SON TRES AÑOS

El juez Richard Concepción Carhuancho ha estimado procedente la tesis fiscal que señala a Keiko Fujimori ser motor de una banda criminal instalada la cúpula de Fuerza Popular. Como consecuencia, se ha dictado treinta y seis meses de prisión preventiva contra la lideresa de dicho partido. Tres años que dejarían fuera de carrera electoral para el 2021.

Para el juez, la existencia de alta probabilidad en las acusaciones se sustenta en que Fujimori Higushi sí habría tenido participación en la ejecución del presunto delito de lavado de activos a razón de que su partido haya recibido US$ 1 millón entregados por Odebrecht en el 2011. 

El despacho dirigido por Concepción Carhuancho ha dejado constancia, en todo momento, estar de acuerdo con la “sospecha grave” de que Keiko, al ser líder máxima de FP, sea paralelamente la líder de la banca criminal allí instalada.

Dicha participación directa que haya podido tener Keiko Sofía Fujimori radicaría en ella “dispuso” que altos miembros y cargos partidarios, a instancia suya, solicitaran dinero efectivo a funcionarios de la empresa brasilera Odebrecht que, como es sabido, tuvo como método corrupto financiar las campañas políticas con mayor popularidad (como es el caso indicado para Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular) para luego engarzar sus intereses con los posibles gobiernos electos en cada país.

Ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, las defensas de los doce acusados miembros y allegados de Fuerza Popular y puntualmente la de Fujimori Higushi, perdió gravedad cuando el fiscal Juan Domingo Pérez terminó por incluir en su acusación las revelaciones del testigo protegido que empezó por brindar información del ingreso de dinero a la campaña del 2011 en la región San Martín, y que luego complementó su testimonio otorgando información acerca del rol y la función que cada integrante de FP cumplía alrededor de la figura de “la jefa máxima”.

Dicho testigo protegido no es otro (según las evidencias que, por medio de la Fiscalía, se han ido filtrando a la prensa) que Rolando Reátegui, congresista de la propia bancada naranja. Difícilmente se podría de que este congresista desconoce los entresijos de la cúpula fujimorista o que su aspiración por ser colaborador eficaz calza con un ánimo de distracción o evasión de la Justicia.

Curiosamente, Concepción Carhuancho, magistrado especializado en Derecho Penal, hizo cita del fallo del Tribunal Constitucional con respecto al caso del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa, la ex primera dama, Nadine Heredia. Aseveró que en aquella ocasión la audiencia que tuvieron que enfrentar el ex jefe de Estado y su esposa “se convirtió en un mini juicio”, acompañado del dramatismo típico que se imprimió desde los medios de comunicación.

¿Habrá querido decir, Carhuancho, que en esta ocasión el TC ya no tendría elementos suficientes para revocar una decisión judicial? Lo cierto,  es que el precedente en instancia constitucional, resuelto en favor de los Humala – Heredia, podría terminar beneficiando en pocos meses a Keiko Fujimori.