Punto de Encuentro

Con elección de los 06 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional la reconstrucción institucional ha comenzado

Hace algún tiempo anotábamos que el Perú atraviesa una severa y grave crisis institucional en general y de su sistema de justicia en particular. Un cuadro que podía llevarnos a pensar a los adherentes de las ideas de la libertad y el cambio social que nuestro golpeado Estado de Derecho corría peligro si no había pronto un giro de los acontecimientos. Hace unos días ha ocurrido en efecto un hecho relevante que cambia el viento a favor de la recuperación de nuestras fortalezas democráticas: se han electo los 06 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. 

Antes de sustentar el porqué este hecho es tan importante, hay que recordar los antecedentes: 

Entre 2018 y 2020, espacio en el que ésta grave situación alcanzó su cenit tuvimos en 30 meses: 4 Presidentes de la República, dos forzados a renunciar; el primero, Kuczynski, al borde de una vacancia segura por sus lobbies; el segundo, Manuel Merino, con movilizaciones y sangre en las calles. Uno vacado por sus negociados alrededor del esquema del "Club de la Construcción" en su gestión cómo Gobernador regional de Moquegua, Vizcarra, y finalmente Francisco Sagasti, que completó los últimos 8 meses del período asumiendo la encargatura en un esquema en el que la mayoría del Congreso de ese entonces se auto vetó para asumir la Mesa Directiva - y por consiguiente la Presidencia- por haber votado a favor de la vacancia de Vizcarra. Sagasti entonces convocó las elecciones que hoy cuestionan y denuncian ex colaboradores de Pedro Castillo -el electo en dicha contienda- cómo amañadas. 

Pero lo más grave - y que no debe dejar de señalarse en la perspectiva de la historia- fue un Congreso disuelto de manera inconstitucional vía el golpe de Estado del 30/09 de 2019 por Martín Vizcarra. Debemos anotar que la justificación jurídico-conceptual de aquella decisión fue la tristemente célebre "negación factica", enarbolada con ardor y pasión por el profesor universitario Cairo, aunque no fue el único. Hoy, a casi 3    años de ese atropello ningún constitucionalista serio puede avalar esa insensatez. La denegación factica no pasa de ser una posicion política propia de autócratas aventureros que no tiene ningun respaldo academico serio internacional. Recordemos que el cierre de ese Congreso fue justamente para evitar que se elijan a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional pues 06 estaban con el mandato vencido ya en ése entonces. Vizcarra cerró el Congreso para obstruirle el paso a un cambio en la correlación de miradas de los magistrados que componían el Tribunal y cuya elección venía del Humalismo. Por tanto  nadie fue elegido nuevo Tribuno en 09/2019 y se mantuvieron los magistrados cuya encargatura ya había caducado. Está demás señalar que en ese interregno parlamentario - dónde sólo sesionaba una fantasmagórica Comisión Permanente- Vizcarra gobernó por decreto sin mayor control político - coincidiendo con la pandemia - y con resultados económicos y sanitarios de terror. 

Pero Vizcarra pudo avanzar a éste punto pues ya había golpeado y dominado a las élites parlamentarias del Congreso electo en 2016. La miopía y falta de formación política de la mayoría Fujimorista - con su cuota desleal de Kenyismo disidente- y la falta de reacción de los varias veces reelectos de Acción Popular y del APRA, mi Partido, ocasionaron que sean maltratados por una reforma política a la que no supieron cómo enfrentar y que terminó poniéndoles el ánimo popular muy en contra. Tiempo atrás, parte de los mismos protagonistas habían permitido en el trascurso de algunos años regulaciones y leyes construidas por "comisiones de alto nivel" o "expertos" que empezaban lentamente a estadualizar el funcionamiento de los Partidos políticos y no vieron lo que esas desatenciones normativas irían provocando para la democracia peruana. 

