Santiago Felix Morán - Director General Punto de Encuentro
¿Estaba realmente preparado Fuerza Popular para gobernar? ¿Qué ocurre con una sociedad cuando deja de confiar incluso en quienes deben protegerla? ¿Por qué seguimos discutiendo obras aisladas en vez de sistemas?
Cinco semanas son muy pocas para juzgar resultados. Son, sin embargo, suficientes para juzgar si Fuerza Popular estaba preparada para gobernar. Nuestro Perú carga taras irresueltas desde hace largo rato; la seguridad ciudadana, el crecimiento económico, la reforma estatal o la infraestructura necesaria son asuntos imposibles de resolver en treinta o cuarenta días. Por consiguiente hacer la distinción entre resultados y preparación resulta particularmente importante para una administración encabezada por un partido político que lleva veinte años ocupando un lugar central en la política peruana y quince pretendiendo llegar a Palacio de Gobierno.
Fuerza Popular no puede reclamar el beneficio de la inexperiencia.
Resulta sin pies ni cabeza exigirle a Fujimori haber eliminado la ola de extorsiones en cinco semanas. Es absurdo pedir resultados económicos estructurales. Es disparatado reclamar que las medidas de mitigación de impacto del Fenómeno de El Niño (FEN) ya hayan sido desplegadas. No obstante, no es absurdo preguntar si el gobierno llegó a su toma de mando con una ruta definida para conseguir esos resultados. Asimismo, tampoco es absurdo observar cómo el gobierno ha venido coordinando, seleccionando sus prioridades, eligiendo la calidad de sus instrumentos y su capacidad de ejecución. Fuerza Popular recién inicia su mandato, tiene tiempo para resolver, no debería necesitar demasiado para diagnosticar. Una cosa es necesitar tiempo para obtener resultados. Otra muy distinta es necesitarlo para descubrir qué hacer. FP no puede remedar al que los venció el 2021, Castillo, y su infame “proceso de aprendizaje”.
Veinte años para prepararse
Keiko se introdujo institucionalmente a la política en el gobierno de su padre, sin embargo, tuvo agencia plena sobre su participación desde el 2006 cuando fue congresista. Luego ha tenido tres candidaturas presidenciales fallidas: 2011 perdiendo contra Ollanta Humala, 2016 perdiendo contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y 2021 perdiendo contra Pedro Castillo. En este 2026, en la culminación de su segunda década en el ojo de la tormenta política obtiene la victoria frente a Roberto Sánchez. Lo relevante es que Fuerza Popular ha sido oposición, mayoría parlamentaria, protagonista de crisis Ejecutivo-Legislativo y ahora Gobierno. Fuerza Popular no llegó a Palacio desde la periferia del sistema, sino que pasó dos décadas recorriendo prácticamente todos sus pasillos.
El 2016, por ejemplo, Keiko quedó extraordinariamente cerca de la Presidencia. Consiguieron 73 de los 130 escaños en el congreso; fueron mayoría absoluta, no eran espectadores. Durante ese período conocieron las capacidades y limitaciones del congreso y fueron una organización con experiencia directa del poder.
Lo que es más, el rol de Fuerza Popular en la vida política nacional solo de la última década ha sido el del protagónico en diversos momentos. Fueron protagonistas durante la gestión truncada de PPK, lo ocurrido con Kenji y la fractura interna, la pérdida de la mayoría, el inicio de Vizcarra, la disolución del Congreso y muchísimas otras peripecias. Por consiguiente, sin detenernos a establecer culpabilidades, lo que es irrefutable es que FP siempre estuvo en primera fila durante épocas de mala gobernabilidad y ha vivido las consecuencias de esta. Pocos partidos han tenido una escuela del poder tan extensa y accidentada como Fuerza Popular.
En la tercera candidatura de FP, en 2021, nuevamente perdieron por un margen diminuto. Y teniendo dos experiencias contiguas de la misma naturaleza, FP supo que ganar las siguientes elecciones era un escenario completamente plausible. Por tanto, entre 2021 y 2026 hubo tiempo para preparar cuadros, propuestas, proyectos legislativos, escenarios de gobierno, etc. Sin embargo, hoy debemos cuestionar si FP estuvo a la altura de las circunstancias establecidas por ellos mismos.
