Punto de Encuentro

Fiscales salvan a Odebrecht en caso Gasoducto

Brasileños ocultaron sobornos en el proyecto energético más sobrevalorado, pero  Fiscalía les extendió colaboración eficaz.

Un espectacular megaoperativo captó la atención de la opinión pública por la mañana: “Fiscalía allana casa de Nadine Heredia y 25 inmuebles más”. Se presentaba como otro avance en la lucha contra la corrupción, pero horas después se confirmó que en realidad era otra táctica de Odebrecht y sus exdirectivos corruptos para salvarse de ser acusados penalmente por los sobornos del Gasoducto del Sur Andino.

“Es parte del trabajo proactivo de la Fiscalía. Es también la activación del convenio de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht”, revelaba el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, ante las preguntas de periodistas peruanos que lo había acompañado a una diligencia en Curitiba, Brasil, a miles de kilómetros de distancia.

En Surco, Miraflores, San Isidro y San Borja se desplazaban más de cien policías de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), a otros inmuebles a nombre de Heredia Alarcón, su esposo el expresidente Ollanta Humala, colaboradores de su gobierno, del Partido Nacionalista y hasta estudios de abogados.

“Está colaborando activamente en el caso Gasoducto del Sur, eso determina asumir la culpabilidad en el (caso) y como tal se está realizando todos estos allanamientos, que son propios del avance y desarrollo de las investigaciones, de la colaboración eficaz de la empresa Odebrecht y también de otros aspirantes a colaboradores nacionales”, decía en simultáneo Vela, lo cual daba a entender quiénes eran los verdaderos beneficiados.

Es decir, a pesar de que la empresa más corrupta de la historia de Sudamérica solo aceptó haber sobornado funcionarios en cuatro proyectos de menor costo (Interoceánica Sur, Metro de Lima, Costa Verde del Callao y Vía de Evitamiento del Cusco), ahora gozaba de la permisividad de los fiscales a quienes había ocultado información.

LAMAS PUCCIO

Para el penalista Luis Lamas Puccio, el tema está muy claro: a Odebrecht se le estaba dando de nuevo la posibilidad de evadir sus responsabilidades penales y económicas, a cambio de recién admitir su culpa en un proceso que ya lleva 5 años de investigación oficial.

“Se está desnaturalizando la colaboración. La han convertido en una negociación, como si fuera un contrato. Los de Odebrecht negocian, van dosificando información, buscan adendas. Eso no es colaboración”, sostuvo.

“Eso pone en evidencia una actitud maliciosa de Odebrecht de soltar de a poquitos información. Eso anula el proceso de colaboración, que implica sometimiento absoluto a decir la verdad abierta”, añadió el abogado.

En ese sentido, explicó que un delincuente que ofrece confesar, y luego se descubre que ha ocultado información para lograr un provecho irregular –en este caso, evitar pagar una mayor reparación civil o ser objeto de embargo-, pierde todos los beneficios brindados, pero esto no se está aplicando a los brasileños.

Por ello, Lamas Puccio consideró que los allanamientos eran una respuesta a las críticas que Vela y José Domingo Pérez recibieron en las últimas semanas, cuando periodistas de Ecuador demostraron que Odebrecht había mentido sobre millonarias obras en Perú y otros países.

“Esa actitud de Odebrecht y sus consorciadas debió pasar por un sinceramiento desde el inicio, pero les dieron facilidades, y ahora estos allanamientos parecen psicosociales para tener entretenida a la opinión pública con escandaletes”.

“Van a encontrar algunas cosas, pero las mismas se pudieron conseguir con una investigación prolija, y no dependiendo de lo que quiera dar Odebrecht”, cuestionó.

Respecto a cómo afectaría la confesión de que hubo corrupción en un proyecto como el Gasoducto que tiene cláusula anticorrupción, ante un arbitraje de US$ 511 millones que afrontamos en tribunales internacionales, el penalista sostuvo que el Estado peruano debe tomar una actitud proactiva.

