Punto de Encuentro

AZALDE vs UNSA ó de la libertad de cátedra en el Perú

El caso del amparo presentado por el docente universitario José Mario Azalde en contra de la Universidad Nacional de San Agustín marca un precedente importante en materia de libertad de cátedra y libertad de expresión en el Perú.

El avance de las nuevas tecnologías en la educación plantea distintos desafíos para el sistema legal. La modalidad virtual o semipresencial en la educación superior empezó a implementarse antes de la pandemia COVID-19. Ya entonces se discutía si resultaba un medio idóneo para la transmisión de conocimientos. También era discutible la familiaridad de los estudiantes con los entornos virtuales, los cuales podían ser extremadamente complejos para personas no acostumbradas al uso de herramientas informáticas. Se presentaban, por tanto, importantes brechas que fueron soslayadas por la pandemia, la misma que demandó, ante la imposibilidad de las clases regulares por el confinamiento, la utilización por las universidades de la modalidad virtual.

La obligatoriedad de mantener las cámaras encendidas (frente al derecho a la intimidad de alumnos y profesores), los derechos morales de voz e imagen, los protocolos para la protección de la información de los alumnos y profesores en el contexto de la libertad de cátedra mediada por la digitalización, la cantidad de horas que se debía pasar ante la pantalla para cumplir objetivos pedagógicos, etc., fueron temas que  surgiendo conforme avanzaba la implementación de la modalidad.

Algunas universidades estuvieron mejor preparadas que otras. En muchas de ellas las autoridades eran conscientes que estaban ante una situación sui generis y que se iban a presentar inevitables problemas. Es por ello que esta situación inédita también desnudó la realidad del gobierno de las universidades. Aparecieron problemas estructurales de la universidad peruana como la informalidad, corrupción[1], la falta de preparación del personal, la ausencia de empatía con el alumnos y profesores enfermos o con familiares muertos. Todo ello, para más inri, dentro de los procesos de acreditación y licenciamiento de SUNEDU. En medio de toda esta baraúnda, los derechos tanto de profesores como de alumnos fueron vulnerándose sin la intervención de las autoridades universitarias supervisoras y menos del Poder Judicial y el Ministerio Público (sumergidos en sus propios problemas). La cúpulas universitarias, en el caso de las universidades públicas, históricamente gobernadas por la izquierda marxista, aprovecharon esta situación para afianzar su poder mediante el populismo y la corrupción.

Se creyó que el manejo vertical y autoritario de las universidades era la respuesta a la crisis de la educación universitaria. De la misma forma, haciendo un paralelismo, en que la población aceptó las políticas abusivas de Martín Vizcarra. Se suspendían profesores que levantaban voces críticas, violando su derecho al debido proceso. En el caso del profesor Azalde, a la fecha (luego de tres años) la universidad no estableció mediante el órgano instructor, la falta o el delito cometido.

Estas malas autoridades no comprenden que absurdas decisiones pueden destruir la reputación y la vida profesional de los docentes. En la era de la cancelación, luego del escándalo mediático, el profesor Azalde quedó sin mayores oportunidades laborales en la región.

Estaremos atentos en cómo se desarrollará este caso. Como lo manifestó el propio docente, este no es un caso sobre el ciudadano Jose Mario Azalde, sino sobre los derechos a la libertad de catedra y expresión de profesores y alumnos.

[1] Prueba de ello son las distintas denuncias que se presentaron al entonces Rector de la UNSA, hoy Gobernador Regional de Arequipa, por colusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado, cobro indebido, negociación incompatible y malversación (es importante resaltar el misterioso pago por US$8 millones a Colorado School of Mines, los pagos que realizó a miembros de Patria Roja, entre otros).

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