Disponen cautelar audios de Madre Mía por compra de testigos

Disponen cautelar audios de Madre Mía por compra de testigos

 

El titular de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial de Terrorismo y Derechos Humanos, Luis Enrique Valdivia Calderón, dispuso el martes último el aseguramiento de los discos duros que contienen las grabaciones que demostrarían que el entorno del ex presidente Ollanta Humala habría comprado testigos en el Caso Madre Mía, entre otras acciones.

Fuentes de la fiscalía informaron a El Comercio que, tras un informe elevado el 28 de abril a la coordinadora de las fiscalías antiterrorismo y derechos humanos, Luz Ibáñez, ella dispuso que el caso sea revisado de oficio, se lleven a cabo las diligencias pertinentes y el fiscal tome una decisión.

Una de las primeras medidas de Valdivia fue solicitar al coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Ernesto Vela, que ponga a buen recaudo los mencionados audios.

También pidió al Poder Judicial remitir información sobre el proceso a Ollanta Humala por las ejecuciones en la base contrasubversiva Madre Mía (San Martín) en 1992 y por la compra de testigos del mismo caso. En este último, fueron procesados Amílcar Gómez, Rubén Gómez y Jorge Ávila.

Ibáñez también envió un oficio al fiscal Vela a fin de coordinar acciones que cautelen la seguridad de los testigos del caso, que han reconocido que recibieron dinero para retractarse de las acusaciones contra Humala.

Las mismas fuentes indicaron que la decisión de reabrir los procesos de compra de testigos y el de las ejecuciones en Madre Mía se tomará después de concluir con el análisis de los audios y documentos.

—Control Interno—
Por otro lado, el Ministerio Público informó que la Oficina de Control Interno (OCI) abrió una investigación preliminar al fiscal provincial titular Marco Guzmán Baca, que solicitó autorización judicial para interceptaciones telefónicas por el caso del terrorista Florindo Eleuterio Flores Hala, ‘Artemio’, y no dio cuenta de otros actos ilícitos que se registraron en las escuchas, que fueron registradas en el 2011.

El fiscal Marco Guzmán Baca será llamado a dar sus descargos.

—Asociación ilícita—
En opinión del abogado Carlos Caro, es más probable que pueda reabrirse el caso de la compra de los testigos que el de las ejecuciones.

Recordó que el ex presidente nunca fue procesado por la compra de testigos y estimó que a raíz de los recientes audios difundidos “sí podría comprendérsele”.

“Para iniciar la investigación se podría abrir [el expediente] por el delito de asociación ilícita, que tiene una pena de 15 años y no ha prescrito”, dijo.

Finalmente, Caro apuntó que si bien las tres personas absueltas por el soborno (cohecho activo) ya no pueden ser procesadas por ese mismo delito, sí podrían ser incluidas en el de asociación ilícita.

(Fuente El Comerciio)