Las coordinaciones políticas entre integrantes de comisiones parlamentarias y otras personas han sido siempre un factor común en el funcionamiento ordinario de estos equipos de fiscalización del Congreso.
Varios meses atrás, el caso de la congresista Marisa Glave (Nuevo Perú), quien escribiera y consultara temas de gestión municipal a la ex alcaldesa Susana Villarán, mientras la Comisión de Transportes del Congreso discutía acerca de los contratos y ordenanzas realizados en las últimas gestiones metropolitanas, así lo demuestra.
Sin embargo, ¿es legítimo que los congresistas sostengan comunicación directa con implicados en investigaciones parlamentarias? La respuesta es no. Claramente, mantener un hilo conductor de información parcializada con la versión de un singular implicado en los casos que revisa el Congreso, quebraría la armonía de la labor encargada.
Existe un escenario aún peor: Que el particular que vea afectado sus interés a razón de las investigaciones y recomendaciones que pueda formular alguna comisión parlamentaria, ejerza superioridad política sobre uno o varios de los investigadores.
¿Puede haber sido éste el caso de Keiko Fujimori con respecto a las acciones desarrolladas desde la Comisión Lava Jato, presidida por la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra?
Los chats revelados de ´La Botica´ brindan un indicador de cuan sometida tenía la hija de Alberto Fujimori a su bancada. Esto es motivo de total suspicacia para algunos participantes de la Comisión Lava Jato, ante el hecho de que se decidiera no incluir a la ex congresista (2006 – 2011) Keiko Fujimori en ninguno de los once casos presentados ante el Pleno esta última semana.
Los fujimorista arguyen que su líder, hoy detenida en presión preventiva por presunto delito de lavado de activos, no tuvo manejo de gastos de Estado (el Congreso no tiene iniciativa de gasto público), ni responsabilidad gubernativa en ningún periodo.
Aun así, criterios encontrados resultaron suficientes para que los congresistas Yonhy Lescano (AP) y Rosa Bartra (FP) se enfrentaran en medio del debate de las conclusiones a las que ha arribado el informe en mayoría de la mentada comisión.
Más allá de la anécdota asamblearia generada por dimes y diretes de los congresistas Lescano y Bartra, su discusión densifica mucho más la preocupación por que actores políticos de la talla de Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán, Alan García, que guardan aún voluntades parlamentarias a través de sus partidos o aliados, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, entre otros, puedan encontrar la manera de desvirtuar debidos procedimientos fiscalizadores, en caso vean implicados desfavorablemente sus nombres en la redacción regular de los informes.
¿Es posible algún modo de control sobre este tipo de comunicaciones irregulares, sin violentar la privacidad de los congresistas?