Caso Lava Jato: El dilema de la impunidad

Caso Lava Jato: El dilema de la impunidad

Todos los procesos de los ex candidatos presidenciales se pueden caer, mientras la constructora brasileña  está desesperada por salvar sus activos.

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso podría impugnar en breve la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, quien resolvió seguir considerando a Jorge Barata como investigado en el caso Odebrecht, motivo por el cual interpondrá medidas ante el mismo despacho de este último magistrado o ante la Sala Penal Nacional.

“El fiscal Hamilton Castro no se encuentra en Lima, pero va a tomar algún tipo de medidas ante la decisión del juez. No está de acuerdo, porque la Fiscalía había cumplido con notificar al juez del archivamiento dictado por su despacho (del proceso penal) en contra de Barata”, indicó una fuente de la Fiscalía.

La decisión de Concepción Carhuancho de anular la participación de Barata se da a pocos días de las declaraciones de Marcelo Odebrecht (9 de noviembre) sobre posibles aportes a varios ex candidatos presidenciales e, incluso, de una supuesta contratación del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski como presunto asesor o “estructurador financiero” de la cuestionada constructora brasileña en el gasoducto del sur peruano.

De acuerdo a Marcelo Odebrecht, quien tendría la información de pagos, fechas y montos exactos sobre los presuntos aportes de la constructora carioca a candidatos presidenciales en anteriores elecciones es Jorge Henrique Simoes Barata, quien desde junio de este año suspendió su colaboración eficaz luego de que su defensa argumentara que sus declaraciones estaban siendo utilizadas por la fiscalía peruana para sustentar acusaciones en su contra.

Como es público, sin embargo el 24 de octubre último el fiscal Hamilton Castro decidió archivar la investigación penal en contra de Barata tras considerarlo como colaborador eficaz.

Notificado el juez Concepción Carhuancho del pronunciamiento del representante del Ministerio Público que le otorgaba a Jorge Barata el estatuto de colaborador eficaz, a cambio de sus declaraciones delatorias, mediante resolución Nº 44 del expediente 16-2017 anuló esa decisión del citado fiscal Hamilton Castro bajo la argumentación de que una vez instaurada una investigación preparatoria en contra de un imputado, este no podrá ser excluido sin una previa intervención judicial (o sea por su despacho).

CONTROL DEL JUEZ

En tanto, el Poder Judicial informó que el juez Concepción Carhuancho ha conceptuado que si bien el fiscal es el titular de la acción penal, “una vez que [este] instaura una investigación preparatoria en contra de un determinado imputado, no podrá excluirlo [como tal] sin previa intervención judicial”.

Concepción Carhuancho precisó que si bien el fiscal consideró que Barata hubiera sido incluido de manera indebida -en base a sus propias declaraciones como colaborador eficaz, bajo el entendido de que estas no pueden ser usadas en su contra-, debió solicitar ante su juzgado la exclusión del mismo para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciarse y emitir la decisión correspondiente.

HABLA CONCEPCIÓN

Para completar la faena  el juez Concepción negó ayer que su despacho haya quitado la condición de aspirante a colaborador eficaz a Jorge Barata. “Es inexacto que le haya quitado la colaboración eficaz”, refirió dicho magistrado en diálogo con un medio local.

Puntualizó a renglón seguido que su resolución jurisdiccional precisa que la Fiscalía no puede excluir a un investigado “de manera unilateral” y que esta decisión requiere de una autorización judicial.

Remarcó que si el fiscal lo hubiese incluido de manera indebida como investigado utilizando sus propias declaraciones, eso debió pedírselo a un juez previamente y se convocaba a una audiencia.

“De requerirlo, la audiencia se convoca de inmediato. Se cita a todas las partes y se puede resolver el mismo día”, aseguró la autoridad judicial.

TIRA Y JALE

En todo este proceso de negociaciones entre la autoridad fiscal y los ex funcionarios de Odebrecht, sea Barata o el mismo Marcelo Odebrecht y sus abogados, el  interés de estos últimos es parar los embargos u otras medidas que agraven la situación cada vez más insostenible de la constructora brasileña, desesperada en recobrar su patrimonio e irse del país, si fuera el caso.

Como la colaboración eficaz de Barata está en suspenso, este no querrá dar ningún tipo de declaraciones a la Fiscalía de Lavado de Activos mientras no logre tener el referido estatus de colaborador.

Y, obviamente, ha puesto como condición el levantamiento de las restricciones a sus fondos mutuos por alrededor de 13 millones de dólares, entre otras afectaciones patrimoniales que las observa desde su país, Brasil, de donde no puede ser extraditado.

Condiciones de similar factura fueron puestas por Marcelo Odebrecht en la audiencia del 9 de noviembre. Es más, para que sus declaraciones tengan validez legal se deberá cumplir los acuerdos suscritos por la Fiscalía con sus homólogos del vecino país de no investigarlos en sede nacional o peruana.

Es decir, impunidad a cambio de decir la verdad de los corruptos locales. Con el agregado que los fiscales peruanos deberán ponerse de acuerdo en un paquete completo de pedidos del empresario reo y solo así sus declaraciones llegarán al Perú. Solo si él y sus abogados lo aceptan.

En este tira y jale está el dilema de la impunidad en el caso Lava Jato en el Perú. Si no hay colaboración eficaz, los casos de Alejandro Toledo, de los Humala- Heredia, de Keiko Fujimori y Alan García, y del mismo Pedro Pablo Kuczynski, se caerían.

La otra salida es que una investigación completa e integral bajo la figura del crimen organizado o “crimen en banda”  (y no solo la figura de la corrupción de funcionarios)  hubiera dado otros resultados. Y no estar solo esperanzados de lo que venga del exterior, como lo sugiere la congresista Yeni Vilcatoma.

Primero la ley: Amoretti y Lamas Puccio

Para el penalista Mario Amoretti, la decisión del juez Concepción Carhuancho es la correcta, ya que, de acuerdo a la ley procesal penal, está dentro de sus funciones el aprobar o desaprobar un acuerdo entre un fiscal y un colaborador eficaz.

“Para que alguien se acoja a la colaboración eficaz debe corroborar con documentos, pruebas o indicios razonables que lo que está declarando es cierto. Por eso, si el fiscal pide que se le exonere de la responsabilidad penal, es el juez quien tomará la decisión, de acuerdo a su criterio, si éste debe seguir siendo investigado o no”, sostuvo.

Una opinión similar tuvo el abogado Luis Lamas Puccio, quien explicó que, según el nuevo ordenamiento penal, es el juez de control el que va a tomar las decisiones sobre la legitimidad de cualquiera de las decisiones que toman las partes en el proceso (y el fiscal es una de ellas).

Lamas Puccio sostuvo que si la fiscalía no está de acuerdo con la decisión del juez tendrá que interponer una apelación para que sea una sala superior la que resuelva. “Un colaborador eficaz no puede presionar a un juez respecto a su responsabilidad dentro de un proceso, quien realmente toma las decisiones es el juez, no el colaborador. Ahí hay una tergiversación de las prerrogativas que le asiste a un colaborador eficaz”, precisó.

Designan nueva procuradora

El Ministerio de Justicia designó a la abogada Nory Marilyn Vega Caro procuradora especial adjunta para ejercer la defensa del Estado en las investigaciones relacionadas con los presuntos actos de corrupción de la empresa Odebrecht y otras.

REDACCIÓN: EDUARDO SALAS/ VICTORIA MANRIQUE

(Fuente www.expreso.com.pe)