Técnicamente, la ATU fue creada en el 2018 para ordenar el transporte público, pero, en realidad, su verdadera misión era otra: reducir las emisiones de carbono y la contaminación ambiental, mediante la reducción del parque automotor. Sin embargo, hasta la fecha, después de casi cinco años de funcionamiento, se está generando lo inverso: el caos en el transporte limeño es aprovechado por cientos de miles de colectiveros y taxis informales que han empezado a proliferar, dado que el servicio que brinda el transporte público es ineficiente y precario. Encima, la misma ATU amenaza con retrasar la inauguración de la Ampliación del Metropolitano, al poner muchas observaciones técnicas.
En los últimos años, los gobiernos le han dado poder a las ONGs y sus consultorías para regular, no solo el transporte urbano, sino también algunos proyectos de inversión como la minería, que debe cumplir con ciertos "estándares medioambientales", retrasando así el desarrollo de estos y, de paso, generando un efecto inverso, como el aumento de la minería informal, que contamina el medio ambiente. Este negocio de las consultorías que operan como parásitos enquistados en el aparato estatal, viene desde el gobierno de Toledo y se afianza en el nefasto gobierno de Vizcarra, en un contexto de emergencia sanitaria, en donde las consultoras hicieron un festín con los miles de muertos, cual ejército de helmintos o buitres hambrientos. Ahora, hacen lo mismo con los proyectos públicos, en transporte, educación y energía. Está dinámica perversa, cuenta con el poderoso auspicio de las Naciones Unidas, los medios de comunicación, algunos partidos políticos de centro y, por supuesto, de las universidades que forman pseudo-profesionales con el perfil de "especialistas en gestión pública" o en "programas de desarrollo sostenible", muchos de los cuales, ni siquiera, conocen la realidad nacional, pero terminan calentando los escritorios del Estado o desangrándolo a través de millonarias asesorías. Quizás por eso, la inexplicable permanencia de la ATU y la imposibilidad de desactivarla, pese al discurso político. Cabe señalar que el candidato presidencial por Perú Libre y actual presidente, Pedro Castillo, prometió desactivar la Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías) y la ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao), sin embargo hasta la fecha no ha podido cumplir dicha promesa.
En conclusión: a la fecha, a casi cinco años de funcionamiento, la ATU no ha cumplido con su misión ambientalista, mucho menos con ordenar el tránsito vehicular. Todo lo contrario, se ha convertido en una suerte de botín de un sector de la política progre para sus fines globalistas y ecologistas, en medio de una agravada corrupción. Entonces la pregunta es ¿Por qué sigue existiendo?
.jpg)
