Punto de Encuentro

Se cae campaña contra opositores a pacto corrupto

Ante la crisis de confianza, analista Mirko Lauer propone “sacrificar a los fiscales” Rafael Vela y José Domingo Pérez para salvar acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña.

La llegada de nueva información sobre el caso Odebrecht procedente del Ecuador descuadra no solo a políticos y magistrados, sino que ante la constatación de que no hay mayor investigación en el Perú sino que lo sustantivo procede del exterior, como ya sucedió con Brasil y Suiza los analistas han empezado a tomar distancia de los fiscales más representativos del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez.

El paquete de información procedente del portal ‘La Posta’ del vecino país del norte y del periodista Andersson Boscán, con apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que se conoció en el Perú vía Convoca.pe el martes 25 de junio de 2019, ha trastocado todo el debate.

Tan es así que Mirko Lauer, el decano de los editorialistas de La República, ha dicho en su programa televisivo de internet que los fiscales “han preguntado aquello que Odebrecht ha querido que le pregunten (…).Cuán corresponsables son ellos, como Odebrecht, de que esta situación se debe producir, y si de pronto para salvar el acuerdo [de colaboración eficaz] habría que sacrificar a los fiscales”.

Estas fueron palabras ante el analista Fernando Rospigliosi, que no aguantó la risa, y Augusto Álvarez Ródrich, que puso cara de circunstancias y de sorpresa.

Otra observadora de fuste, Mariella Balbi, afirma que “los fiscales llevados a héroes por una prensa interesada han perdido total credibilidad. O [Jorge] Barata meció a los dos fiscales anticorrupción o actuó en complicidad con ellos, no hay más”, señala sobre la suerte del citado acuerdo.

Hay pues una crisis de confianza, pero ha arreciado la campaña de la prensa concentrada de presentar a quienes no son partidarios del acuerdo con Odebrecht, al extremo que los descalifica con el argumento de que se estos quieren traer abajo el acuerdo con tal de “defender a los corruptos”.

Sin embargo ninguno de los defensores mediáticos de la ‘colaboración eficaz’ de la constructora carioca destacó, al día siguiente de aquel 25 de junio en que llegan las noticias, menos aún en portadas, la información sobre presuntos nuevos sobornos en alrededor de 20  proyectos ejecutados por Odebrecht en el Perú, siendo lo más resaltante el del Gasoducto del Sur.

Junto a los ataques a la oposición se dio más importancia que a la lucha anticorrupción a otros temas, por ejemplos, la marcha del  orgullo gay, el caso Madre Mía o la propuesta fiscal de impedimento de salida del país del ex alcalde Luis Castañeda Lossio.

Y es que al parecer se habría producido una “revolución cultural” en el Perú. Resulta que el Gobierno, con el premier Salvador del Solar, y buena parte del Congreso, habrían descubierto la maravilla de ser homosexual en la ya famosa marcha que tuvo lugar el último 29 de junio.

De la noche a la mañana este tema y el de género se habían convertido en la preocupación central –por encima de los niños y mujeres de un Gobierno y de una Fiscalía que estaban mudos ante los despachos del periodista ecuatoriano Andersson Boscán desarrollados en el Perú por el portal Convoca.pe.

Asimismo, en los últimos días la concentración mediática se ocupa prioritariamente de noticias negativas de los fujimoristas en el Congreso, siendo los congresistas de izquierda los escuderos preferidos del Gobierno, dando la impresión de que la agenda nacional se  reduce a responsabilizar al Congreso de todo lo malo que pasa en el país.

Ante esta última ofensiva, el legislador Pedro Olaechea sostiene que el problema no está en el Congreso sino en la gestión pública. “Todos creen que hacemos obras”, y no es así. “Lo que debe saber la ciudadanía es que al Ejecutivo se le ha dado todas las herramientas para la gestión del país, y aun así vemos una baja ejecución presupuestal”, acotó.

MULDER Y ALTUVE

Mauricio Mulder (CPA) tiene otras explicaciones. En su momento los poderes fácticos, llámense el Ejército, la Iglesia, el empresariado y los medios de comunicación, jugaban algún papel para contrarrestar los desatinos del poder político, afirma, pero eso ya no existe en el Perú.

“Los dueños del Perú son los mismos, solo que ahora la oligarquía de siempre se concentra en El Comercio y en menor medida en sus socios, y el que está fuera de su esquema es para ellos el enemigo a destruir. Los otros poderes fácticos están fuera de juego, solo queda entonces un grupo mediático en la cúpula del poder, con su encuestadora como apoyo”, afirma el aprista.

Para reforzar su idea recuerda que hay un documental de Luis Inácio Lula da Silva en Netflix donde su reflexión final es lamentarse por no haber impulsado una ley de medios porque nueve empresas trazaron su destino, incluido la cárcel, en Brasil.

