Punto de Encuentro

Petroperú: a un paso de la ilegalidad

El rescate (vía entrega directa de fondos público o garantizando endeudamiento) de una empresa cuestionada como Petroperú genera muchas suspicacias para aquellos que consideramos como un éxito, más allá de los errores y limitaciones, el rol subsidiario del estado en la economía.

Considero que la medida que tomará el gobierno es un error. Lleva inevitablemente a preguntarnos si existen intereses particulares como efecto o consecuencia de esta decisión política. O, también, averiguar cuantos colegios, hospitales (mejoramiento de la atención primaria), vías (nuevas vías, mantenimiento de la red nacional), etc., pueden ejecutarse con esos fondos que, al ojo público, el gobierno premiará a la empresa estatal en mérito a su gestión ineficiente.

Es un mal y peligroso precedente. La medida afecta principios que forman parte del modelo de economía social de mercado y que podrían colisionar contra la Constitución, concretamente en lo concerniente al capítulo económico. Hay cuestiones dentro de la política peruana que no son negociables. Luego del sacrificio que hicimos los peruanos para que el modelo funcione (sobre sus limitaciones o imperfecciones nos referiremos en otro artículo de opinión), no se puede permitir que regrese la política del derroche del dinero público. No olvidemos que cuando se acaban las reservas viene el apocalipsis de la máquina de imprimir billetes.

En cuanto a la forma, es discutible la forma en que se utiliza la figura de los decretos de urgencia. El Tribunal Constitucional se pronunció al respecto en diversas sentencias (por ejemplo, en el EXP. N.º 0008-2003-AI/TC en el cual también se desarrolla los elementos de la denominada Constitución Económica). Pero en cuanto al fondo:

  1. En Europa, a propósito del Tratado de Maastricht de 1992 y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) del Consejo Europeo de 1997 se elevaron las reglas fiscales a rango constitucional: países como Italia, España, Alemania y Polonia consideraron que debía existir un resguardo de modelo de economía social de mercado mediante una protección constitucional de las reglas fiscales y del endeudamiento público. En América Latina, países como Costa Rica (principio de equilibrio presupuestario), Colombia (transparencia y responsabilidad fiscal) y Chile (el Tribunal Constitucional de Chile en la STC Nº 1.867 de 2010 sancionó el equilibrio como principio presupuestario) aplicaron el mismo criterio. El Perú tiene reglas fiscales, pero las mismas deben guardar armonía con los principios establecidos en la Constitución y la jurisprudencia constitucional. Las reglas fiscales, el equilibrio fiscal, tiene que ser establecido taxativamente como un derecho-obligación del Estado.
  2. El Tribunal Constitucional Peruano estableció en diversas sentencias el estado de cosas inconstitucional (hacinamiento en las cárceles, educación pública rural en zonas de extrema pobreza, etc.). ¿es prioritario el rescate de empresas públicas deficitarias frente a la urgencia de la deuda social? Este es un problema que se viene arrastrando desde hace varias gestiones y que se relaciona con la discrecionalidad del estado para la utilización de fondos públicos (recordemos lo acontecido en su momento con respecto a las presiones políticas sobre la pauta publicitaria).
  3. ¿Petroperú, como persona jurídica, se encuentra por encima del principio de igualdad ante la ley? Si Petroperú fuera una empresa privada, sería llevada a INDECOPI por insolvencia. Es importante recordar que el TC ya se pronunció en diversas sentencias sobre los “derechos” y obligaciones de las personas jurídicas[1].
  4. ¿Existe información pública disponible para conocer realmente la situación financiera de Petroperú? Claramente, en este caso, se vulnera el derecho de transparencia a la información pública. Existe, además, problemas con respecto a la necesaria auditoria de la empresa que enfrenta a la Contraloría con la petrolera y que ha generado estrategias de amedrentamiento hacia aquellos que hemos manifestado públicamente la importancia de saber la situación real de la empresa antes de tomar alguna medida o decisión. Un buen gobierno corporativo demanda entregar a inversionistas y usuarios información real, clara y accesible. Sin dudas, la falta de transparencia en Petroperú afecta la reputación empresarial y genera dudas sobre sus realidades capacidades operativas y financieras.

PD: Expreso desde esta tribuna mi solidaridad con el pueblo de Chile por el lamentable fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Impresiona como Piñera es recordado y reconocido por políticos de distintas tiendas políticas. Creo que esa es la lección que nos deja el expresidente: la política implica la necesidad de un talante pluralista que permita conversar con todos, incluso con los que piensan de manera distinta. Sobre todo, cuando se encuentran en juego los denominados intereses nacionales.

 

[1] 04972-2006-AA, 04972-2006-AA, 04037-2008-AA, entre otras.

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