“No creo que el procurador [Jorge] Ramírez tenga la capacidad mínima para hacerlo, pero un representante del Estado tiene que informar de esto no solo al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), sino a la socia de Odebrecht, Enagás. Ya se confirmó que el proyecto se cayó por culpa de su socio, y no del Estado, para dar por terminado ese tema”, acotó.

Ante las declaraciones del fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, quien afirmó que Odebrecht “está colaborando activamente” en la investigación por el Caso Gasoducto del Sur, y que con ello estarían asumiendo su culpabilidad, parlamentarios de diversas bancadas cuestionaron lo dicho por el magistrado.

LAVA JATO

Para el acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde, el fiscal Vela Barba “está totalmente equivocado” porque esa no es una manera de colaborar en una investigación debido a que – según el legislador – se faltó a la verdad al no incluir, desde un inicio, el caso Gasoducto del Sur en el acuerdo de colaboración eficaz con la firma brasileña, sabiendo de ambas partes que habían sobornos en esta obra”.

Pero resulta que “en dicho acuerdo solo se ha considerado investigar sobornos en cuatro obras, en las que no figura el Gasoducto Sur”, recordó.

“Odebrecht ha engañado al Estado peruano y el señor Vela se ha dejado estafar. Que ahora haya cambiado de opinión es otra cosa. La colaboración es decir la verdad. La colaboración no es allanarse a la investigación. Este acuerdo está hecho a la medida de Odebrecht. Hoy más que nunca se sabe que esto ha sido un acuerdo hecho para Odebrecht, a pedido de ellos y sus exigencias”, señaló a EXPRESO.

Por su parte, Gilbert Violeta, exmiembro de la Comisión Lava Jato, afirmó que estas declaraciones de Vela Barba demuestran que Odebrecht se ha burlado de la justicia peruana al no dar la información real que tuvo desde un inicio.

“Odebrecht ya lo sabía y [los fiscales] lo han ocultado hasta que se reveló por otras fuentes. Si la empresa oculta información y falta la verdad, no está colaborando de manera debida como lo señala el acuerdo”, aseguró.

Mientras que Karina Beteta, legisladora de Fuerza Popular, aseveró que lamentablemente el tiempo le está dando la razón a los parlamentarios que cuestionaron el acuerdo de colaboración con Odebrecht y el trabajo del Equipo Especial Lava Jato.

“Pese a que el Ministerio Público tenía toda la información de las coimas del Gasoducto del Sur, de la Hidroeléctrica Chaglla, etc, solamente se han centrado en cuatro proyectos. Desconocemos cuales han sido las razones, pero considero que este acuerdo se ha hecho a la medida de Odebrecht. Es hora de que los fiscales den un paso al costado porque su ciclo ya terminó”, enfatizó.

Cláusula anticorrupción permite embargar bienes

Ante la confirmación de que Odebrecht sobornó funcionarios para ganar los 7,328 millones de dólares para el Gasoducto del Sur, el especialista en hidrocarburos, César Gutiérrez, señala que la cláusula anticorrupción del contrato no solo haría que Perú evite una multa de US$ 500 millones en un arbitraje internacional, sino que le permitiría apropiarse legalmente de los activos de la obra.

“El Estado debería aplicar la cláusula y comunicársela al CIADI. Con eso ya le ganamos el caso a Enagás y evitamos una pérdida millonaria en gastos y en una eventual pérdida de la misma demanda”, mencionó.

Incidió en que, cada año, el gobierno paga decenas de millones de dólares a una empresa para que administre las tuberías y demás infraestructura que Odebrecht dejó de trabajar en el 2017, cuando el caso Lava Jato dejó a la empresa sin financiamiento para la obra.

“Esto ya no sería necesario con la nueva información. Se puede retomar las propiedades y activos, y replantear un nuevo gasoducto sin corrupción”, manifestó Gutiérrez.

Según la congresista Yeni Vilcatoma, desde hace años corresponde a Proinversión aplicar la cláusula de marras, pero la negligente actitud del Ministerio Público ha permitido que Odebrecht reduzca al mínimo sus pérdidas, a costa del Estado peruano.

(Fuente www.expreso.com.pe)