Responsables del incremento delincuencial

Todos tenemos derecho de protección a la vida, la propiedad individual y colectiva, contra la violación domiciliaria, amenazas e intimidaciones y a usar la legítima defensa. Están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra vigente Constitución, normas que son de cumplimiento obligatorio desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, por ende, es obligación Constitucional y moral del Estado garantizar permanentemente la seguridad de las personas contra hechos que afecten sus derechos personales. Los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación empezando por el Presidente de la República, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley. Estos, sin excusas, son responsables de proteger a la población ante hechos delictivos.

Lamentablemente, por la incapacidad gubernamental de antes y ahora, la delincuencia sigue ganando terreno en las calles. Las autoridades no han adoptado medidas idóneas para combatirla eficazmente. La inseguridad, la extorsión y asesinato siguen creciendo en el país. Periodísticamente (diarios, radio, televisión) lo informan diariamente. Los delincuentes constantemente incrementan sus modalidades delictivas personales y en organizaciones criminales, muchas dirigidas por delincuentes encarcelados. Asaltan a varones, mujeres y hasta ancianos y niños en lugares públicos, establecimientos, transportes y viviendas usando armas blancas y de fuego lesionando y/o matando a sus víctimas; y hasta explotan “como su negocio” la estafa, secuestro, extorción, prostitución, trata de personas y se enfrentan con armas a la Policía y serenazgo hiriéndolos y hasta ocasionándoles la muerte.

La policía captura a delincuentes y con los atestados los pone a disposición de fiscales y éste al juez penal correspondiente. Mientras la ciudadanía espera que los delincuentes sean procesados penalmente y sentenciados en breve tiempo, la Policía a muchos delincuentes los vuelve a exhibir públicamente (en medios periodísticos) por haberlos capturado en calles por nuevos de delitos. ¿Quién les da libertad? Muchas veces ha trascendido que es por resolución de fiscales y/o jueces.

Se ha informado públicamente que los establecimientos penales están saturados de procesados y/o sentenciados. Hay carencia de cárceles; lo ha reconocido el actual gobierno. El 21/11/2023 se publicó el D.L.N°1585 sustentándolo que “es para promover el deshacinamiento penitenciario modificando normas del Código Penal y el marco administrativo sancionador de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE)” (SIC). Según informe del INPE a julio del 2022, había 38 cárceles que albergaban 89.464. Los penales con mayor sobrepoblación están en: el Callao, Chanchamayo, Quillabamba, Abancay, Camaná, Miguel Castro Castro, Huancavelica, Pucallpa, Tacna y Huanta. Se reconoce que las realmente seguras son las de Challapalca en Tacna y de Cochamarca en Cerro de Pasco (están a 4.600m. y 4.350m., respectivamente, sobre el nivel del mar). Todos los reclusos gozan gratuitamente de alimentación y servicios de salud que son sufragados por el Estado, es decir con los impuestos que pagan los peruanos a pesar de la inseguridad ciudadana que afecta gravemente a la población. El gobierno reconoce que hay carencia de centros de reclusión para encarcelar a los delincuentes detenidos y/o sentenciados.

La delincuencia con un constante incremento, es responsabilidad de quienes ejercen los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Sus miembros, desde sus cargos y responsabilidades, no han adoptado eficientes medidas, primero para establecer nítidamente en el código penal la tipicidad de los delitos y severas penas privativas de libertad para los delincuentes; y que las normas procesales fijen plazos breves para los actos procesales penales. Tampoco han establecido la responsabilidad institucional del Ministerio Público y Poder Judicial y su personal de fiscales y/o jueces (de todos los niveles) que no cumplan con procesar las acciones judiciales a su cargo dentro de los plazos procesales. Igualmente es responsabilidad de los electos para los Poderes Legislativo y Ejecutivo – y ministros y funcionarios nombrados y/o designados – no haber previsto la edificación de nuevos centros de reclusión, totalmente seguros, y que en cada uno haya obligatoriamente centros de producción (fábricas) donde obligatoriamente trabajen los detenidos y sentenciados para que elaboren productos para los mercados; con sus remuneraciones los reclusos deben sufragar su alimentación y supervivencia.

¿De dónde se hubiera obtenido el dinero para edificar nuevas cárceles? La respuesta es simple: en lugar de sobornos los corruptores debieron pagar impuestos al Estado. Según informaciones periodísticas – no desmentidas – recibieron sobornos: Alejandro Toledo US$35´000.000, Alán García Pérez US$24´000.000, Pedro Kuczynski US$782.000, Ollanta Humala US$3´000.000, Susana Vallaran US$10´000.000, Keiko Fujimori US$1´000.000, Luis Castañeda US$980.000. Es un total de US$73´762.000,oo que al cambio sólo de S/.3 por dólar, habría S/.221.286.000,oo sin contar sobornos a los otros “gobernantes”. Con esta cantidad se hubiera podido edificar varias cárceles (hasta con aire acondicionado).

¿Se puede tener confianza en los Poderes Estatales?