Punto de Encuentro

Aparecen los nombres en documento oficial

“Soy consciente de que me he metido con un grupo muy poderoso”, dice juez Cerapio Roque y recibe homenaje espontáneo.

Un documento oficial informa que son ocho los magistrados y abogados ligados a la Corte Superior del Callao cuyos teléfonos han sido interceptados, y cuya divulgación ha puesto en evidencia el colapso del sistema de justicia peruano.

Si a los magistrados sumamos otros funcionarios y servidores públicos, más los particulares, son un total de 22 implicados, según un ayuda memoria que hizo llegar al Congreso la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada del Callao, que despacha la fiscal Rocío Sánchez Saavedra.

Encabeza la lista del entorno administrativo del defenestrado presidente de la citada corte, Walter Benigno Ríos Montalvo, su asesor Gianfranco Martin Paredes Sánchez y John Robert Misha Mansilla, su chofer.

Los abogados interceptados de esta red son Gastón Molina Huamán (a) “Molina/Bigotón”, exmagistrado del Poder Judicial; Víctor Maximiliano León Montenegro (a) “Kiri” y el exmagistrado José Luis Castillo Alva (a) “Pepe Lucho”.

Entre los particulares destaca el empresario Mario Mendoza Díaz y la figura más descollante –como se sabe– es el defenestrado presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César José Hinostroza Pachari (a) “César”.

Estos son los implicados de los que ha dado cuenta Rocío Sánchez en un documento resumen que hizo llegar al despacho de la congresista independiente Yeni Vilcatoma, quien también se ha abocado a la investigación del sonado caso.

En el escrito la magistrada informa cómo es que una investigación inicial –sobre narcotráfico, extorsión y sicariato de la presunta mafia “Las Castañuelas de Richi Port” –, dio las pistas de la red de tráfico de influencias y corrupción de “Los Cuellos Blancos del Puerto” en los organismos de justicia del primer puerto.

La Fiscalía pidió intervenir los teléfonos de los presuntos miembros del brazo legal de la citada banda criminal porque se sospechaba que pertenecerían a miembros del sistema judicial que vendrían dando información a la organización.

El viraje de la investigación, de la que dio cuenta EXPRESO en calidad de primicia, encaminó a Rocío Sánchez a abrir una nueva carpeta fiscal signada con el número 05-2018, del 15 de enero de este año, y ampliar las investigaciones e interceptaciones por un periodo de 60 días contra los presuntos delincuentes.

ES LEGAL

De otra parte, el juez Cerapio Roque Huamancóndor, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo de Asuntos de Corrupción y Crimen Organizado del Callao, informó que el paquete de interceptaciones telefónicas de los magistrados y su entorno ha estado apegado a derecho, no obstante que no conocía los nombres de los investigados.

En un comunicado en que deslinda su responsabilidad, el magistrado indicó que al solicitar la Fiscalía del Callao las autorizaciones sobre el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los números telefónicos a intervenir, lo hizo sin señalar nombres y apellidos sino “solo un nombre, sobrenombre o siglas”, señala el juez.

Tampoco la Fiscalía incluyó los cargos públicos que ejercían los interceptados por los equipos del complejo “Constelación” que maneja la Policía Antidrogas (Dirandro).

“Incluso la misma representante del Ministerio Público, en otro extremo de su requerimiento, peticionaba que las compañías de telefonía informen el nombre de los titulares de los números telefónicos comprometidos, extremo que este Despacho también estimó”, precisa.

Obviamente que este desconocimiento de la identidad de los números de varios investigados por parte de la Fiscalía es frágil para un sector de la comunidad jurídica, porque no es nada difícil dar con los nombres de los usuarios de celulares, sean privados o públicos, como también lo sabe la prensa de investigación.

Finalmente, Roque Huamancóndor afirma que los pedidos fiscales fueron resueltos respetando el ordenamiento constitucional y el Nuevo Código Procesal Penal, sin violar “las disposiciones del proceso por razón de función pública que contempla la Sección II del Libro V del Nuevo Código Procesal Penal”.

RECIBE APOYO

Es de anotar que dicho magistrado recibió ayer el respaldo y adhesión de los trabajadores de la Corte del Callao, según reportó RPP.

El juez agradeció el gesto y habló sobre los riesgos de su labor. “La justicia es un servicio que brindamos al ciudadano y debe ser correcto. (…) Yo soy consciente de que me he metido con un grupo muy poderoso”, reflexionó.

8 cuadernos

No eran cuatro sino ocho cuadernos o expedientes de magistrados y abogados del Callao sobre el levantamiento del secreto de las comunicaciones, signados con los números 2705-2017-21, 2903-2017-16, 2705-2017-3, 2903-2017-84, 318-2018-18, 1032-2018-62, 1032-2018-01 y 1032-2018-22.

Cuatro nuevos audios

En esta edición presentamos cuatro nuevos audios: 1º) El 6/2/2018 el “Jefe”, se supone Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, le plantea a “Fiorella” un cambio de personal. 2º) Hablan “Jhon” y “Walter” (28/2/2018). El primero sería John Robert Misha Mansilla, chofer de Walter Ríos, quien solicita solucionar un problema judicial de su primo a quien le habrían dado doce años (de cárcel). 3º) “César”, que al parecer es el supremo César Hinostroza, expresidente de la misma Corte, saluda a “Jefe/Walter” (Ríos) por su cumpleaños, el 13/2/2018. 4) El mismo día, se registra el saludo de “NN (M)” al mismo “Jefe/Walter” por su onomástico.

PLINIO ESQUINARILA

(Fuente www.expreso.com.pe)