Saltar al contenido
Columna

La realidad detrás de la cooperación y las diferencias

A propósito del 55.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre el Perú y China

Por Chengzun Pan

La mañana del 2 de noviembre, por invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, asistí a la ceremonia conmemorativa por el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y China, realizada en la sede institucional de la Cancillería. Entre los asistentes encontré varios rostros conocidos: funcionarios del Gobierno peruano, embajadores en funciones y exembajadores, académicos, representantes de empresas chinas y miembros de la comunidad china residente en el país.

El viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, Eric Anderson, y el embajador de China en el Perú, Song Yang, pronunciaron discursos durante la ceremonia. Los presidentes Xi Jinping y Keiko Fujimori intercambiaron mensajes de felicitación, al igual que los cancilleres Wang Yi y Carlos Espá, lo que puso de manifiesto la importancia que ambos países conceden a este aniversario.

La ceremonia incluyó también un encuentro académico. El embajador Marco Balarezo, director general de Asia y Oceanía de la Cancillería peruana, presentó una ponencia que fue comentada por Cynthia Sanborn, académica de la Universidad del Pacífico; el contralmirante en retiro Carlos de Izcue Arnillas; y Carlos Aquino Rodríguez, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los participantes aportaron perspectivas vinculadas a las relaciones internacionales, la estrategia militar y los estudios económicos sobre Asia. Hoy resulta evidente que las relaciones entre el Perú y China han dejado de ser un asunto exclusivamente diplomático o comercial.

Durante su intervención, el embajador Song Yang señaló que el intercambio comercial bilateral pasó de 6.400 millones de dólares en 2009 a 50.400 millones de dólares en 2025. China es actualmente el principal socio comercial del Perú y uno de los destinos más importantes de sus exportaciones mineras. La cooperación bilateral se ha extendido del comercio de bienes a sectores como la minería, la energía, la infraestructura de transporte y la logística portuaria.

Estas cifras muestran la importancia que China ha adquirido para el desarrollo económico peruano. Si el Perú decidiera unilateralmente interrumpir su cooperación con China, las consecuencias podrían ser considerables. El vacío económico que dejaría una decisión de esa naturaleza difícilmente podría ser cubierto por Estados Unidos.

Es innegable que Estados Unidos posee una enorme fortaleza económica, tecnología avanzada y un poderoso sistema financiero. Sin embargo, su estructura productiva es distinta de la china. China no solo es un comprador fundamental de los minerales peruanos, sino también un importante proveedor de maquinaria, vehículos, productos electrónicos, insumos industriales y bienes de consumo cotidiano. Estados Unidos podría sustituir a China en determinados sectores, pero difícilmente podría hacerlo de manera integral, en un plazo corto y bajo condiciones similares de escala y costos.

Además, las relaciones comerciales no pueden modificarse simplemente mediante una decisión gubernamental. Las empresas mineras necesitan mercados, los importadores requieren proveedores y los consumidores buscan productos a precios accesibles. Estos vínculos económicos, que involucran a numerosas empresas y puestos de trabajo, no pueden reorganizarse fácilmente como consecuencia de un cambio de orientación diplomática.

El 1 de noviembre entró en vigor el Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China, lo que demuestra que profundizar la cooperación económica y comercial con China sigue respondiendo a los intereses concretos del Perú. Sin embargo, la importancia de esta relación no significa que todas las instituciones del Estado peruano deban adoptar la misma posición frente a las inversiones chinas. La Cancillería aborda la relación con China desde la perspectiva de la política exterior, mientras que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se concentra en el crecimiento comercial, la apertura de mercados y la facilitación de inversiones. Es natural que ambas instituciones busquen preservar la estabilidad de las relaciones bilaterales, atraer nuevas inversiones y promover un mayor aprovechamiento del puerto de Chancay.

No obstante, que la Cancillería considere al puerto de Chancay un importante resultado de la cooperación bilateral no significa que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) o el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) deban otorgarle un trato privilegiado. Un ejemplo es la controversia sobre las facultades de supervisión de OSITRAN respecto del puerto de Chancay, en la que existen diferencias jurídicas sobre la regulación de un terminal portuario de titularidad privada y uso público. En julio de este año, la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la sentencia de primera instancia que había limitado las facultades de supervisión de OSITRAN, al considerar que, aunque el puerto fue construido mediante inversión privada, su condición de infraestructura de uso público lo somete al régimen de supervisión correspondiente.

