Punto de Encuentro

El juez como ser humano

Empezaba mi exposición sobre la relación de los partidos políticos con los grupos de interés, en la antigua mesa del departamento de Derecho Político cuando el maestro Zafra Valverde me interrumpió para saludar efusivamente a un muchacho que recién entraba al recinto, todos los integrantes del seminario doctoral se pusieron de pie y durante buen tiempo solo se comentó del éxito del intruso en los exámenes de oposición para ocupar plaza de juez en Pamplona. Había invertido un año entero a dedicación exclusiva, estudiando en la biblioteca. Con el sueldo podría casarse, pagar la inicial de un piso y emprender una carrera socialmente respetada. 

En nuestro país, salvo contadas excepciones, los mejores estudiantes no sueñan convertirse en jueces. Por el contrario, los responsables de la Academia y del Consejo Nacional de la Magistratura se quejan del bajo nivel académico de la mayoría de los postulantes, siendo ésta una de las principales razones para que se mantenga la provisionalidad en el Poder Judicial, al no reunirse el promedio mínimo aprobatorio requerido. Entiéndase que dicha provisionalidad permite la sujeción de los beneficiados con un temporal ascenso, a quien puede enviarlos de nuevo a su puesto de origen.  Así, la autonomía jurisdiccional y la imparcialidad en los procesos se convierten en letra muerta.

El juez no tiene inmunidad alguna, es quejado y denunciado por cualquiera de las partes que se considere afectada por sus decisiones, puede ser objeto de campañas mediáticas que destrocen su imagen y sufre continuas presiones de consejeros, parlamentarios y funcionarios, sin más apoyo que su conciencia. Por si fuera poco, su sueldo es inferior a la de cualquier abogado de estudio mediano y, lo que es peor, su cargo de juez carece por completo de la deferencia social de sus pares, no digamos españoles, incluso, colombianos o chilenos.

Así, un juez peruano no tiene incentivo para mantener su puesto rechazando las tentaciones que inevitablemente le acecharán. Por el contrario, si se guiara tan sólo por una consideración costo-beneficio, encontraría que en ciertas ocasiones, el riesgo sería tolerable. En el peor de los casos, perdería su cargo y se convertiría en avezado litigante y no pocos bufetes tratarían de contratar sus servicios para transar con sus ex -colegas.

Por ello, es esencial dotar de la debida dignidad al juez. No sólo se trata de brindarle una remuneración atractiva sino también, de enaltecer su carrera para que resista la tentación y rechace, por temor o por convicción, cualquier actitud que suponga riesgo de perder su valiosa condición profesional y social. Para lograrlo, es importante revisar el modelo del Consejo Superior de la Magistratura italiano, que otorga la mayoría de consejeros a los propios jueces y fiscales, que en sufragio secreto, eligen a quienes decidirán nombramientos, ratificaciones y ascensos, dependiendo éstos de la imagen profesional que se tenga ante los pares.

Ese es el modelo que hizo posible Tagentópolis en Italia, el fin de una clase política corrupta a manos un puñado de fiscales y jueces honestos.

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