Hace pocos días Pedro Castillo ha anunciado que uno de los objetivos de su gobierno es industrializar la hoja de coca y construir un aeropuerto en Pichari – Cusco. Sobre ambas propuestas se debe señalar que resulta una grave amenaza para la estabilidad de nuestro país.
Sabemos que el Perú hoy es el país con más grande producción de Hoja de Coca y que hoy sus cultivos abarcan las 72 000 hectáreas según el gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, nuestro país se encuentra en el segundo lugar, después de Colombia, en la producción de cocaína a nivel mundial.
Respecto del narcotráfico y las redes que funcionan en su entorno, sabemos que es la principal fuente de actividad delictiva en el mundo, ya que los grupos de narcotraficantes cometen además otros delitos como son el tráfico de armas, la trata de personas, el lavado de activos, tráfico de órganos, esclavitud, corrupción, entre otros.
Por otro lado, es preciso indicar que tan solo 9 000 hectáreas de cultivo de hoja de coca son destinadas a fines lícitos, es decir 61 000 hectáreas restantes se destinan a la producción de cocaína. Estos cultivos se encuentran principalmente en la zona del VRAEM donde además están establecidos los “últimos remanentes” de Sendero Luminoso quienes consiguen su principal fuente de recursos de la protección a los narcotraficantes.
Sin duda, construir un aeropuerto en Pichari y realizar políticas para promover su producción se traduce en una gran oportunidad para la producción de cocaína en el país. Esto, sumado a las declaraciones del Ministro del Interior, Luis Barranzuela, se deben entender como un mensaje político lo cual implica una grave amenaza al Estado Constitucional de Derecho.
El tráfico ilícito de droga se muestra bien posicionado en el poder ejecutivo, “plata o plomo” viene a mi mente al pensar en como tejen sus redes de corrupción en las instituciones del Estado y diversas empresas que utilizan para lavar dinero. No podemos permitir que la amenaza de convertirnos en un narco-estado siga avanzando, por lo tanto, es urgente y necesario exigir al gobierno como gestos políticos principales: la salida inmediata de Barranzuela de la cartera del Interior y el retroceso en las propuestas mencionadas al inicio de este artículo.
Otro aspecto no menos importante (ni menos urgente) es que las medidas que se han realizado hasta la fecha no han sido suficientes para combatir la producción de cocaína por lo que es necesario el apoyo de países interesados en la lucha contra el narcotráfico y realizar políticas mucho más fuertes para lograr la erradicación de dichos cultivos y su producción.
Es momento de reaccionar, no esperemos a vivir las tristes experiencias de México o Colombia para recién exigir activamente políticas eficientes para la solución de esta peligrosa amenaza que además cuesta miles de vidas y un gran sufrimiento para gente inocente.
No al narco-estado, fuera Barranzuela, son necesarias políticas eficientes para erradicar el cultivo de la hoja de coca y la producción de cocaína. Las alarmas están encendidas, no las pasemos por alto.
