El coronavirus ha alterado tanto el mundo que ya ni siquiera China se atreve a fijar su objetivo de crecimiento económico para este año. Por primera vez desde 1990, cuando se empezaron a publicar estas previsiones, el primer ministro, Li Keqiang, ha evitado dicho dato en la inauguración este viernes de la Asamblea Nacional Popular, el Parlamento orgánico del régimen.
En una reunión retrasada dos meses por la epidemia, y ante 3.000 diputados pertrechados con mascarillas, Li reconoció que China se veía obligada a cambiar sus planes de crecimiento para la economía. Su pronóstico, calculado en torno al 6 por ciento, debía ser revisado después de que el Producto Interior Bruto (PIB) haya caído un 6,8 por ciento en el primer trimestre por el estallido de la enfermedad COVID-19 en Wuhan en enero y la paralización total del país para evitar su propagación.
«Me gustaría destacar que no hemos fijado un objetivo específico de crecimiento económico este año. Esto se debe a que nuestro país se enfrentará a algunos factores que son difíciles de predecir en su desarrollo debido a la gran incertidumbre sobre la pandemia de COVID-19 y el ambiente financiero y comercial del mundo», leyó el «premier» en su discurso, acortado para la ocasión. En su opinión, «no marcar un objetivo de crecimiento nos permitirá concentrarnos en asegurar la estabilidad y seguridad» en frentes como como el empleo, el sector financiero, el comercio y la inversión exterior e interna, así como en áreas como la seguridad laboral, las necesidades básicas de vida, las operaciones de las entidades de mercado, la seguridad alimentaria y energética, la estabilidad de las cadenas de suministro e industriales y el normal funcionamiento del gobierno.
«Somos conscientes de las dificultades y problemas a los que nos enfrentamos. El "shock" de la pandemia de COVID-19 ha enviado al mundo a una severa recesión, alterado las cadenas de suministro y causado una contracción del comercio internacional y la inversión y la volatilidad de los mercados», alertó Li Keqiang. Para hacer frente a este impacto, anunció que el Gobierno «dará prioridad a estabilizar el empleo y asegurar los estándares de vida» con «medidas extraordinarias para tiempos inusuales».
Entre ellas destaca un aumento del déficit fiscal de un billón de yuanes (128.000 millones de euros), hasta alcanzar un 3,6 por ciento del PIB, por encima del 2,8 por ciento del año passado. Por primera vez desde la inyección de dinero público que hizo para hacer frente a la crisis de 2008, otro billón de yuanes será emitido en bonos especiales del Tesoro para luchar contra la epidemia, que serán destinados a los Gobiernos locales con la condición de que se «aprieten el cinturón». Además, las autoridades «rebajarán los impuestos y tasas, reducirán los intereses de los préstamos y fomentarán el consumo y la inversión» para dinamizar la economía. Con dicha rebaja, se espera reducir este año la carga fiscal de empresas y particulares en 2,5 billones de yuanes (321.000 millones de euros), según informa el periódico «South China Morning Post».
Con una tasa de paro prevista del 6 por ciento, medio punto por encima sobre el año pasado pero seguramente mucho mayor, el objetivo es crear nueve millones de empleos, frente a los once de 2019. Por su parte, la subida del índice de precios al consumo se fijó en un 3,5 por ciento, también medio punto más que el año pasado.
A pesar de las informaciones que apuntaban a un notable incremento de los gastos militares, su subida será del 6,6 por ciento, la menor en dos décadas y por debajo del 7,5 por ciento del año pasado. A tenor de las cifras oficiales, ascenderán a 1,27 billones de yuanes (163.000 millones de euros). Aunque Pekín asegura que es algo menos del 2 por ciento del PIB, los expertos militares sospechan que hay partidas ocultas que elevan su presupuesto militar.
Este año, la Asamblea Nacional también viene marcada por una moción instando a su Comité Permanente a promulgar una Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, que vive desde el año pasado sus protestas más graves desde su devolución a China en 1997. Aunque la antigua colonia británica tiene su propio Parlamento local para sacar adelante dicha ley, que ya fue rechazada con una manifestación de medio millón de personas en 2003, la agitación política que vive la ciudad ha hecho perder la paciencia a Pekín. Haciendo frente a las crecientes demandas de democracia, el autoritario régimen del Partido Comunista pretende imponer dicha ley en los anexos de la mini-Constitución de Hong Kong sin pasar por su Parlamento, lo que avivará la revuelta penando la subversión, el secesionismo y las actividades que amenacen la seguridad nacional. Debido a esta quiebra de los principios de «un país, dos sistemas» y «alto nivel de autonomía» vigentes en el antiguo enclave británico, la Bolsa de Hong Kong ha caído este viernes más de un 3,5 por ciento y la oposición ha llamado a nuevas movilizaciones.