“En Brasil son nueve medios, en el Perú es uno solo, El Comercio, y en menor medida [Gustavo] Mohme”, dice el impulsor de una ley fallida de drástica restricción de publicidad estatal en los medios.

Lo que está pasando en el caso Lava Jato hay que ubicar en ese contexto, subraya. “Por eso la llamada ‘lucha anticorrupción’ lo utilizan solo contra sus enemigos políticos, pero para sus amigos de ninguna manera”.

“Por eso es que no le pasa nada al juez supremo César San Martín, implicado en el caso ‘Cuellos blancos’, o a Susana de la Puente, o en su momento a Susana Villarán”, asegura.

El jurista Fernán Altuve va más allá. Está de acuerdo en que el Gobierno se apoya solo en la concentración mediática y la encuestocracia como último bastión de los viejos poderes fácticos, pero sostiene que la prensa oficialista ya ha pasado hace rato del periodismo al activismo y ahora está en la fase del propagandista.

“Este curso continuará hasta que la realidad los derrote a partir de los balances de ingresos y egresos, más si ahora el decano de los diarios ha perdido el 80 % de su rentabilidad, por lo que algunos accionistas ya están solicitando la venta de la empresa”, afirma en relación con la disminución de utilidades de más de 100 millones anuales a 19 millones.

“El Estado puede ‘pichicatear’ con publicidad estatal, que en el fondo es subvención, pero todo se cae cuando se hace un periodismo que ha llegado a su fase propagandística en un mundo en que una buena página web puede resumir mejor las noticias que varias redacciones juntas, incluidas de televisión”, afirma.

De otra parte, si bien La República, socia de El Comercio, ha sido más racional en su manejo económico, sin embargo es sintomático que ahora “es el refugio de quienes trabajaron para la llamada dictadura fujimorista y curiosamente ellos son los más radicales, sobre todo si  uno los lee los domingos, combatiendo con eficacia al nuevo fujimorismo”.

“Aparte de Mirko Lauer, hombre de izquierda, los domingos tenemos a los colaboradores ideológicos eficaces del antifujimorismo:  ahí está Augusto Álvarez Rodrich –columna Indecopi naranja, Rosa María Palacios –columna Pandolfi PCM, Juan Carlos Tafur –columna Calmell del Solar, Claudia Cisneros columna Crousillat”, concluye Altuve con fina ironía.

Ley sobre medios en Brasil

La experiencia anticorrupción en el Brasil liderada por el entonces juez Sergio Moro no está alejada del Perú –aparte de los últimos descubrimientos sobre sus conversaciones con el fiscal del caso en su idea fuerza de desprestigiar al adversario –filtrando información a sus medios preferidos para que después sea más fácil juzgarlo y encarcelarlo.

Parafraseando a Lula sobre el papel de O Globo y Veja en su desgracia política, sobre los “orgasmos múltiples” que hubieran tenido esas publicaciones con su foto preso, según sus propias declaraciones, tal vez lo mismo se puede decir respecto del finado Alan García si hubieran logrado pasearlo enmarrocado rumbo a la cárcel en esta capital.

Ahora Da Silva presentará un proyecto de ley para cambiar en Brasil el sistema de los medios de comunicación para que “dejen de manipular gente” e intervenir en política y mentir.

El inconsciente traiciona a Alfredo Torres

“Como en el Perú los partidos políticos son extremadamente débiles, el poder se atribuye a sus líderes antes que a sus organizaciones, pero la verdad es que el espacio que deberían llenar los partidos en las pugnas por el poder es ocupado en el país por otras fuerzas, algunas destructivas, como el narcotráfico y la minería ilegal; y otras constructivas, como la empresa privada, la tecnocracia y la prensa”, escribe uno de los representantes del nuevo esquema de dominación, Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, la encuestadora preferida del gobierno de Martín Vizcarra y El Comercio.

Torres dice precisamente en dicho diario (“El poder de la prensa en el Perú”, 17/09/2014) que los periodistas anticorrupción están unidos en la defensa de la democracia, de la economía de mercado y de la misma lucha anticorrupción, área esta donde han hecho un aporte invalorable.

“La lucha de la prensa contra la corrupción no es fácil porque el crimen organizado también aspira a controlar los medios de comunicación”, señala el autor, sin darse cuenta de que el inconsciente lo traiciona.

RED CRIMINAL

Una lectura actual llega a la conclusión de que la principal organización criminal del siglo XXI en el Perú es la constructora brasileña Odebrecht y su principal consorciada nacional Graña y Montero, soporte económico de dicho complejo.

LLUVIA DE MILLONES

Odebrecht financiaba charlas, talleres, seminarios, conferencias y otras actividades de relaciones públicas a periodistas y no periodistas donde se movió mucho dinero. Una de ellas es el premio nacional de periodismo organizado por la ONG Ipys.

(Fuente www.expreso.com.pe)