La experiencia política deja de ser un mérito cuando llega el momento de convertirla en capacidad de gobierno. Ahora ya en Palacio, FP se encuentra frente a un Legislativo donde no tiene mayoría absoluta. Es decir, requiere negociación en el parlamento. No obstante, la experiencia parlamentaria acumulada debería ser precisamente una ventaja para hacerlo. Y Fuerza Popular debe darse cuenta que ya no está en el laboratorio: ya llegó el examen. Veinte años bastan para muchas cosas; entre ellas, saber qué ocurre cuando un Gobierno llega sin estar preparado.
Gobernar también es escoger
La carta de presentación del nuevo Gobierno se dio en el primer mensaje presidencial el 28 de julio. Keiko identificó al FEN y la seguridad como emergencias. Habló de método, disciplina, prevención e incluso de ruta clara. Esto último es enormemente importante pues la vara más justa para medir estas primeras semanas no la ha puesto la oposición sino la propia presidente el día de nuestra independencia.
De igual manera, es necesario ser justos en la descripción de estas primeras semanas de Gobierno. Lo cierto es que paralizado no está. El mandato de Keiko ha iniciado teniendo algunos aciertos como la instalación expeditiva del Gabinete, la presentación de la Política General dentro del plazo, algunas medidas sobre El Niño y el inicio de las acciones en seguridad.
Desafortunadamente, no salen ilesos de este primer balance pues ya se ven las primeras grietas de coordinación. Aún están frescas en la memoria las pullas por el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), el caso Arriola, o los avances y retrocesos en lo concerniente a la línea Lima-Chosica. Se podría alegar que este escenario es natural de un Gabinete plural cuya virtud es la diversidad de opiniones. Sin embargo, es un verdadero problema si Presidencia o PCM no logran convertir la discusión en política común.
Luego, desde el 29 de julio se auguraba un segundo hito de este inicio de gobierno. El 29 de julio, en el primer Consejo ya se había revisado el instrumento para solicitar facultades legislativas. Lo que es más, se anunció que en la siguiente sesión este documento se aprobaría. Es decir, el pedido de facultades no fue una ocurrencia tardía, estaba sobre la mesa prácticamente desde el primer día. El pedido se presentó al parlamento un mes después.
Una vez presentado, vimos cómo de haber determinado que lo urgente eran El Niño y la seguridad - materias de naturaleza imperativa, ineludible y difíciles de rechazar - arribamos a un paquete donde el Gobierno determinó que requerían 66 delegaciones en ocho grandes materias. Esta amplitud genera, pues, una complejidad parlamentaria innecesaria y entorpecedora. Entonces, se debe consultar por qué el Gobierno pidió tantas facultades.
Una tesis indica que concentrar reformas en un solo paquete puede ser más eficiente y que hay que aprovechar la ventana política ahora que existe. Además, se puede alegar que 66 materias no reflejan improvisación pero preparación y que un Ejecutivo requiere de herramientas para trabajar. Similarmente, parece viable explicar que la demora es indicativa de una revisión cuidadosa de los asuntos presentados.
Sin embargo, FP no cuenta en esta iteración democrática con mayoría absoluta y cada materia adicional crea actores afectados (stakeholders) y razones de negociación. Galarreta está ahora reuniéndose con cada bancada, se respeta la negociación. Pero, ¿cuánto de esta negociación era inevitable y cuánto creó el propio diseño del instrumento? Fuerza Popular, al intentar gobernar, puede haber hecho una mala inversión de su capital político finito al no haber sabido donde gastarlo. Entonces, ¿Ganó el Ejecutivo capacidad de acción ampliando el pedido, o convirtió dos urgencias difíciles de rechazar en una negociación parlamentaria sobre 66 puntos? Gobernar también es escoger.
Entonces, no es de interés público que nunca haya errores, eso sería absurdo, interesa que haya muestras verdaderas de preparación y capacidad de corrección. En los próximos cinco años, FP deberá concentrarse en resolver rápido las contradicciones que se generen, priorizar adecuadamente las urgencias nacionales, coordinar constantemente y aprender de sus errores. La preparación de un Gobierno no se demuestra evitando todo error, sino evitando que cada error se convierta en improvisación.
