Punto de Encuentro

Graña y Montero se ‘limpió’ con auditoría de parte

La firma Simpson Thacher & Bartlett LLP indicó que no estaba disponible una cantidad importante de documentos de constitución, contratos y demás documentos operativos,  que limitó la capacidad de analizar transacciones financieras.

Cuando la empresa Graña y Montero (GyM) informó que una auditoría que ellos mismos efectuaron arrojó que no existieron evidencias de actos de corrupción en seis proyectos en los cuales participaron consorciadas con Odebrecht, evitaron señalar que la firma contratada también indicó que no contó con una gran cantidad de documentos contractuales que debía analizar.

La investigación de la firma estadounidense escogida por G&M, que se inició en enero de 2017, se centró en seis proyectos de infraestructura en los que esta empresa peruana participó junto a la constructora brasileña en la última década.

Es así que se indagó lo referido a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana Sur (IIRSA Sur), Tramos 2 y 3; IIRSA Norte, los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Tren Eléctrico Lima, la fase 3 de Chavimochic y el Gasoducto Sur Peruano (GSP).

La firma de abogados Simpson Thacher & Bartlett LLP, encargada de la auditoría, envió, el 1 de noviembre de 2017, el resultado de su trabajo al Comité de Riesgos, Cumplimiento y Sostenibilidad de Graña y Montero S.A.A. en el que advertía de las limitaciones intrínsecas que tuvo la investigación.

Entre ellas detalló que “faltaba o no estaba disponible una cantidad importante de documentos de constitución, contratos y demás documentos operativos,  que limitó la capacidad de analizar completamente las transacciones financieras en cuestión durante la investigación”.

Asimismo, que su inspección no incluyó las entrevistas a los empleados de Odebrecht o de los consorcios, o una revisión de los documentos o la información financiera interna de Odebrecht o de los consorcios.

También aclararon que muchas de las declaraciones giraban en torno a conductas y eventos que sucedieron hace más de una década. “Si bien se  recopilaron y revisaron los documentos desde 2005 hasta la actualidad fue imposible reconstruir el registro documentario completo”.

Es más, especificaron que su investigación no se basó en declaraciones reportadas en los medios de comunicación incluyendo presuntas declaraciones de individuos relacionados con Odebrecht.

Como se recuerda, en febrero de 2017 se conoció que el ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, aseguró que las empresas Graña y Montero (GyM) y JJC Contratistas Generales, sí conocían el acuerdo para pagar millonarias coimas al expresidente Alejandro Toledo a fin de que el consorcio que esas compañías conformaron se adjudique los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.

“El pago ha sido hecho por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Lo que sí es cierto es que se distribuyó entre los consorciados, no recuerdo la fórmula exacta, esto lo verificaré”, dijo.

“Esto fue más o menos así, ellos sabían que habíamos pagado, y sabían que tenían que asumir lo que correspondería”, añadió Barata cuando el fiscal anticorrupción Hamilton Castro lo interrogó en el marco del proceso de colaboración eficaz.

Hechas las aclaraciones iniciales, el estudio de abogados concluyó que Graña y Montero tenía solo una intervención minoritaria en los proyectos, con una participación accionaria de entre el 10 % y el 33 %.

“La investigación no identificó evidencia como para establecer que el personal de la compañía participó a sabiendas en actos de corrupción en relación con cualquiera de los proyectos”, señala el documento.

Aun con estas limitantes, en las conclusiones finales la auditora de parte de GyM “limpió” a esta empresa de su participación en actos de corrupción en el caso Lava Jato.

Este fue el documento que usó la principal consorciada de Odebrecht  para contrarrestar las declaraciones de Jorge Barata y ser excluida, en los hechos, en las investigaciones en curso, así como liberados sus ejecutivos que estuvieron con detención preliminar ordenada el 4 de diciembre del año pasado. Nos referimos a José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña.

9 de enero de 2017

En esta fecha, el directorio de GyM, en forma conjunta con sus subsidiarias, autorizó una investigación relacionada con los negocios de la compañía Odebrecht en el Perú. En junio de 2017, el Comité de Riesgos, Cumplimiento y Sostenibilidad del directorio asumió la responsabilidad de dirigir la investigación.

Operación ‘blanqueo’

El objetivo principal de la indagación a cargo de una empresa de parte – Simpson Thacher & Bartlett LLP- era determinar si algún directivo, ejecutivo, o empleado o algún exdirectivo, exejecutivo  o exempleado de G&M tuvo conocimiento o participó a sabiendas en actos de corrupción relacionados con ciertos proyectos públicos en Perú con Odebrecht o sus subsidiarias. El resultado fue “limpiar” la imagen de la empresa.

INTEGRANTES DE COMISIÓN LAVA JATO:

Autoauditoría de Graña y Montero no es válida

Los integrantes de la Comisión Lava Jato, Mauricio Mulder (CPA) y Karina Beteta (FP) dijeron que el Ministerio Público debe pedir una auditoría de la empresa Graña y Montero ya que la efectuada por la compañía no es válida.

“Existen las auditorías de parte, pero como Graña y Montero está sujeta a la investigación fiscal, es obvio que el Ministerio Público tiene que ordenar una auditoría pericial independiente, con peritos inscritos en el registro especial de la Fiscalía y del Poder Judicial, y solamente esa pericia va a tener valor. Después podrán discutir entre peritos, pero las pericias de parte como la que hizo Graña y Montero tienen que ser contrastadas”, indicó Mulder.

Sostuvo que toda empresa tiene hechos irregulares aunque estos no tengan connotación penal, por lo que es impensable que GyM no haya tenido ninguna responsabilidad, habiendo sido socia de Odebrecht.

“La verdad, yo nunca he visto una auditoría empresarial en la que no encuentren algo. Hay temas administrativos, de toma de decisiones, hay algunos puntos del reglamento. Yo no podría decir si ellos adrede han hecho una auditoría para ocultar, pero la que vale es la auditoría que se hace por peritos ajenos a la empresa”, añadió.

Karina Beteta, por su parte, consideró que la Fiscalía ayudó a la empresa Graña y Montero a “limpiar” sus cajas y no transparentar sus balances contables, al no efectuar una incautación en la compañía y denunciarla de forma tardía en el caso Lava Jato.

“Es evidente que aquí la gran responsabilidad fue del Ministerio Público por no actuar oportunamente, ayudaron a esta empresa a que limpie todas sus cajas, en este caso, todos los balances contables. Posiblemente ya no existe ningún elemento que pueda permitir encontrar las irregularidades que haya cometido esta empresa”, sostuvo la parlamentaria fujimorista.

La congresista responsabilizó al fiscal Hamilton Castro, exencargado del equipo especial del caso Lava Jato, por no haber actuado a tiempo para evitar que la empresa consorciada venda su participación en el proyecto del Gasoducto Sur, así como deslizó la posibilidad de que se vuelva a presentar una acusación constitucional contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

“Obviamente, hay una responsabilidad directa del fiscal a cargo en ese momento [Hamilton Castro], también del exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien tenía la obligación de hacer el seguimiento de las actuaciones que podían hacer los fiscales a cargo, más aún, cuando estamos hablando de coimas que privaron a los peruanos de tener mejores oportunidades de vida”, afirmó.

MARÍA TERESA GARCÍA/JOSÉ CARMEN

(Fuente www.expreso.com.pe)