Por: David Auris Villegas
Sin equidad en la educación, no existe justicia social. No se trata de ideologías políticas. Se trata de desarrollar el capital humano, con el propósito de establecer una sociedad más sostenida que el mundo de hoy exige. La lucha por la justicia social desde la educación requiere un compromiso colectivo de la sociedad.
A pocos días de empezar el año escolar 2024, el panorama educativo es lúgubre. El Dr. Guillermo Molinari, exviceministro del Ministerio de Educación, dice que, 63 mil estudiantes han desertado en el 2023, existe desnutrición, dificultades de aprendizaje y poca condición de educabilidad. De las 55436 escuelas públicas del Perú, 30294 de ellas requieren ser demolidas y, solo 16187 disponen de agua, luz y alcantarillado, señala la economista Paola del Carpio.
Esta situación es el triunfo de una larga política educativa, impulsadas por gobernantes corruptos y sin perspectivas de desarrollo y un Ministerio de Educación colmado por expertos, pero incapaces de liderar políticas de equidad. Estos expresidentes priorizaron sus intereses políticos en lugar de mejorar a la educación y algunos de ellos, siempre culparon de nuestro infortunio a los países desarrollados o a los organismos mundiales.
Con el objetivo de construir una sociedad equitativa, el 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, promovida por Naciones Unidas. La justicia social, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (Unicef), se basa en la igualdad de oportunidades como un derecho humano. En este siglo más interconectado de toda la historia de la humanidad, la justicia social es nuestro desafío y posibilidad. Según Audrey Azoulay, directora de la Unesco, la educación es un bien público y la mejor inversión que podemos hacer.
Para el experto Javier Murillo, a fin de alcanzar la equidad y la inclusión en la educación, indica que las escuelas para que contribuyan a la justicia social deben tener tres elementos: escuelas de carácter equitativo, crítico y democrático. Estos principios básicos pueden incorporarse en todo el currículo nacional y así garantizar el acceso igualitario a la educación, especialmente en comunidades marginadas.
Asimismo, es hora de innovar la administración del 4% del PBI destinado a educación, con el fin de beneficiar a todos. De lo contrario, así el Estado, asigne el 10% del PBI, y de continuar administrándose como en la actualidad, perpetuaremos esta crisis que, entre otras cosas, es el resultado de un irresponsable manejo de los recursos por parte de quienes tienen la capacidad de gasto.
El hecho de que todas las instituciones educativas tengan servicios básicos, recursos pedagógicos y profesores medianamente capacitados, es un gran paso hacia la justicia social que todos aspiramos.
© David Auris Villegas. Escritor peruano, columnista pedagógico, profesor universitario y creador del ABDIVCP.