Al tiempo venía desarrollándose una grave situación en el sistema de Justicia, la cantidad de jueces provisionales en las cortes del Poder Judicial - incluida la Suprema- aumentó de manera desmedida generando una situación precaria y de poca fiabilidad. Peor aún el máximo colegiado del Ministerio Público: la Junta de Fiscales Supremos - sin duda centro de las miradas por el caso "LavaJato"- empezó a convertirse en un espacio de batalla campal de múltiples influencias. Pablo Sánchez, al parecer cercano a un lobbie del que hablaremos líneas abajo y protector y guía del "equipo especial" de Pérez y Vela, por un lado; Zoraida Ávalos, dícese cercana más bien a Vizcarra por otro, aunque aliada del primero versus Tomás Galvez y Pedro Chavarry, señalados por el periodístico caso "Cuellos Blancos", que en el acápite de ambos parece que era más ruido que cuestiones de fondo o siquiera reales. Monteza, el otro magistrado parecía navegar con relativa neutralidad. Al final Galvez, Chavarry y Monteza fueron retirados de sus encargaturas por la Junta Nacional de Justicia, venciendo Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez que hoy pelean entre ellos cual piratas por un escombroso botín. Ésto ante la mirada de la mayoría atónita de Fiscales del territorio nacional que no participan de éstas dinámicas y más bien tienen vocación institucionalista. Recordemos que el Ministerio Público es importante también porque envía un representante cómo Magistrado al Jurado Nacional de Elecciones. 

La putrefacción se había extendido tan rápido que hasta el gremio del Colegio de Abogados - institución más antigua que la independencia del Perú- entró en crisis interna y vio frustrada su elección más de una vez por recursos y trabas entre facciones, muchas de éstas pienso azuzadas desde el poder y no contenidas por una gestión gris de la orden, sin mucho carácter, que se resistía a irse. La razón del interés del poder en la no renovación del gremio: el CAL coloca un representante en el Jurado Nacional de Elecciones. Cuestión que parecía no ser del agrado de Vizcarra ni de los que le sucedieron. Afortunadamente hace un par de meses se logró realizar la elección del nuevo Decano y del representante de los abogados al JNE, resultando electos el notario Bazán Naveda y el catedrático universitario Willy Ramírez respectivamente, a quienes felicito democráticamente desde ésta tribuna. 

En medio de la actual foto panorámica un consenso que arribe a la elección de los 06 miembros del TC parecía improbable. Sin embargo hay algo que debemos anotar: el grupo de presión que permitió que gran parte de éste desorden se produzca - y que estimulaba y aprovechaba- era en términos de tejido social bastante reducido: algunas camarillas de directivos de algunas ONGs y gente bien posicionada en algunos espacios importantes de la academia y con un predicamento muy estruendoso en medios alternativos y también en la gran prensa. Aparentes "Think tanks" sin correspondencia popular, "sociedad civil" sin mucho pluriclasismo para ser honestos. Varios pertenecientes a una burocracia estatal formal - directores, jefes de áreas, etc- o a la nueva burocracia "para-estatal", aquella que más bien se ejecuta a través de consultorias con el Estado. La mayoría bien remunerados, pero sin mucho gancho popular. Ésta brecha entre la influencia institucional de éste enjambre - muchos autodenominados curiosamente de izquierda- y el mundo popular se ha ido agravando y en éste último Congreso de la República son casi inexistentes sus representantes propiamente cómo parlamentarios. Diría sobre todo que son los "Morados" y "Juntos por el Perú". No siendo en total ni 10. 

Y entonces ocurrió algo impensado para muchos; aquellos que representaron mayoritariamente - para bien o para mal- la expresión popular en términos de escaños regionales y limeños en Abril del año pasado se pusieron de acuerdo; es decir las disímiles bancadas de "Perú Libre", "Fuerza Popular", "Acción Popular," "Alianza Para el Progreso", "Avanza País" y "Renovación Popular". O sea prácticamente todos menos los de "Juntos por el Perú" y "El Partido Morado". El saldo: votaciones de más de 90 - hasta alguna superó los 100- y de en contra sólo 19. Aplastante. Y hay que felicitar éste esfuerzo de acuerdo y entendimiento en algo tan importante. Las motivaciones internas reales de cada grupo quedarán fuera de la certeza pública; lo real y concreto es que se eligió adecuadamente 06 tribunos de diferentes tendencias. Sí ésto responde a una antipatía compartida por casi todo espectro político del Congreso desde izquierdas a derechas, contra el espacio descrito líneas arriba por su influencia institucional y estatal y más bien su hiper alicaída representación/intermediación social y sus pocos votos en el hemiciclo pues nunca lo sabremos a ciencia cierta; aunque es una posibilidad. La política y la democracia son así también. 

