Punto de Encuentro

Acusan a fiscal Hamilton Castro de encubrir a la exalcaldesa Susana Villarán

Investigación preliminar que, según Pablo Sánchez, debe durar 20 días, se prolongó siete meses.

Llueve sobre mojado para Hamilton Castro. A la decisión del nuevo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de dejarlo fuera del caso Lava Jato, se une ahora la denuncia de las exprocuradoras Yeni Vilcatoma y Katherine Ampuero, quienes lo acusan de haber encubierto a la exalcaldesa Susana Villarán, implicada en presuntos actos de corrupción.

La denuncia se fundamenta en el hecho de que Castro se habría excedido en todos los plazos razonables para llevar adelante la investigación preliminar contra Villarán.

La referida indagación se dispuso a finales de noviembre del año pasado, luego de que Jorge Barata y Valdemir Garreta, exfuncionarios de Odebrecht, informaran a los fiscales peruanos que la constructora brasileña aportó 3 millones de dólares  para la campaña contra la revocatoria de Villarán.

A ello se añadió el aporte de US$ 1 millón que entregó, para ese mismo fin, la empresa OAS. La contrapartida por esa “ayuda económica” habría sido la posterior concesión de importantes obras municipales en beneficio de ambas empresas.

El problema es que este tipo de indagación debería durar no más de 20 días, tal como lo establece el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez en un texto de su autoría  denominado “La investigación preliminar en el nuevo proceso penal”.

La realidad, sin embargo fue otra, porque esta etapa se extendió por más de siete meses. Recién el 20 de julio último el Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato formalizó la investigación preparatoria contra Villarán por los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.

¿Pero qué establece el Código Procesal Penal respecto a la investigación preparatoria? Que esta puede durar 120 días si se trata de un tema ordinario, plazo que podría ser ampliado por 60 días más.

De tratarse de un plazo complejo esta etapa de la investigación duraría ocho meses, pudiéndose ampliar por un periodo similar.

En este tema debe tenerse en cuenta que el 27 de noviembre del año pasado, el Poder Judicial dispuso el impedimento de salida del país para la exalcaldesa por ocho meses. La medida restrictiva estaría por fenecer.

LOS CUESTIONAMIENTOS

Por todo ello, la legisladora Yeni Vilcatoma acusó  a Hamilton Castro de haber protegido y encubierto durante todo este tiempo a Susana Villarán  ya que, según opinó, dilató las investigaciones.

“El fiscal Hamilton Castro ahora formaliza investigación preparatoria porque sabe que como se ha ido Pablo Sánchez, se van a encontrar todas las irregularidades que ha cometido”, dijo a EXPRESO.

La legisladora señaló que no le cabe la menor duda de que existió una acción encubridora por parte del fiscal Castro para con la exalcaldesa de Lima.

Por su parte, la exprocuradora Katherine Ampuero dijo a EXPRESO que la actuación del fiscal Hamilton Castro en la investigación seguida por corrupción en contra de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, fue “irregular”.

Opinó que en este tema el fiscal Castro mostró  poca diligencia y que su actuación  “abrió marcadas sospechas de posible encubrimiento y blindaje”.

“Es más. Esta información de que esta campaña por el ‘No’ recibió aportes de Odebrecht y OAS, el fiscal Hamilton Castro ya la tenía desde enero de 2017 cuando Jorge Barata se acogió a la colaboración eficaz y decidió dar su testimonio. Sin embargo, pese a tener esta data, ni siquiera abrió una investigación preliminar en ese momento”, dijo.

Ampuero refirió que recién cuando esta información se filtró en los medios a través del diario “El País”, a fines de 2017, y ante la fuerte presión mediática, es cuando el fiscal Castro abre por fin la investigación preliminar por los aportes de la campaña  en contra de revocatoria.

Añadió que siempre observó una inacción de parte del equipo que dirigía Hamilton Castro en el caso de Susana Villarán, lo que ha originado que muchos documentos importantes se pierdan en el camino.

“Al no haberse dispuesto a tiempo medidas urgentes que ameriten esta investigación, como por ejemplo los allanamientos e incautación, se propició que los documentos desaparezcan o se destruyan. O sea, se les dio tiempo a las personas investigadas a ponerse a buen recaudo y evitar los medios probatorios que iban a corroborar todo lo dicho por Jorge Barata”, afirmó.

Indicó que el tiempo que se demoró el fiscal en dilatar la investigación fue aprovechado por los investigados para poner todo su patrimonio a salvo y con eso evitar el futuro pago de la reparación civil a favor del Estado.

“Hay quienes simulan actos de disposición a derecho para vender su patrimonio o, en su defecto, lo traspasan con la clara intención de evadir el pago de la indemnización que corresponde por los delitos cometidos”, dijo.   

El cuento de la arena

El 22 de diciembre de 2011 fue la fecha del papelón que Susana Villarán nunca olvidará. Cinco mil metros cúbicos de arena que fueron colocados seis días antes en la orilla de la playa La Herradura, para anunciar con bombos y platillos la remodelación del lugar, fueron arrasados por el mar.

Así cuando la entonces alcaldesa se presentó en el acto público convocado para la presentación del proyecto, no tuvo más que reconocer su fracaso.

El problema es que la arena no fue un regalo de la empresa Odebrecht sin costo económico alguno para el país, tal como aseguró en su momento Villarán y todo su séquito de funcionarios municipales.

Hoy se sabe que eso les costó a todos los peruanos, porque fue un material adquirido inicialmente para los trabajos de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

En conclusión, el fallido proyecto de Villarán sí fue subvencionado con recursos del erario nacional. Es más, el semanario  ‘Hildebrandt en sus Trece’ mostró esta semana una boleta de la empresa que se encargó de trasladar la arena desde el consorcio del tren eléctrico a la referida playa.

LA ESTRATEGIA

El especialista en sistemas de gestión bajo normas, estándares internacionales y gestión del compliance (cumplimiento de normativas), Iván Martínez, dijo que es necesaria la voluntad real de los políticos y gobernantes para atacar la corrupción, mediante la asignación de los recursos necesarios.

En ese sentido consideró que se deben tomar iniciativas legislativas de corto plazo que impliquen exigir la certificación de planes de cumplimiento para participar en licitaciones públicas.

De acuerdo a ello propuso simplificar las estructuras de control, dotarlas de independencia y autonomía real. Al respecto opinó que debería exigirse la aplicación de planes de prevención en las grandes organizaciones que participan en los procesos de licitación pública.

Martínez es representante de World Compliance Association (WCA), entidad que organiza el II Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción que se desarrollará el 15 de agosto en Lima.

(Fuente www.expreso.com.pe)