida, según fuentes confiables.

(Fuente www.expreso.com.pe)