El Estado Islámico está aquí

Más de uno de nosotros ha exclamado “bien hecho” cuando nos enteramos de que una junta vecinal, una ronda campesina o simplemente un grupo de ciudadanos enardecidos se enfrentaron a una pandilla y la ahuyentaron o que lincharon a un conocido delincuente de la zona que, de haber sido capturado por la PNP, habría sido liberado poco después para indignación de todos; en suma, percibimos como positiva la labor de la ciudadanía en el combate a la delincuencia en la mayor parte de las veces.

Sin embargo, ¿Qué sucede cuando estas organizaciones empiezan a reprimir hechos o conductas que no constituyen delitos? La inmensa mayoría de los peruanos podemos apoyar y justificar hechos de violencia en los que la población ajusticia popularmente a delincuentes comunes, pero, ¿Qué ocurre cuando ya no se trata de pandilleros o violadores? ¿Qué hay cuando se trata de meretrices o peor aun de adúlteros y adúlteras? ¿Tiene derecho un grupo de ciudadanos medianamente organizados en pleno siglo XXI en el seno de un Estado Democrático de derecho y laico a ajusticiar a quien ellos consideran “una bruja” que “ha hechizado” a una persona de bien?

Pienso que la población tiene absoluto derecho a la legítima defensa, lo que veo con horror es que dicha “atribución” se extienda al punto de intervenir en la vida privada de las personas con conceptos religiosos dignos de Torquemada y que se arrogue el derecho de administrar justicia sobre hechos que en realidad no constituyen delito en ningún Estado civilizado.

¿Vamos a esperar a que empiecen a quemar homosexuales y gente de otras religiones en la hoguera?