Recién cuando se había cerrado investigación de Ecoteva y se le consultó públicamente sobre exaliado de Toledo, fiscal Pérez interrogó a polémico ‘moralizador’.
Catorce años después de que gestionara ante la Contraloría General de la República el levantamiento de observaciones a la Carretera Interoceánica Sur, y un año después de que lo admitiera en la Comisión Lava Jato del Congreso, Fernando Olivera ha sido interrogado en el Ministerio Público (MP) por esta obra que Odebrecht y sus socios lograron sobornando a altos funcionarios.
“Es un refrito, en verdad, porque todo lo basan en una conferencia de prensa que yo di el 13 de agosto, cuando rompimos el acuerdo de gobernabilidad y moralidad con Perú Posible. Y en una declaración política di cuenta del trabajo del Frente Independiente Moralizador del cual era presidente”, sostenía el exaliado del ahora prófugo Alejandro Toledo.
Si bien Olivera intentaba minimizar los procesos por los cuales ha sido citado (el iniciado hace años al expresidente, y el recientemente abierto, a raíz de una denuncia particular), lo cierto es que nunca se le ha investigado a fondo.
Ahora vive cómodamente en Europa, lo cual llama la atención de más de uno, y no ha sido ni podrá ser involucrado como investigado en el caso Ecoteva –lavado de activos con dinero del soborno- que a nivel fiscal ya fue cerrado con la acusación. Tampoco figura en esa calidad en el caso Lava Jato que se venía siguiendo a Toledo desde hace tres años.
DENUNCIA
El 30 de enero, Sebastián Garaycochea le interpuso denuncia a Olivera ante la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, por organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias, negociación incompatible y lavado de activos. Quince días después, agregó indicios en un segundo escrito.
“Me estoy basando en lo que ha salido en medios de comunicación, y de lo cual no se ha conocido que haya investigación para Olivera. En la denuncia están también Toledo y los exministros Javier Ortiz Rivera y René Cornejo, porque hay indicios de que ellos fueron parte del andamiaje para favorecer a Odebrecht”, indicó Garaycochea a EXPRESO.
Los hechos son las mismas declaraciones del imputado, respecto a que en julio de 2005 había acudido a la sede de la Contraloría para conversar con su entonces titular, Genaro Matute, para levantar las observaciones al proyecto de la Interoceánica Sur, por el que Toledo le había pedido hacer ‘lobby’.
“Barata declaró que le habían dado unos 20 millones de dólares a Toledo a través de su testaferro Josef Maiman, pero en los peritajes de la misma Fiscalía solo hay poco más de 9 millones en las cuentas de Maiman. Queremos saber dónde fue este saldo, si a Olivera, Ortiz, Cornejo u otro operador”, agrega el denunciante.
En ese momento surgió la interrogante: ¿Por qué ahora el MP abre investigación preliminar a Olivera, si la denuncia se basa en hechos que son de conocimiento público desde hace varios años?
Incluso la visita a Contraloría fue denunciada por el mismo Matute en el 2008 ante una comisión investigadora del Congreso, se repitió el 11 de enero del 2017 en la voz de Edgar Alarcón –entonces responsable de la CGR-, y el 28 de mayo del 2018 por el mismo exministro en el grupo investigador que dirigía Rosa Bartra.
“Extraña que antes no se le haya investigado de esta manera a Olivera. Mi denuncia fue derivada al despacho del fiscal José Domingo Pérez, y la semana pasada fui a la citación. Me llamó la atención que solo me preguntaran si me ratificaba en mi denuncia y si tenía algo más que agregar. Todo no pasó de 10 minutos, lo cual es raro para un caso emblemático”, acota Garaycochea.
Como lo lee, amigo lector, pasaron cuatro meses para que recién Pérez convoque al denunciante, una dinámica que cambió desde el 19 de junio último.
Ese día, el fiscal dio una conferencia de prensa acompañado de Rafael Vela y de los procuradores del caso Lava Jato Jorge Ramírez (titular) y Silvana Carrión (adjunta). Una de las últimas preguntas fue sobre si se iba a aprovechar el testimonio de Josef Maiman para preguntarle por Olivera.
“Está sujeto a una investigación preliminar, como tal le asisten todos sus derechos como investigado. No podemos revelar si tiene relación o vinculación alguna con el procedimiento de colaboración eficaz del señor Maiman porque todavía no ha sido objeto de homologación. Por tanto, esos procedimientos son estrictamente de carácter reservado, en plena garantía del modelo procesal actual”, dijo Vela.