Resultaría paradójico que Fuerza Popular, después de años denunciando la improvisación, fragmentación e incapacidad ejecutiva de los gobiernos que enfrentó desde el Congreso, reprodujera ahora algunas de esas mismas deficiencias desde Palacio. Gobernar permitirá comprobar si aquellos problemas pertenecían únicamente a quienes ocupaban el Ejecutivo o si revelaban dificultades más profundas del propio Estado.
Cuando desconfiar deja de sorprender
El pasado domingo, Trujillo experimentó entre gallos y medianoche un escenario de terror hoy tratado como el pan de cada día. En medio de la madrugada, un empresario fue interceptado junto a una comparsa la cual fue asesinada dejando un saldo de cuatro fallecidos y se secuestró a un empresario. Los atacantes tenían apariencia o equipamiento policial y actuaron con una frialdad espeluznante. Los delincuentes no se limitaron a usar armas, usaron también la apariencia de la autoridad.
Nada de lo conocido hasta la fecha de publicación que permite a Punto de Encuentro afirmar que miembros de la Policía participaron en el secuestro. Es más, ciertas sospechas iniciales han sido desmentidas o severamente cuestionadas. Por ejemplo, el vehículo con placas del MININTER captado en video ha sido catalogado como un vehículo con placas adulteradas. Consecuentemente se debe respetar que existe una investigación en curso y no se debe convertir una sospecha en una acusación ni una editorial en un rumor.
Sin embargo, el hecho de que no esté probado no hace irrelevante la reacción social. Mucha gente encuentra realmente plausible la hipótesis. Y ¿cómo no? Según la última medición disponible del INEI la confianza hacia la PNP solo es del 13,4% de la población mientras que su desconfianza se eleva a 84,6% a abril del presente año. Además, ha habido un descenso prolongado en el tiempo desde el 2014, ya doce años. Por tanto, es válido aclarar que la desconfianza antecede al presente caso. Similarmente, es necesario enfatizar que en esta situación en concreto, Trujillo funciona como espejo, no como prueba. Pues, aunque la gravedad de la sospecha no demuestra su veracidad, si demuestra la profundidad de nuestra desconfianza. Una institución de seguridad enfrenta un problema gravísimo cuando su inocencia deja de ser la presunción espontánea de quienes debería proteger.
Es necesario, también, ver el origen de la desconfianza para dejar de tratarla como un concepto etéreo y carente de significado. La desconfianza ocurre pues hemos sido testigos de casos de corrupción policial, a efectivos investigados, detenidos y juzgados, a abusos diarios contra la población y demás. Por tanto, aunque la sospecha pueda ser injusta en un caso concreto sigue siendo comprensible como fenómeno social.
Es hidalgo no dejar de mencionar algunos de los aciertos de la PNP. Ha habido mejora en algunos indicadores como los de homicidios y robos vehiculares. Hace pocos días capturaron a Jhonsson Pulpo en una acción coordinada internacionalmente. Y la PNP constantemente trata de mejorar sus capacidades reales. Es más, sería tan irresponsable negar la crisis de confianza como utilizarla para fingir que la Policía carece de capacidades. Sin embargo, capacidad operativa, voluntad política y legitimidad institucional no son la misma cosa y la PNP necesita las tres.
Hago hincapié en la confianza, pues esta no es un accesorio reputacional de la seguridad pública. Es infraestructura policial. Sin confianza, los crímenes dejan de ser denunciados, los testigos dejan de colaborar, las cadenas de información se ven interrumpidas, la cooperación vecinal se vuelve reticente a colaborar, el respeto a la intervenciones policiales cesa de existir, la legitimidad en el uso monopolizado de la fuerza se cuestiona. Entonces, confianza no es relaciones públicas, tiene implicancias reales en nuestra lucha contra la inseguridad ciudadana.
