¿Se ha politizado la Administración de Justicia?

Por Roberto Rendón Vásquez.

El Diario “Expreso” con objetividad ha informado que “con franqueza y acritud, el vocal supremo Javier Arévalo reconoce que algunos magistrados vienen desnaturalizando los procesos penales, al aprobar los excesos perpetrados por fiscales ideologizados que no cuentan con mayor solvencia profesional” (SIC). Se estaría refiriendo a que “los jueces de investigación preparatoria César Sahuanay, Presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal, que han venido avalando, en los últimos 8 años una serie de atropellos con claro tinte político propuestos   … por los fiscales del Equipo Especial Lava Jato … Rafael Vela y José Domingo Pérez. También se informó que el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga, ha permitido que los fiscales Domingo Pérez y su jefe Rafael Vela … hayan presentado una acusación fiscal en el Caso Cocteles plagado de erratas… con el fin de boicotear la candidatura de … con 12 subsanaciones irregulares al requerimiento acusatorio concedidas por el juez Zúñiga y 67 apelaciones congeladas desde hace 11 meses. Hay otros hechos expuestos en esa información periodística como “las colaboraciones eficaces” que acreditan el dicho del Presidente del Poder Judicial que “se está politizando la justicia”.

Constitucionalmente la Administración de Justicia la ejercita el Poder Judicial mediante sus órganos jurisdiccionales (jueces de la Corte Suprema, Cortes Superiores, Especialistas y Mixtos y de Paz Letrados) con unidad, exclusividad e independencia, pero con la observancia del debido proceso (Constitución: Artículos 138°, 139°, 143°). Los magistrados jueces, que son funcionarios públicos (Constitución: artículo 39°), están obligados a conocer, procesar y resolver las acciones judiciales, haciéndolo con imparcialidad, honestidad y cumpliendo las normas legales pertinentes (Artículo 109° de la Constitución) y dentro de los plazos para cada acto procesal que están fijados en los códigos y normas procesales.

Sin embargo, en los actos de corrupción en que están involucrados quienes fueron Presidentes de la República, Ministros, funcionarios públicos (que están acusados de recibir dádivas de personas jurídicas y/o naturales extranjeras o nacionales), no obstante, a que en el Perú se “investigan” desde fines del 2016 (La corrupción de Odebrecht) hasta ahora no se han concretado las investigaciones fiscales ni de los procesos penales seguidos a los políticos involucrados. El Ministerio Público – con sus “Equipo de Fiscales” –, en los pocos casos han presentado acusaciones ante el Poder Judicial se evidencia cada vez con más claridad que se está politizando los casos que ya se conoce y tramita ante magistrados penales a cargo de los respetivos procesos. También se evidencia en el Poder Judicial. Esto ya no se puede “borrar”. Las declaraciones del actual Presidente del Poder Judicial las admite y conjuntamente con los componentes de la Corte Suprema han prometido despolitizar la justicia.

La indicada publicación no omite señalar la implícita politización en la actuación de los fiscales del Equipo Lava Jato: Domingo Pérez “al haber sindicado al APRA como organismo criminal y haber acusado a toda su dirigencia como lavadores de activos”; la fiscal Geovana Mori ha solicitado al Poder Judicial “una nueva ampliación en las investigaciones en el caso Gasoducto”. Refiere que “las colaboraciones ineficaces y la mano blanda del PJ para conceder prorrogas sin mayor sustento … desnaturalizando los plazos de la investigación preliminar y preparatoria ... que va por 6 años en conjunto en los casos de organización criminal y lavado de activos”. Si bien los fiscales a cargo de las investigaciones por corrupción de “políticos” que ejercían altos cargos públicos pertenecen al Ministerio Publico que, es entidad distinta e independiente del Poder Judicial, con motivo de posibles actos penales, sus “investigaciones” las tienen que conocer y procesar los magistrados jueces penales. Por ende, se puede deducir y/o presumir que magistrados jueces y fiscales han incumplido sus obligaciones probablemente con la intención que la administración de justicia – desde su etapa investigadora – actúe políticamente.

Debe estimarse que las declaraciones del actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial no solamente sean una voz de alerta sino una decisión de “poner coto ante tanta politización de la justicia” (SIC). Se espera que en conjunto los jueces supremos respalden a su Presidente en su labor de poner fin al desorden y parcialidad.