BANDA DE UN SOLO MIEMBRO
Domingo Arzubialde, exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, fue condenado hace unas semanas a cuatro años de prisión efectiva. Se le acusó de colusión por alterar los cálculos técnicos para aumentar el precio de los peajes de la Vía de Evitamiento, pero la Fiscalía no incluyó a nadie como cómplice.
Otro ejemplo de lentitud en el MP es el caso de Línea Amarilla. Recién a raíz de la declaración de Leao Pinheiro en Brasil, de que se le dio dinero a Susana Villarán a cambio de aumentar el precio de los peajes, se está incidiendo en este punto.
Así lo informó el programa Punto Final, revelando supuestos “nuevos hallazgos” del equipo que dirige Vela, cuando todo esto se sabía documentadamente desde hace casi dos años.
En agosto de 2017, el programa Panorama ya había publicado documentos de la misma Municipalidad de Lima, que demostraban este hecho, sucedido en 2014.
Incluso se advertía que la primera adenda -que extendía de 30 a 40 años la concesión- se había firmado el 13 de febrero, en pleno proceso de revocatoria, y un día antes se había hecho una transferencia de millones de soles a una empresa fantasma del Perú.
En esa ocasión había sido Roberto Trombeta el confesor. A esto se añade que el testimonio llegado desde Brasil figuraba en la investigación de la Comisión Lava Jato que presidía Rosa Bartra.
“Trombeta detalló que OAS sucursal del Perú firmó un contrato ficticio de asesoría con la constructora chilena Andreu Ltda que les permitió transferir a una cuenta de esta empresa US$ 6.150.000”, figura en dos informes finales del Congreso, tanto en el de mayoría como en el de minoría.
Como en el caso de Olivera, ya había indicios -o elementos de convicción- de conocimiento público hace años, pero no se pasaba a ejecutar mayores apremios ni acusaciones a los imputados.
El programa Panorama reveló, el domingo, una fuerte acusación del fiscal José Domingo Pérez contra su colega Hamilton Castro, quien estuvo encargado del caso Lava Jato hasta 2018. Dijo que había demorado el trámite (por “inactividad”) del proceso a Alejandro Toledo, permitiendo que este viaje a Estados Unidos.
La llamada “inactividad” de Hamilton Castro vendría, según Pérez, desde el 21 de noviembre de 2016 en que el ex ejecutivo de Odebrecht Jorge Barata solicitó acogerse a la colaboración eficaz, que se inició de inmediato, se levantó un acta y, lo más importante, declaró en detalle la coima que le pagaron al entonces presidente Alejandro Toledo por las Interoceánicas.
Sin embargo, 42 días después, es decir el 10 de enero de 2017, día en que Toledo fuga del país, no se había avanzado nada en el expediente del ex mandatario.
No solo Castro sino el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tampoco hizo nada. Es más, al presentar en sociedad al primer equipo especial Lava jato con Castro a la cabeza declaró que no había nombres en el caso del expediente abierto a raíz de las declaraciones de Barata.
“… Se ha afirmado en algunos medios, que yo conozco el nombre de las personas involucradas en estos hechos, en estas investigaciones (…) esto no es cierto (…)todavía no hay nombres”, dijo el alto magistrado, pese a que ya tenía expediente abierto.
Cuando fuga Toledo, el fiscal astro recién decide iniciar las diligencias de colaboración, según Pérez.
Castro ha respondido que no podía abrir investigación porque no tenía, de parte de Odebrecht, documentos sobre Toledo, que recién llegaron en febrero de 2017. Y sobre las acusaciones de “inactividad” de su colega Pérez, no tuvo otro camino que calificarlas de subjetivas.
“Resalto o subrayo que se trata de una apreciación subjetiva que debe ser ventilada no en la prensa sino a nivel de los canales internos del Ministerio Público”, dijo Castro.
“Es como si yo dijera que el señor Pérez ha incurrido en inactividad o en alguna omisión porque no ha requerido dentro de la colaboración eficaz (…), en febrero de 2017, a la empresa Odebrecht, respecto de otros pagos ilícitos que se habrían efectuado, respecto de más de 20 proyectos que deberían ser dilucidados”, fue la respuesta de Castro a Pérez.
Esto demuestra que en 2018 –cuando el equipo Lava Jato renovó a su personal- había más información sobre obras de Odebrecht realizadas por medio de sobornos, y no solo las cuatro aceptadas en el acuerdo de colaboración eficaz (Línea 1 del Metro, Vía de Evitamiento del Cusco, Costa Verde del Callao y la referida Interoceánica Sur).
(Fuente www.expreso.com.pe)
27 Julio, 2022
24 Mayo, 2019
