Punto de Encuentro

CGTP: “Martín Vizcarra nos ha utilizado”

“Hemos apoyado la propuesta de reforma política con el referéndum, y por otro lado nos acuchilla por la espalda con el DS 235”, señala dirigente.

Al acostumbrado reclamo de derechos laborales de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), ahora se suma la exigencia de que se retomen obras paralizadas por la corrupción de Odebrecht, así como por la falta de ejecución de inversión en infraestructura del gobierno de Martín Vizcarra y las administraciones regionales.

“Hay 180,000 trabajadores de construcción civil que esperaban trabajar en esas obras, pero la corrupción y las limitaciones del Gobierno los han dejado esperando”, sostuvo Gerónimo López, secretario general del referido gremio.

Junto a Hamer Villena, secretario de Organización de la CGTP, mencionó que Odebrecht ha dejado pendientes trabajos en irrigaciones, carreteras y hospitales, y ya no se crean los puestos de trabajo que se esperaban hace unos años.

“Las alianzas público privadas lo único que han traído es más corrupción. Un claro ejemplo son los peajes, que han encarecido los servicios, mucho más que en cualquier ciudad del mundo. Mantener este régimen no es una garantía de desarrollo. Hay que buscar otra opción, y no limitarse a lo que dice la Confiep (Confederación de Instituciones Empresariales Privadas del Perú)”, agregó López.

Los sindicalistas y otros gremios laborales quieren que se modifique el Plan Nacional de Competitividad y Productividad que el gobierno de Vizcarra promulgó el 31 de diciembre, derogando el llamado “Objetivo prioritario 5”.

“En ese punto se señala crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno, pero se pretende reducir la sindicalización al mínimo, si no desaparecerla, y ya tenemos un problema con la eliminación del derecho a la negociación colectiva”, explicó.

Asimismo, criticaron la forma en que el Gobierno pretende aplicar objetivos educativos y de ciencia y tecnología, cuando la inversión que se hace en estos temas no va a mejorar las condiciones en que los profesionales y técnicos trabajan.

“Se habla de una supuesta reforma educativa, que es básicamente capacitar el capital humano para un mejor trabajo. Las palabras son muy bonitas, pero no asignan para la capacitación un recurso adicional del que ya existe. Igual es con el Objetivo 3, de Ciencia y Tecnología, cuando somos uno de los países que menos invierten. Decir eso es mentir a la población. Lamentablemente, eso no está siendo ventilado por muchos partidos políticos ni los intelectuales”, sostuvo López.

CIRCO POLÍTICO

Si bien el Consejo Nacional de Trabajo es el órgano donde se deben debatir, aprobar o rechazar las nuevas propuestas laborales, con participación de funcionarios, empresarios, trabajadores y representantes políticos, el decreto del Plan Nacional de Competitividad y Productividad fue emitido sin consultarlo con esta instancia.

“Vizcarra nos ha utilizado. Hemos apoyado su propuesta de reforma política con el referéndum, y por otro lado nos acuchilla por la espalda con este Decreto Supremo 235. Ahora se están aprovechando del circo político que han armado ante el aparente entrampamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, para utilizar al pueblo en una reforma política que no va a cambiar los problemas de fondo”, cuestionó el cegetepista.

¿Cómo empezó este desencuentro entre la CGTP y el Gobierno? Desde la campaña electoral del 2016, los sindicalistas apoyaron primero a Pedro Pablo Kuczynski, y luego a Martín Vizcarra, cuando este entró en medio del escándalo por el indulto a Alberto Fujimori y la revelación de vínculos del peruano-norteamericano con Odebrecht.

“Nos enteramos que Christian Sánchez, que era ministro de Trabajo, se negaba a firmar el acta para el decreto, y renunció. Por eso ponen a Sylvia Cáceres, que venía de Sunafil, y ella firma. Allí es que nos sorprenden”, manifiesta Hamer Villena.