El General Arriola se encuentra severamente cuestionado por gran parte de la clase política contemporánea. Punto de Encuentro no tiene hoy elementos suficientes para exigir la salida de Óscar Arriola. Tampoco tiene elementos suficientes para convertir su permanencia en una causa institucional. Los hechos son que fue nombrado antes de Keiko, la ley le da mandato protegido, la institución importa más que el individuo, y el objetivo de estabilidad en la PNP es razonable. Ergo, la pregunta no es si Arriola debe quedarse porque la ley lo protege, sino bajo qué condiciones cualquier comandante general debe conservar el derecho a dirigir la Policía.
La Ley 31570 es la encargada de regular la permanencia en el cargo del Comandante General y los motivos por el cual se le puede remover. Las causales incluyen únicamente por: muerte, solicitud de pase al retiro, incapacidad física permanente declarada por junta médica, falta muy grave conforme al régimen disciplinario, delito doloso declarado por sentencia firme, o delito flagrante. Quedan excluidas causales de índole moral, política o inclusive por un desempeño deficiente. Esto se determinó así para evitar la rotación excesiva de la cabeza de la PNP. El desafío es proteger al comandante general del capricho político sin protegerlo de las consecuencias de su desempeño.
Este caso nos remonta a la sección anterior, pues el ministro Belaúnde también ’metió su cuchara’ en el asunto. Luego de que se presentara de manera muy confusa a 4 detenidos indicados inicialmente como autores materiales del crimen y alegando que se trabajó en el rescate del empresario aunque luego nada de eso haya sido cierto, Belaúnde, Ministro de Defensa no del Interior, apareció en una foto presuntamente interrogando a un detenido. En asuntos de seguridad, la urgencia puede exigir coordinación entre sectores, pero no se puede permitir que se borren las fronteras entre sus responsabilidades.
Es cierto que la crisis no inicia con Keiko. Sería absurdo responsabilizarla por décadas. Pero la seguridad fue declarada en emergencia prioritaria por ella misma. Ahora hereda la responsabilidad por la respuesta y su legado se medirá también por la confianza institucional, no solo las capturas. Pues, el fracaso último de la PNP no ocurre solo cuando el delincuente deja de temerle, ocurre también cuando el ciudadano deja de creerle.
Lima no puede pavimentar su salida del tráfico
Estas reflexiones vienen a colación a raíz del encontrón entre Rafael Rey y Rafael López Aliaga. Existe una discusión sobre si los trenes fueron una verdadera donación o si fue una compra encubierta. Existen cuestionamientos al estado técnico de los trenes. Existen observaciones referentes al costo de ponerlos a operar. Existe la posibilidad de que los trenes sean enviados a Tacna o Puno. Y aunque todos los cuestionamientos son legítimos, ninguno responde a la cuestión metropolitana. Puede ser importante saber quien compró los trenes, quien los donó o cuánto costará hacerlos funcionar. Pero ninguna de esas respuestas soluciona la principal pregunta: qué papel deberían desempeñar dentro del sistema de movilidad que Lima necesita. El Perú discute una sola línea cuando debería discutir el sistema de transporte.
La escala real de Lima es que con sus poco más de 11 millones de habitantes requiere alrededor de 24 millones de viajes al día. La situación capitalina es que el promedio de velocidad del transporte es de 13 km/h y 7 km/h en hora punta. El transporte público convencional (e.g. ‘micros y combis’) sigue moviendo a la enorme mayoría del transporte público. Lima se mueve mediante un sistema ineficiente y fragmentado. El costo real son horas humanas. No es verdad que Lima no tiene transporte. Lima sí se mueve. El problema es cómo se mueve. Una ciudad cuyo transporte público puede avanzar 7 kilómetros por hora en hora punta no tiene simplemente congestión. Tiene un problema de diseño.
Hoy el desorden causado por la infinidad de rutas superpuestas y/o informales, muchos buses con poca capacidad útil y el espacio que ocupan los autos por persona es innegable. Por consiguiente, una política de transporte debe medir primero personas movidas, no vehículos movidos; y la infraestructura no existe para que circules automóviles, existe para que circulen personas, bienes y servicios.