En el proceso éste acuerdo debilita también a Cerrón y a "Perú Libre", ya que 10 congresistas de éste grupo cedieron a la presión de VeroMendocistas y Morados y abandonaron su bancada, pasando "Perú Libre" de 32 a 22. La decena que se aparta son los profesores que Castillo aupó al Congreso. Para aquellos que confrontamos el esquema de los "Pukas" del "Lápiz" ésta es una noticia que no lamentamos pues su decaimiento también es un mal paso para su proyecto autoritario. Es hidalgo no dejar de reconocerles, eso sí, en éste único punto específico del TC que hayan preferido el consenso a la pateadura de tablero. Aunque claro, es posiblemente un cálculo para limpiar primero el espectro de otras izquierdas y luego confrontar ellos sólos con "la derecha". Veremos, hay aún tela que cortar hasta una nueva elección calendarizada o adelantada. Una tercera vía de cambio social democrático podría romper ello. De eso trata la propuesta que prepara y ejecuta nuestro equipo de renovación intergeneracional y descentralizado junto a las bases provinciales del APRA, el Partido de Haya de la Torre, a través de lo que hemos planteado cómo la "Agenda Social". 

Pero lo estratégico hoy es que la reconstrucción institucional del país ha comenzado. El Tribunal Constitucional está inspirado en el "Tribunal de Garantías", traído a la Constitución de 1979 por impulso del brillante jurista aprista Javier Valle Riestra, quién toma en parte la influencia de la Constitución española de 1978 en ésa arista. A diferencia de muchos otros países cómo Estados Unidos - dónde los temas del TC los resuelve su "Suprema Corte" - nosotros hemos optado por separar sus funciones del Poder Judicial pensando en una autonomía mayor que nuestra realidad pienso, aconseja. 

Nuestro TC es el máximo intérprete de la "Ley de leyes" y sus sentencias impactan en la seguridad jurídica nacional, muchas de ellas con carácter de "precedente de observancia obligatoria". Y ésto en todas las áreas jurídicas: penal, laboral, civil, administrativo, etc. Resuelve - cómo vimos hace unos meses- los conflictos competenciales entre poderes del Estado. Es realmente una piedra angular de la subsistencia del Estado de Derecho en Perú. Su autonomía es el primer seguro de un sistema de justicia no instrumentalizado desde el poder político. Por eso es tan trascendente lo que ha ocurrido hace unos días. 

Ese proceso no debe detenerse allí; el siguiente paso debiera ser corregir la Junta Nacional de Justicia, creada tras la eliminación del cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura, con una composición que muchos meses ha estado operando u siendo liderada en abierta contradicción a la Constitución y amparándose en la "Ley Servir". Luego la renovada y reconfigurada autónoma JNJ debiera reorganizar y reordenar la cantina pirata en la que han convertido Vizcarra, Ávalos y Sánchez a la Fiscalía de la Nación y su colegiado de a 2, para todo efecto práctico. Luego recomponer el tema en las cortes del Poder Judicial. Una regeneración institucional completa. 

Por cierto elegir un buen "Defensor del Pueblo" es muy importante también; leí que algunas bancadas proponen al profesor universitario Víctor García Toma, un jurista de polendas y hombre sin mácula pública. Por cuestiones académicas he revisado intervenciones suyas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el nivel es descollante. Ojalá que alguien con ese nivel sea nuestro "Ombudsman".

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