Luego de diversas cartas al mismo presidente Vizcarra, este los recibió, y les prometió que se iba a enmendar el polémico punto 5, el cual –según la CGTP– eliminaría derechos laborales.

“Sacan la Resolución Ministerial 133-2019-PCM para decir que ya corrigen el problema, pero parece que creyeron que éramos tontos y no nos íbamos a dar cuenta de que usaban una norma inferior para aparentar un cambio, cuando una resolución no puede modificar un decreto”, añadieron.

La mencionada norma, promulgada el 30 de abril, refiere en su primer artículo “Declarar que corresponde al Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, la elaboración de una propuesta del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, relativa al Objetivo Prioritario No. 5”.

BOICOT EN CONGRESO

Otro de los reclamos laborales es que regrese el derecho a negociación colectiva, y no sea reducido a su mínima expresión. A pesar de que desde el 2015 el Tribunal Constitucional (TC) ordenó que se legisle en este tema, la mayoría del Congreso no lo hace, y se está allanando a las observaciones del Poder Ejecutivo.

Lo más notorio es cómo casi todos los integrantes de la Comisión de Trabajo terminan siendo útiles para esto fines, afirma. En el 2017 se aprobó la ley solicitada por el TC, y a pesar de que se tomaron en cuenta algunas sugerencias del Gobierno, se mantuvo su esencia.

Sin embargo, cada vez que el presidente del grupo de trabajo, Zacarías Lapa, pone en agenda el tema, no hay quórum.

El último martes, solo el de Frente Amplio e Indira Huilca asistieron, y no se pudo hacer nada.

Los “faltones” fueron Mauricio Mulder (Apra), Mercedes Aráoz y Moisés Guía (PpK), Mario Mantilla, Juan Carlos Del Águila, Carlos Domínguez, Milagros Salazar, Segundo Tapia, Carlos Ticlla, Gilmer Trujillo y Juan Yuyes (Fuerza Popular), junto a Armando Villanueva (Acción Popular) y el no agrupado Miguel Castro.

Justamente, Domínguez preside la Comisión de Descentralización, la cual tiene un predictamen sobre el referido tema laboral, aunque suene extraño. La diferencia es que allí se pretende poner a debate y eventual aprobación un proyecto del gobierno que reemplaza a la norma observada.

ABANCAY Y PIURA

Ante esta situación, no solo la CGTP ha convocado a un paro que se realizará el próximo jueves, sino también otros grupos que exigen al presidente Martín Vizcarra y a las principales autoridades no solo derechos laborales o reactivación de la economía, sino acción decidida contra las consecuencias de la corrupción.

De otra parte, la Universidad Nacional Micaela Bastidas (UNAMBA) de Abancay fue escenario de una masiva marcha de estudiantes, quienes piden –mediante paro departamental– la salida del rector Leonardo Adolfo Prado Cárdenas, así como de otras autoridades, implicadas en actos de corrupción en la construcción del programa de Ingeniería Informática y Sistemas.

Hubo bloqueo en la ruta Cusco – Lima, perjudicando a centenares de viajeros que quedaron varados, y cuatro alumnos que acataban la medida fueron detenidos.

“¡La Policía defiende al pueblo, no a los corruptos!, ¡Estamos en nuestro derecho!, ¡Déjenlos! ¡Eso es abuso de autoridad!”, exclamaron.

En Ayabaca, Piura, se movilizaron cientos de personas, dentro de un paro provincial en contra del proyecto minero Río Blanco. La medida de fuerza generó la paralización total de labores en los sectores transporte, comercio, salud y educación.

Según reclaman, en el 2007 votaron en consulta vecinal contra la empresa minera y solicitan se declaren intangibles los páramos andinos.

No a los peajes

Otra manifestación por el caso Lava Jato se dará también el 20 de junio. Tanto en Lima Norte como en Lima Sur miles de personas se preparan a protestar en la zona de los peajes de Rutas de Lima, concedidos a Odebrecht.

