Nos quedamos sin respaldo para reparación civil

Manuel Romero Caro, García Belaunde y Yeni Vilcatoma plantean renegociar acuerdo con empresa carioca.

Luego de que el holding Odebrecht SA solicitara el lunes, ante el Tribunal de Sao Paulo, una protección contra la bancarrota, la cual fue aceptada el martes por un juez brasileño, diferentes especialistas y políticos emplazaron a las autoridades peruanas del Poder Judicial, Ministerio Público y Poder Ejecutivo a renegociar el acuerdo que se estableció en un primer momento con la transnacional, para garantizar la entrega completa de información, o el pago completo de la reparación civil.

Como se recuerda, el día lunes, el holding Odebrecht SA, matriz de las empresas que a nivel mundial están en los rubros de construcción, petróleo y gas, solicitó protección al Tribunal de Quiebras de Sao Paulo para reestructurar 51,000 millones de reales (US$ 13,100 millones) de deuda, según un comunicado. El tribunal aceptó la petición de concurso de acreedores para evitar la bancarrota con un plazo de 180 días de garantías de estabilidad jurídica.

Se debe precisar que en el Perú, el holding comprende 55 razones sociales, pero fue la firma Odebrecht Engenharia e Construcao (OEC)  la que firmó el acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público y la Procuraduría del Ministerio de Justicia, la misma que fue excluida de la declaración en bancarrota.

También han sido excluidas la petroquímica Braskem, la contratista OEC, y Ocyan, la incorporadora OR, Odebrecht Transport y el astillero Enseada, además de los Atos Agroindustrial, la misma que solicitó la suspensión de pagos el mes pasado.

El economista Manuel Romero Caro indicó ayer, en RPP, que lo ideal frente al hecho de que la matriz de Odebrecht se declare en quiebra, sería buscar la renegociación con la empresa subsidiaria en el Perú, y así garantizar la completa entrega de información a favor del Estado peruano.

“Yo lo que estoy planteando es que el Poder Judicial renegocie ese acuerdo, para conseguir más información ¿Qué cosa es mejor? ¿Conocer toda la verdad o conocer solo la verdad de un 6 % de las obras?”, se interrogó.

“El Poder Judicial tiene la obligación de aprobar, si es que esto está de acuerdo a lo establecido en los dispositivos legales vigentes. Se supone que nos iban a decir toda la verdad, y no podían mentir ni podían callar. Acá callaron, callaron lo de la Interoceánica (Norte…) Este es un momento ideal para negociar, para presionar más e incluir que ya no sepamos la verdad del 6 %, sino que sepamos la verdad lo más que podamos”, agregó.

Además, Romero Caro indicó que esta protección por bancarrota sí afectará el acuerdo que se estableció entre el Perú y Odebrecht, debido a que el mismo acuerdo establecía que en caso de que la subsidiaria no pudiera cumplir con la reparación civil, la empresa matriz sería la que asumiría este costo.

“Lamentablemente, no es cierto que esto no tenga consecuencias en nuestro país. Sí va a tener consecuencias. (…) Nos hemos quedado sin ningún respaldo efectivo para la reparación civil, porque el convenio dice que si fallara Odebrecht Perú en el pago de las obligaciones, la que responde es la casa matriz, y justamente la casa matriz es la que está en problemas, no va a poder responder entonces, ¿Qué activos le quedan?”, cuestionó.

Asimismo, el economista detalló que dentro del mismo acuerdo se señaló que Odebrecht tenía un déficit, el cual se incrementó luego de la venta de Chaglla; además, indicó que debido a esta situación fue que el fiscal José Domingo Pérez accedió a rebajar la reparación civil de la compañía.

“En el acuerdo preparatorio del acuerdo final de Odebrecht, suscrito el 7 de diciembre del año pasado, en la cláusula 6.4 B (…) [Odebrecht] tenía un déficit financiero de US$ 600 millones, al que había que sumarle los US$ 200 millones de la reparación civil, entonces, eran US$ 800 millones de déficit en rojo de Odebrecht”, recuerda el experto.

“Ese déficit se ha aumentado significativamente por dos razones: la primera, el mayor activo que tenía Odebrecht, de lejos equivalente a los dos tercios de los activos que tenía, era la Hidroeléctrica de Chaglla, pero se vendió a un grupo chino, y el fiscal [José Domingo] Pérez le rebaja el precio de reparación civil, y, lo más importante, lo exonera de la obligación de dejar el 50 % de lo que iba a recibir al contado el país. Eran 320 millones de dólares, gran parte de eso se fue a parar a los acreedores de Odebrecht en el exterior”, señaló.

NO CUMPLIRÁ REPARACIÓN

Posición similar tuvo la congresista y tercera vicepresidenta Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular), quien señaló que ante esta situación, lo más probable es que la transnacional ya no cumpla con el monto de la reparación civil que le correspondía pagar al Estado peruano.

“Se prefirió el camino de la colaboración eficaz, y lejos de asegurar el pago de la reparación civil, vemos que el acuerdo trae como resultado una serie de beneficios extraordinarios, que estarían orientados a beneficiar a la empresa en cuanto se ha pactado una ínfima suma de reparación, la cual va a ser cancelada en 15 años”, sostuvo.