Esto demuestra que la importancia diplomática y económica de un proyecto no lo exime de cumplir con los mecanismos de supervisión establecidos por la legislación peruana. Por supuesto, que un tribunal reconozca las competencias legales de un organismo regulador no significa que todas sus decisiones sean necesariamente correctas. La razonabilidad de las medidas, la igualdad de trato y el respeto a los límites de sus atribuciones pueden ser cuestionados por las vías legales correspondientes.

Por ello, no sería correcto interpretar todos los problemas que enfrenta el puerto de Chancay como una manifestación de oposición del Gobierno peruano hacia China, ni atribuir automáticamente cada controversia regulatoria a presiones estadounidenses. La administración pública peruana ya presenta, desde hace mucho tiempo, diferencias de competencias entre instituciones, interpretaciones jurídicas divergentes y problemas de eficiencia administrativa. Estas dificultades no surgieron con la llegada de las inversiones chinas.

Sin embargo, tampoco podemos ignorar la influencia de Estados Unidos. Washington mantiene desde hace décadas una presencia importante en los ámbitos político, diplomático, de seguridad y financiero del Perú. A medida que la competencia entre China y Estados Unidos se extiende del comercio hacia la tecnología, la infraestructura y los recursos estratégicos, Washington presta cada vez mayor atención a las inversiones y a la creciente presencia china en América Latina. En ese contexto, el puerto de Chancay se ha convertido naturalmente en un proyecto de especial sensibilidad estratégica.

Recientemente, el embajador estadounidense en el Perú expresó públicamente su oposición a los Institutos Confucio, lo que refleja que la competencia entre ambas potencias también alcanza los ámbitos educativo y social del país. Determinar si Estados Unidos ha intervenido directamente en algún procedimiento administrativo, regulatorio o judicial relacionado con Chancay requiere pruebas concretas; no basta con deducirlo del contexto geopolítico. Pero tampoco sería realista pensar que la competencia entre las grandes potencias se limita a los discursos diplomáticos y no influye en el entorno de las inversiones ni en las decisiones políticas. Para China, una mayor presencia económica no implica necesariamente una reducción de los riesgos políticos.

Desde la perspectiva peruana, una dependencia excesiva de China también entraña riesgos. Las variaciones de la demanda china, las fluctuaciones de los precios internacionales de los minerales y los cambios en las cadenas de suministro pueden afectar a la economía nacional. El Perú necesita a China, pero también necesita a Estados Unidos, Europa y otros mercados. Diversificar sus socios comerciales, desarrollar su propia industria y aumentar el valor agregado de sus exportaciones son condiciones fundamentales para proteger sus intereses nacionales a largo plazo.

Durante estos 55 años, las relaciones entre el Perú y China han experimentado un desarrollo considerable. Sin embargo, una mayor integración económica no significa que las diferencias políticas desaparezcan automáticamente, ni que los proyectos de cooperación puedan mantenerse al margen de la legislación nacional y de las tensiones internacionales.

Estados Unidos difícilmente puede reemplazar el papel que China desempeña en la economía peruana, del mismo modo que China tampoco puede sustituir por completo la influencia estadounidense en los ámbitos político, de seguridad y financiero del Perú. Esta es una realidad que el país debe afrontar. La cuestión es si el Perú será capaz de construir una política exterior que responda a sus propios intereses dentro de este escenario, en lugar de verse obligado a elegir entre una u otra potencia.

Una ceremonia conmemorativa demuestra la importancia que el Perú y China conceden a sus relaciones bilaterales, pero no significa que las empresas chinas vayan a recibir un trato especial. Más importante que recordar los logros alcanzados durante los últimos 55 años es preguntarse cómo podrán ambos países seguir encontrando espacios de cooperación en un entorno internacional cada vez más complejo, marcado por diferencias entre sus sistemas políticos y sus intereses nacionales. La capacidad de gestionar adecuadamente la cooperación y las discrepancias no solo pondrá a prueba la habilidad diplomática de ambos gobiernos, sino también la capacidad de las instituciones diplomáticas chinas, las empresas y sus asociaciones empresariales para comprender y desenvolverse dentro del entorno político, jurídico y social del Perú.

Las opiniones expresadas en esta columna son de responsabilidad de quien la firma y no representan necesariamente la posición editorial de Punto de Encuentro.

Más de John Pan