Poder Judicial peruano: La reforma urgente

Muchos hemos escuchado la frase “justicia que tarda, no es justicia”. Esta expresión tiene un profundo significado, especialmente en un país como el nuestro, donde los sistemas de administración de justicia, como he mencionado en otros artículos y opiniones, están totalmente ideologizados y politizados. Además, su eficacia está muy por debajo de las expectativas ciudadanas.

Aunque la reforma de casi todos los sectores del Estado es urgente para garantizar los servicios esenciales a la población, la justicia constituye una piedra angular. Hoy, más que nunca, queda claro que las buenas intenciones no son suficientes y, por el contrario, generan mayor frustración entre los peruanos.

La administración de justicia es crucial en todos los estados, ya que un poder judicial eficiente y sensible a las necesidades de los ciudadanos es esencial para garantizar el bienestar colectivo. Por ello, es fundamental fortalecer su funcionamiento y capacidades en nuestro país.

Para iniciar una reforma urgente en la administración de justicia, es necesario entender y establecer un criterio claro: este sistema se sustenta en dos pilares fundamentales. Por un lado, está la gestión pública, que implica el manejo eficiente de las instituciones judiciales y la correcta administración de sus recursos. Por otro, se encuentra la labor judicial propiamente dicha, a cargo de los magistrados y los equipos que conforman los tribunales, quienes deben impartir justicia de manera oportuna y equitativa.

En el primer eje, es fundamental contar con funcionarios capacitados para garantizar que el servicio de administración de justicia sea eficiente. Esto implica ejercer un control efectivo sobre los sistemas administrativos, asegurando su correcto funcionamiento. Más allá de los procedimientos burocráticos tradicionales, se deben aplicar criterios que optimicen el uso de los recursos disponibles, así como establecer mecanismos de medición para evaluar los tiempos de los procesos y la efectividad de su ejecución.

En este mismo ámbito, es fundamental eliminar la figura del juez supernumerario. Estos jueces, de carácter temporal, suelen ser designados para cubrir vacantes provisionales, pero su participación afecta la estabilidad y calidad de la administración de justicia.

Además, se requiere elevar los estándares de preparación para ejercer como juez. Más allá de cumplir con los requisitos esenciales de su función, los jueces deben contar con una formación multidisciplinaria. Esto les permitirá, al momento de justificar resoluciones o sentencias, disponer de herramientas sólidas que sustenten decisiones más informadas y justas.

Estas son solo propuestas iniciales de una reforma que debe ser mucho más profunda e integral. La transformación no debe limitarse al Poder Judicial, sino también incluir a otras instituciones clave como la Fiscalía, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y las instancias de resolución alternativa de conflictos, como los centros de conciliación y arbitraje, tanto públicos como privados.

Muchos, cuando hablan de una reforma de justicia, se concentran únicamente en cambiar la rama judicial. Sin embargo, también es importante considerar el derecho blando (soft law), es decir, aquellas normas no vinculantes pero que influyen en la gestión de la justicia. Incorporar este enfoque podría ayudar significativamente a liberar la sobrecarga judicial, ya que existen asuntos que, si se gestionan adecuadamente mediante alternativas menos rígidas, mejorarían notablemente el servicio para los administrados y demandantes.

La reforma no debe limitarse a producir más leyes sin definir cómo aplicarlas correctamente. Es necesario abarcar estos ámbitos de gestión judicial que son igualmente relevantes, ya que permiten una mejor organización y optimización del sistema de justicia en su conjunto.

Hasta el día de hoy, persiste la idea errónea de que una reforma consiste únicamente en cambiar a dos o tres personas en puestos clave, creyendo que con ello se transformará una institución, un sector o cualquier otro ámbito. En realidad, es todo lo contrario: no puede hablarse de una reforma verdadera si no se reestructuran los cimientos de las instituciones.

La administración de la presidenta Dina Boluarte tiene una oportunidad única de dejar un legado histórico en estos dos últimos años de su gobierno. Una reforma profunda del sistema de justicia sería un paso decisivo para el progreso del país. Esperemos que este proceso se inicie pronto, en beneficio de todos los peruanos.