Lo anterior “puede dar lugar a que se nos pague la primera cuota, para que saquen el acuerdo homologado, y después plantearnos esa situación de quiebra, de bancarrota, para eludir esa obligación de pagar por lo que nos han robado. (…) No nos debe importar que no tengan plata para pagarnos. La jueza no debe homologar ese acuerdo, basta de pensar en el delincuente antes que en Perú”, manifestó.

Frente a esta situación, la también exprocuradora reiteró que lo ideal sería que el Poder Judicial rechace la homologación del acuerdo, para así buscar otras medidas que garanticen que la compañía cumpla con el pago correspondiente.

“Ahora está en manos de la jueza, cuando ya es evidente la situación económica de quiebra de la empresa. Ahora mismo se debería desaprobar ese acuerdo en este extremo, y hacer que se den las medidas cautelares para asegurar el pago de la reparación civil, con los activos que pueda tener en el país”, enfatizó.

Debido a esta situación, Vilcatoma señaló que los responsables de la posibilidad de que el Perú se quede sin cobrar la reparación civil son los integrantes del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, así como los representantes del Poder Ejecutivo que tuvieron relación con este acuerdo.

“Nosotros lo advertimos, los únicos culpables son los fiscales y el procurador. (…) También en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Justicia, que reglamentaron de manera tan beneficiosa la Ley 30737”, recalcó.

SÍ AFECTARÁ AL PERÚ

A su turno, Víctor García Belaunde (Acción Popular), exintegrante de la Comisión Lava Jato, también aseguró que el acuerdo firmado con Odebrecht sí se verá afectado por esta declaratoria.

“Claro que sí [afectará al Perú] porque es la misma [empresa]. Las compañías de Odebrecht en el Perú son satélites, dependen de la principal, y si la principal colapsa, ¿qué pasa con las demás?”, preguntó.

“Hay que recordar que el Banco Mundial pidió que ningún miembro de la Banca Internacional haga negocios con Odebrecht, porque les había mentido. Se declaran en quiebra, para reestructurarse sobre la base de no pagar, y pagar lo importante, a medias, con intereses. Eso va a afectar al Perú de todas maneras, es increíble que el Gobierno promoviera con los fiscales un acuerdo que ha dado tan pocos resultados”, señaló.

Asimismo, el acciopopulista además cuestionó que se haya permitido la venta de Chaglla, a través de una figura que no le permitió al país recibir pago alguno de parte de la transnacional por esta venta.

“No se entiende cómo pueden haberle perdonado [a Odebrecht], no haber intervenido, ni embargado, ni haber confiscado todo el patrimonio de Odebrecht en el Perú. Incluso, se permitió que se venda su principal activo, que era la Hidroeléctrica de Chaglla, y no haber sacado un centavo de eso, porque hasta ahora el Gobierno no ha recibido un centavo. Solo se pagaron los impuestos correspondientes”, señaló.

El legislador insistió en desestimar que la misma filial de la empresa en el Perú, así como el fiscal Rafael Vela, hayan asegurado que esta situación no afectará el acuerdo en el Perú.

“¿Qué sabe el señor [Rafael] Vela de negocios? Aparte ¿quién le cree a Odebrecht? [Esa empresa] ha mentido en todas partes, le ha mentido al Perú, ha dicho que no hubo coimas en una serie de obras en las que se descubrió que sí hubo coimas. ¿El señor [Rafael] Vela va a avalar a Odebrecht? Que lo avale con su patrimonio. El tema es grave, lo único que ha garantizado Odebrecht es el pago de la primera cuota de los 15 años, hay un fideicomiso, pero ¿el resto quién lo avala?”, remarcó.

Gutiérrez: reparación sí podría pagarse

Quien tuvo una posición diferente fue el expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, quien explicó que esta situación no afectaría la reparación civil, esto debido a que es una cantidad ínfima y un monto muy pequeño para la compañía carioca.

“La matriz estaba en calidad de garante, en la eventualidad de que no se pague al fisco peruano, pero la verdad es que la cantidad es irrisoria, porque van a pagarle al Estado peruano US$ 200 millones en un periodo de 15 años, en cómodas cuotas, cuando se ha tenido la posibilidad de cobrar vía Gasoducto unos tres años, porque no tengo dudas de que van a ganar el arbitraje de cerca de US$ 1,100 millones”, explicó.

Gutiérrez manifestó que la posibilidad de no tener el riesgo de que la empresa no pague la reparación civil demuestra lo deficiente que fue el acuerdo que estableció el Ministerio Público con la transnacional.

“¿Hay riesgo de que no pague? No, pero eso resalta la ridiculez del acuerdo con la Fiscalía, es decir, pedir 200 millones de dólares, cuando la demanda en el Gasoducto va a favorecer a la empresa, por todas las torpezas que está cometiendo el Estado peruano. Es decir, van a cobrar 1,100 al contado, y pagar 200 en 15 años”, argumentó.

(Fuente www.expreso.com.pe)