“Jueves 20 de junio, Lima norte se paraliza, exigiendo nulidad de los peajes. ¡Ahora o Nunca!”, anunció Isrrael Nomberto Ulffe, uno de los promotores de las marchas en el peaje Chillón.

Aprobaron ley para no embargar a Odebrecht

La posición del ex procurador anticorrupción Christian Salas es muy clara: las obras a cargo de Odebrecht debieron ser embargadas, y colocar en ellas a administradores judiciales, para que no se paralicen, en los casos que correspondía, y rematar las instalaciones que no servían para su fin original.

“¿Odebrecht tenía bienes que embargar, o eran insolventes? Tenían millones, bienes ilícitos, depósitos ilícitos en bancos, para incautar. La ley le permite al Estado designar administradores judiciales provisionales, porque esa figura se da cuando la empresa está manejada por delincuentes. Había soluciones legales antes de la Ley 30737”, expuso en el Congreso.

En ese sentido, dijo que los proyectos no hubieran tenido que paralizarse mientras los brasileños negocian con fiscales y procuradores del caso Lava Jato, sino que varios podían seguir con empresas administradoras, como se hace en casos parecidos, con los proyectos viables.

Agregó que esta norma, titulada “Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en caso de corrupción y delitos conexos”, en realidad favorece a los corruptos que sobornaban funcionarios, impidiendo que sus proyectos pendientes se retomen hasta que se refinancien.

Al acuerdo firmado por el fiscal Rafael Vela, el procurador Jorge Ramírez, y ejecutivos de Odebrecht, permite que esta empresa pague su reparación civil en 20 años, sobre la base del dinero que le pague el mismo Estado por sus contratos.

Egasa incumple laudo arbitral en Arequipa

La Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (Egasa) es una firma estatal que en el 2017 acordó con sus trabajadores, mediante laudo, un aumento de 100 soles como solución del pliego de reclamos del sindicato.

Pero resulta que “con artificios, los funcionarios –que vienen de los años 90– han impedido la aplicación del aumento dictado por un tribunal arbitral, incluso en medio de denuncias de corrupción”, denunció el abogado de los trabajadores, Guillermo Barrueta Gómez.

Los funcionarios y directores de Egasa, agregó el letrado, vienen incumpliendo los Convenios Colectivos 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Protocolo de San Salvador que es una norma vinculante al Protocolo Adicional a la Convención Americana  sobre Derechos Humanos, así como Cláusulas Laborales del TLC con la Unión Europea, tratados que son de obligatorio cumplimiento por estar ratificados por el Perú por la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución.

Estos incumplimientos, según se supo, han generado emplazamientos del Comité de Libertad Sindical de la OIT por la obvia desnaturalización del Laudo Arbitral aceptado por Egasa en 2017, así como por violentar otros derechos fundamentales de los trabajadores como el disminuido pago de la asignación familiar y otros.

“Las entidades internacionales han hecho conocer esos reclamos al Estado peruano por intermedio del ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, con fecha 16 de agosto de 2018, y del entonces ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Christian Sánchez Reyes, con fecha 23 de agosto de 2018”, recuerda Barrueta.

Este es el caso Nro. 3310 –agrega– que está en giro en la OIT, y por sus implicancias para con el Perú, ha motivado que el jefe de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales del citado ministerio, Jesús Baldeón Vásquez, por escrito invoque al presidente del Directorio de Egasa, Guillermo Shinno Huamaní, tratar con prioridad y en forma adecuada los reclamos de los trabajadores sindicalizados.

Esto, además, por el hecho de que el Perú asume la Presidencia del Consejo de Administración de la OIT, frente a lo que los funcionarios de Egasa, “por su posición obstinada contra las Normas Internacionales del Trabajo-NIT, desobedecen las invocaciones de la Autoridad de Trabajo, ahora bajo la conducción de la doctora Sylvia Cáceres Pizarro”, finaliza Barrueta.

(Fuente www.expreso.com.pe)