Nadie menciona, además, que ya existe un plan sobre el cual trabajar. A fines del año pasado se aprobó el Plan de Movilidad Urbana 2025-2045. Este plan recomienda implementar aproximadamente 200 proyectos incluyendo metro, buses de transporte rápido, teleféricos, caminabilidad, etc. con un horizonte de 20 años. Causa curiosidad además que una de las recomendaciones es que Lima tenga 9 líneas de metro al 2045. La paradoja es que Lima ya tiene, sobre el papel por lo menos, buena parte del sistema que necesita. El desafío ahora es construirlo e implementarlo.
El ciudadano no necesita un proyecto específico de trenes, buses o teleféricos por principio, necesita llegar. La buena planificación comienza cuando dejamos de escoger tecnologías o proyectos favoritos y empezamos a escoger soluciones.
Escapando momentáneamente del problema de las metrópolis, el transporte entre regiones es otro problema que hay que solventar rápidamente. El Perú necesita más carreteras que integren a nuestras regiones, mercados, puertos, fronteras, centros productivos, etc. También requiere el mantenimiento y mejora de la infraestructura existente. Esta es otra vara de medición de las metas puestas por FP durante su campaña.
Viendo un caso de estudio para extrapolar inferencias sobre gestión pública, vemos que la Línea 1 del Metro de Lima condensa las virtudes y defectos de la planificación peruana. Fue concebida e iniciada con enorme ambición en el primer gobierno aprista y quedó durante dos décadas como símbolo de obra inconclusa por la falta de continuidad y, tras ser retomada en segundo gobierno aprista, terminó convirtiéndose en una de las infraestructuras de transporte más utilizadas del país. La lección no debería ser partidaria, sino estatal: una gran infraestructura puede sobrevivir a varios gobiernos pero una ciudad no debería tener que esperar varias generaciones para usarla.
Entonces, viendo solo algunos de los temas relevantes para nuestro Perú hay ciertas exigencias que realizarle al gobierno de turno. No se le exige las nueve líneas terminadas, no se le exigen milagros. Sin embargo, es prudente exigir la Línea 2 terminada, tener al menos 3 proyectos adjudicados, en construcción o en el punto de no retorno (vara inferior a la propuesta por la misma primera mandataria en su primer mensaje presidencial), integración tarifaria del transporte público, modernización de la Línea 1, reforma de buses, Lima-Chosica técnicamente decidido. Estas son metas que pueden evaluarse al 2031. Keiko Fujimori no tiene que terminar el sistema de transporte de Lima, tiene que conseguir que cuando deje Palacio sea mucho más difícil detenerlo que continuarlo.
Lima no necesita que cada alcalde o ministro llegue con su propio tren. Necesita que cada alcalde y ministro continúe construyendo el mismo sistema.
Busca el fondo y su razón
Una solicitud de facultades, una crisis de confianza policial y una discusión sobre trenes parecen tener poco en común pero en realidad terminan preguntándonos lo mismo: ¿de qué es capaz el Estado peruano? Capacidad para decidir. Capacidad para hacerse creer. Capacidad para sostener una decisión en el tiempo.
Nada de esto comenzó el 28 de julio de 2026. Sería intelectualmente deshonesto cargar sobre un Gobierno de cinco semanas problemas que el estado viene incubando por décadas. Pero gobernar consiste precisamente en heredar problemas que uno no creó y decidir qué hacer con ellos. Desde el 28 de julio dejaron de ser deficiencias que Fuerza Popular podía describir desde la oposición y pasaron a ser problemas que debe administrar desde el principal sillón del poder. Fujimori tiene todavía casi 5 años para demostrar que puede gobernar mucho mejor de lo que ha comenzado. Lo que no puede solucionar es un período adicional para aprender del oficio.
Un Gobierno puede sobrevivir a una mala semana y corregir un mal comienzo. Mucho más difícil es corregir un Estado que improvisa cuando debió anticiparse, inspira sospecha cuando debía ofrecer seguridad y reinicia proyectos cuando debía construir continuidad. Cinco semanas no bastan para sentenciar al Gobierno de Keiko Fujimori, sí bastan para recordarle que llegar al poder era solo la parte fácil. Ahora toca demostrar que sabe hacer con él.
