Dos vertientes

La próxima semana el Equipo Especial Lava Jato y funcionarios de la empresa brasilera Odebrecht firmarán un acuerdo que permitirá desencriptar archivos y correos relevantes para el avance indagatorio de los casos de corrupción que se investigan y que a la sazón se encuentran contenidos en los servidores My Web Day y Drousys.

Paralelamente a este importante acontecimiento, que encuentra consenso positivo de parte de la opinión pública por considerar oportuna la aclaración de toda la información que provenga de Brasil, la clase política ha reparado en un detalle no menor que podría complicar los términos del acuerdo.

Han sido, por lo menos, tres congresistas de las bancadas de Peruanos por el Kambio (PPK), Fuerza Popular (FP) y Frente Amplio (FA), los que han mostrado inquietud por que las condiciones del acuerdo sean convenientes para el Estado peruano y no se permita el deslinde de responsabilidades de Odebrehct, que estarían persiguiendo sus actuales funcionarios.

Este controversial detalle ha llevado, incluso, al congresista oficialista Jorge Meléndez a manifestar que “habrá que ver qué conviene más: si recibir la información o que ellos se libren de todos los compromisos que tienen, sobre todo, en temas de reparación civil, que es dinero que deben devolver al Perú”.

La recepción de nueva información y la devolución adecuada del dinero no son pendientes excluyentes entre sí, tal como lo presenta el congresista ppkausa; sin embargo, éste ratifica el cuidado pertinente que deben tener los fiscales peruanos al finiquitar el acuerdo. ¿O acaso las palabras de Meléndez respondan al temor del Gobierno peruano por lo que se pueda saber a partir de ahora?

Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, por su parte, ha manifestado que “si no se explican los términos de la reparación civil que se está concediendo al Estado peruano a cambio de determinados beneficios como la liberación de activos, es un convenio por la impunidad”. La parlamentaria fujimorista sustenta su comentario con el hecho puntual de la autorización de la venta de la hidroeléctrica Chaglla, como ejemplo de recuperación de activos en favor de los brasileros. “Son 1,200 millones de dólares que se van para el bolsillo de la empresa (Odebrecht)”.

Así mismo, Humberto Morales, congresista izquierdista del Frente Amplio, ha mostrado su preocupación al respecto tras mencionar que “la comisión Lava Jato, en su informe en mayoría, ha investigado once proyectos. Nosotros (informe en minoría) hemos hablado de cuatro proyectos más. Si (Odebrehct) solo va a declararse culpable en cuatro, ¿qué va a suceder en los demás casos? Si no se declara responsable a Odebrecht en todos los proyectos, ¿se estaría excluyendo responsabilidad a los demás?”.

Es una pregunta pertinente la del congresista porque no solo la constructora del Brasil podría verse beneficiada gracias a un mal convenio realizado por el Equipo Especial Lava Jato, sino que de producirse tal infortunio, también resultarían beneficiadas las empresas peruanas, como Graña y Montero y otras, que fueron socias de la corrupción en el Perú.