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Columna

Los primeros 100 días de gobierno de Keiko Fujimori y la Seguridad Ciudadana

Analicemos estos primeros 100 días de gobierno en lo que corresponde a la Seguridad Ciudadana:

  1. Viaje a El Salvador: como tema protocolar o diplomático puede verse bien. Bukele evidencio poco interés y asesoró a la presidenta resaltando el abismo entre las realidades de ambos países. En un tema de control y/o administración de penales, consideramos que puede haber resultado positivo, pero la visita personal de la mandataria debe ser vista solo como un mensaje o imagen de impacto. De otra manera no se entiende su visita (pudo ir una comitiva, incluido el ministro de Salud Dyer) a un país cuya gestión gubernamental hoy dista mucho de lo democrático.

  2. Comando Unificado – Escudo de las Americas: Se presentó a un vigoroso fornido y equipado contingente de efectivos (900 de las FFAA y 300 del PNP), otra supuesta medida de impacto o de publicidad. Aparece como una respuesta al Tráfico Ilícito de Drogas y la Minería Ilegal. Es una nueva mirada Norte Americana a America del Sur. Pero: ¿dónde opera? (se dijo el pentagonito), ¿quién los dirige?, ¿cómo coordinan?, ¿cuáles son sus jerarquías?, ¿ante quien se responde o cuál es su cadena de mando?, ¿tiene un respaldo legal?, ¿cuál es la ley que lo rige o su estatuto? Si con el escudo de las Américas se pretende introducir un caballito de troya para impulsar otros intereses, como por ejemplo una incómoda presencia China, o sobre minerales estratégicos, sobre el litio, esto sería una intromisión que no es dable. Si se va a utilizar para captar información, inteligencia, tecnología o asesoría y apoyo logístico o militar, esto si estaría bien.

  3. Delegación de facultades: vemos medidas aisladas e inconexas. Como recientes decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad (noviembre 2026), tenemos:

  4. Modificación en Legítima Defensa (Decreto Legislativo N° 1743): se modifica el Código Penal para reforzar la protección de los ciudadanos que actúan en defensa propia. Se elimina el criterio de proporcionalidad de medios para valorar la agresión, reemplazándolo por la racionalidad del medio empleado según las circunstancias y la intensidad del ataque. Las resoluciones judiciales que desechen esta presunción requieren una motivación cualificada bajo sanción de nulidad.

  5. Modificaciones al Código Penal y Sanciones (Decreto Legislativo 1744): Se endurecen las penas y se sanciona penalmente a quienes presten o faciliten el uso de cuentas bancarias y billeteras digitales para canalizar dinero proveniente de extorsiones.

  6. Se permite la conversión de penas privativas de libertad a vigilancia electrónica personal en casos con penas no mayores de 10 años, bajo ciertos criterios, e incrementa penas (hasta un tercio por encima del máximo) si los delitos involucran a dos o más personas, uso de inteligencia artificial, afectación de activos críticos, entre otros.

  7. Se establecen normas estrictas para la incautación, registro y cadena de custodia de armas de fuego, municiones y explosivos, con comunicación obligatoria a Sucamec en 24 horas.

  8. Apoyo de las Fuerzas Armadas en Penales: se utiliza a militares en cosas que no son militares. Se autorizó la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas para reforzar el control externo de los establecimientos penitenciarios declarados en emergencia a nivel nacional, en coordinación con el INPE y la Policía Nacional del Perú. Como medida de impacto puede estar bien, pero el fondo del asunto y la medida que se necesita es repotenciar y mejorar al INPE. El traslado de internos, su reubicación, el tratamiento penitenciario de cabecillas etc. debe de ir de la mano con la reformulación del sistema penitenciario nacional, dígase: del INPE.

  9. Modificación al Reglamento de Juntas Vecinales (Decreto Supremo publicado el 9 de noviembre de 2026): Actualiza el Registro Nacional de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana a cargo de la PNP y regula el control y supervisión de los bienes asignados a estas organizaciones comunales.

Faltan medidas de fondo que deberían ir acompañadas de una estrategia clara, comunicada y divulgada a la población para darle tranquilidad y que también causarían impacto para reducir la percepción de inseguridad que está en un 78%, alcanzando picos superiores al 85% en las zonas periféricas de nuestras ciudades.

No se necesita más que decisión política para: potenciar los Centros de Control y Monitoreo Metropolitano (C5) unificando las cámaras de videovigilancia de los 43 distritos de Lima. El MININTER hace rato ha debido sacar un Shock de instalación de scanners de detección de armas, explosivos y de placas, cámaras águila, drones de primera respuesta y de vigilancia, videovigilancia inteligente y analítica, geolocalización, biometría, aplicaciones de comunicación de emergencias (botón de pánico - 911), sistemas de detección de disparos: todo conectado a una central de monitoreo en tiempo real con tecnología de punta y sala de crisis. Hace días se debió ampliar la flota y el patrullaje, adquisición y distribución de patrulleros de serenazgo, sobre todo motocicletas y drones en mancha destinados al acordonamiento, captura y contención del crimen. Desde el primer día hizo falta un shock de equipamiento a serenos y policías; con tecnología y armamento de primer nivel, equipamiento interconectado en tiempo real, con un impacto disuasivo y de respuesta a los criminales. Desde hoy mismo la PCM y el MININTER deben incrementar de inmediato el número de efectivos policiales en las calles, redistribuyendo a la gente que ya tiene la PNP. Liderar conjuntamente con el Comandante de la PNP, que los policías encargados de tareas administrativas, de tránsito y de resguardo de infraestructura, utilizarlos eminentemente en seguridad e investigación. Las tareas administrativas se encargarían a los policías en condición de retiro, el control del tránsito a los civiles y el resguardo policial a las fuerzas armadas.

  • François Novaro

  • A B O G A D O

Las opiniones expresadas en esta columna son de responsabilidad de quien la firma y no representan necesariamente la posición editorial de Punto de Encuentro.

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