Hacia la defensa de la integridad territorial

Desde hace algunos años, la OEA se ha convertido en una oficina de propaganda ideológica, dejando de lado su vocación de garantizar la paz y la seguridad de los Estados Americanos. Ahora no solo funciona como una agencia de propaganda LGTBI que pide baños neutros en los congresos internacionales, sino también en una suerte de órgano lobbista que impulsa una serie de tratados que vulneran la soberanía y la integridad territorial, amparado en el marco de un “derecho supranacional autoproclamado unilateralmente”, que se impone sobre el derecho nacional de los países. 

Recientemente, se ha generado una polémica, tras el discurso del presidente Pedro Castillo, en la última Asamblea General de ONU, realizada en Nueva York, al pedir éste que se devuelva las Islas Malvinas a la Argentina, y al reafirmar la soberanía de las 200 millas marinas, pese al poderoso lobby de la ONU y a la millonaria campaña desplegada para que el Perú se suscriba a la Convemar, campaña que tuvo como principal y entusiasta impulsor al excanciller, Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Al final, el ministro de Relaciones Exteriores terminó renunciando al cargo y a sus pretensiones de incorporar al país a este tratado marítimo que va en contra de la actual Constitución Política, que defiende la soberanía del mar.   

Dentro de ese buffet de tratados internacionales, también se encuentra el famoso Acuerdo de Escazú, que viene siendo impulsado por la OEA, en medio de críticas. Uno de los mayores detractores es Brasil, país que ha venido manifestando su rechazo a este “tratado ambiental”, al considerarlo lesivo para sus intereses, pues sostiene que perdería el dominio sobre la Amazonía que acabaría convertida en una suerte de “vivero ecológico mundial”, tras ser declarada como “patrimonio común de la humanidad”. Otro país que tampoco mira con buenos ojos este tratado medioambiental es Chile, debido a su industria minera y a los conflictos territoriales que actualmente derivan de ella, con las comunidades indígenas. Similar es el caso de Colombia y Ecuador. A este cocktail de tratados internacionales, se suman las políticas migratorias que vienen siendo cuestionadas por socavar la seguridad ciudadana y la economía de los países. 

Ante esta problemática, es necesario contar con una visión conjunta, política y ciudadana, respecto a la defensa de la integridad territorial, garantizando la defensa de la soberanía, frente a cualquier tipo de colonización ideológica o política por parte de países u organismos supranacionales como la ONU, que tienen una agenda ideológica no muy favorable para los intereses nacionales. Para ello, es necesario dejar en un segundo plano los problemas domésticos políticos que se suscitan en el día a día, y no perder de vista otros temas de mayor trascendencia que repercuten de manera directa en el devenir político, económico e histórico del país.