«Estado corrupto» de Juan Pari

Si tuviera que recomendar una lectura a mis conciudadanos por un lado, los que no quieren seguir una opinión servida en bandeja sino formarse la propia en materia de lucha contra la corrupción, les recomendaría «Estado corrupto» del excongresista Juan Pari. Fue publicado en julio de 2017 por Planeta, una vez revelada al mundo la corrupción multimillonaria del cartel brasileño Odebrecht en varios continentes, por el Departamento de Justicia de los EE.UU. (21 de diciembre de 2016). Esta obra es el resultado de la investigación de la primera Comisión Lava Jato del Congreso del Perú —esta institución curiosamente tan maltratada y malquerida— a la que el pleno 2011-2016 no dio bola alguna. (Medios y Ministerio Público tampoco). Políticamente, se puede entender, la presidía Juan Pari, elegido diputado por Tacna, del partido nacionalista, también miembro de la 'Megacomisión' que, como su nombre lo indica, se ocupó en destruir a los adversarios políticos del gobierno (con cierto éxito). Y los comicios generales darían ganador (y bien reñido) a PPK, con una mayoría congresal absoluta previamente ganada por Fuerza Popular, partido que no ha tocado las arcas fiscales desde el año 2001. Retrospectivamente, se puede entender entonces el inevitable choque de poderes.

La investigación se centró en tan solo 4 megaobras entre los centenares que serían manchadas por la corrupción: la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur), la Línea Amarilla, el Tren Eléctrico y el Gasoducto Sur que se gestaron y realizaron en tres gobiernos de distinto color político a lo largo de 15 años. O sea, es solo una muestra. Brasil había lanzado su gran ofensiva «conquista del Perú» que consistía en comprar el establishment, la clase política y empresarial del país —tan propensos que son a decir NO— y tuvieron el viento en popa. Las cifras de esa corrupción marean, son estratoféricas, la investigación abunda en cuadros sintéticos. El cómo, asquea. Veamos.

Sobre los padres de la patria: «La organización delincuencial encabezada por Odebrecht había perforado e infiltrado también al Poder Legislativo y lo había puesto al servicio de sus propósitos» (p. 49, IIRSA Sur, La legalidad de la ilegalidad). Sobre el Ejecutivo: «El entonces presidente Humala tenía que crear las condiciones políticas para que el nuevo proyecto convenido con Odebrecht contara con una justificación» (p. 159, Gasoducto Sur). Mismo proyecto, sobre los estudios de abogados, cuenta la génesis de un pillaje monumental: en el origen, «una empresa creada el 14 de junio de 2007 por dos estudiantes, practicantes en un estudio de abogados, con un aporte individual de 200 soles» (p. 142). Esa empresa sufriría algunas transformaciones offshore para verse elegida a invertir US$ 1'300 millones, que terminarían siendo ... US$ 7'328'654'511 (cifra de la Buena Pro, p. 158). Es el monto de la deuda externa de Camerún en el 2016, modestamente. El diseño financiero, la arquitectura jurídica para zafar cuerpo, lo veía todito Odebrecht, y los peruanos, solo firmaban y ejecutaban. Sobre los alcaldes regionales:  «los doleiros vinieron al Perú forrados de dólares (literalmente hablando) y los entregaron a funcionarios de OAS, en un local de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) que estaba alquilado para las operaciones de la Línea Amarilla» (p. 98) La Vía Expresa Línea Amarilla, es una obra muy útil, pero el tiempo que nos ahorra nos lo cobra carísimo el socio de Odebrecht: un peaje de más de 5 soles el tramo, por decenios, a LAMSAC que iba directo ... a las cajas brasileñas. «OAS/LAMSAC, un caso de desdoblamiento empresarial. (...)  LAMSAC sería una empresa de fachada para cubrir a OAS de investigaciones futuras» (p. 89) Bien por el alcalde Muñoz que ha iniciado un proceso de nulidad de la concesión que tan patrióticamente su ante-predecesora acordó.

El cómo es lo que en tanto que ciudadanos debe interesarnos, para no dejarnos mecer por los que supuestamente «luchan» contra la corrupción. «Resulta sorprendente la cercanía e identificación —complicidad, diríamos— entre personajes políticos que se predicaban absolutamente contrarios y se llenaban de ataques e insultos públicos, pero que en silencio tenían prácticas similares» (p. 171). En cada obra desmenuzada, vienen los nombres de quienes gobernaban, quienes firmaban desde el Ejecutivo, concedían desde el Legislativo, armaban empresas fantasmas desde la sociedad civil y  justificaban los proyectos ante ella con la ayuda de los medios también rodeados por el cartel brasileño. O sea, la corrupción es el sistema, el Estado no moderno sigue poniéndose al servicio de intereses privados y extranjeros, como en los siglos pasados.

¿Cómo pudo dicho cartel brasileño convencer a tantos de enriquecerse ilícitamente, activa o pasivamente?, se pregunta el lector. ¿Por el Too big to fail (demasiado grande para caer)? ¿Porque sabemos in fine que el Poder Judicial no es confiable y siempre manejable? El cartel sigue poniendo la agenda en el país con acuerdos secretos y colaboración eficaz a cuentagotas. No hay aún acusados, solo investigados. Pero sí muchas cárceles preventivas de largo plazo para los políticos de primer plano, plazos irónica e ingenuamente alargados por el Congreso 2016-2019 («populismo punitivo» (Gino Ríos), en boga).

En sus reflexiones finales, el informe hace una semblanza terrible de la administración pública y privada:

«No se trata de una corrupción focalizada, individual» sino de «una corrupción sistematizada (...) proyectada a largo plazo y que ha construido estructuras económicas, políticas y sociales para operar». Los proyectos concesionados no eran financiados por inversión extranjera sino «con recursos del presupuesto público no retornables» y el Estado «inclusive ha garantizado a estos agentes un determinado nivel de ingresos por largos periodos de tiempo (...)», Estado «esclavizado en el largo plazo». «Conforme a este esquema criminal, los proyectos públicos o público-privados se convirtieron en lavadoras del dinero sustraído del tesoro público. Se lo sustraía bajo la forma de presupuesto asignado a un proyecto a ejecutarse por una empresa de fachada (...) y se utilizaba incluso un sistema de fideicomisos para desvincular la empresa del control de la ejecución presupuestaria». «Los pagos de coimas a funcionarios de nivel medio y de alto nivel, incluyendo a presidentes de la República, se ensombrecen al lado de los posibles niveles industriales de lavado de dinero en los que, pasiva o activamente, ha intervenido el sistema bancario legal».

En serio, ¿se puede luchar contra la corrupción (la de hoy) y castigar, sin ajusticiar, a la de ayer con las instituciones que hoy tenemos, con las fallas que el libro resalta? Conformarse con tener en preventiva (o en la tumba) todo el elenco de expresidentes o presidenciables, ¿eso va a corregir el sistema podrido? ¿Va a convencer a los informales que es bueno formalizarse?

¿Lucha contra la corrupción o deconstrucción de la democracia con apoyo popular?

Claire Viricel