Los delitos deben ser calificados
según el daño infligido a la sociedad.
En Julio del año pasado, PdE publicó el editorial que ahora reproducimos por su actualidad.
A través de las redes sociales se acaba de conocer el Acuerdo Colaboración Eficaz entre Odebrecht y la Fiscalía peruana mediante la cual los operadores y Gerentes de dicha empresa obtienen la “excención de pena” y la empresa la “eximencia de consecuencias jurídicas”. Todas las piezas comienzan a encajar.
En comparación, la justicia de EEUU ha condenado a Odebrecht con una elevada y justa multa de centenares de millones de dólares y dispuesto que no podrá volver a contratar con el Estado americano. En el Perú, Odebrecht sigue contratando con el Estado, no ha pagado un sol de reparación, y la empresa y sus directivos se han librado de toda posible sanción.
El próximo Gobierno y las nuevas autoridades judiciales deberán revisar todo éste oscuro proceso y actuar con la Ley en la mano para sancionar ejemplarmente a los responsables, incluyendo a sus operadores peruanos.
¿Una organización criminal en la Fiscalía?
Bajo el impulso del Poder Ejecutivo, hace un par de años aproximadamente, sectores politizados de la Fiscalía impulsaron la figura de “Organización Criminal” para aplicarla a las organizaciones políticas democráticas.
Violentando la letra y el espíritu de la Ley, el enfoque de la Fiscalía sostiene que donde hay la concertación o acuerdo de más de dos personas de una organización política para cometer un acto de corrupción, entonces toda la organización política es una “organización criminal”.
Todos los Constitucionalistas serios, como el desaparecido Enrique Bernales elevaron su voz de protesta y denuncia.
Ahora resulta que desde Ecuador los peruanos nos enteramos que los Fiscales Vela y Pérez han omitido información sobre coimas e irregularidades perpetradas por Odebrecht en 20 proyectos. El Acuerdo impulsado por los Fiscales Pérez y Vela comprenden 4 proyectos. Justo lo que deseaba Odebrecht para cautelar sus intereses. Ambos Fiscales simplemente encarpetaron numerosos informes y carpetas fiscales producidas por su antecesor, el Fiscal Hamilton Castro, particularmente los informes sobre el Gasoducto del Sur.
Entonces las preguntas -que se caen de maduras- son:
Los peruanos tenemos derecho a conocer el Acuerdo de Colaboración suscrito entre el país y la empresa que ha propiciado el mayor proceso de corrupción pública en nuestra historia republicana.
Lo que sí es seguro, es que muy pronto, cuando el paso del tiempo vaya develando todos los hechos, ambos Fiscales deberán rendir cuenta de sus actos ante la Justicia.