Hace casi catorce años, desde su entrada en vigencia allá por el ahora lejano noviembre de 2003, nuestra Ley de Organizaciones Políticas introdujo una serie modificaciones al sistema partidista peruano, entre otros, dispuso respecto del régimen de elección de candidatos, la obligación que todas las candidaturas a cargos de elección popular, desde la Presidencia de la República hasta las regidurías municipales, debían someterse a procesos de democracia interna partidista, es decir, obligó a los partidos políticos a llevar a cabo elecciones primarias.
Esto sin duda fue un gran avance dentro de una democracia cuyas estructuras se sustentaban en la casi libre conformación de listas, era un freno a la conformación de listas elaboradas sobre la base de los intereses de los directivos partidistas por encima de los afiliados del mismo, asimismo, les daba la posibilidad a éstos de acceder a un cupo en la lista.
No obstante, aquello que en su momento fue objeto de elogio,devino con la práctica en un mero saludo a la bandera pues evidenció una vez más el viejo aforismo de “hecha la ley hecha la trampa”.
¿Porqué? La explicación es bastante sencilla. Nuestro legislador, pecando de ingenuo y adoptando una postura liberal, calificó a los partidos políticoscomo asociaciones civiles de carácter privado y teniendo tal naturaleza, les permitió llevar a cabo estos procesos democráticos internos bajo figura de la autoregulación, permitiendo que las elecciones se lleven a cabo bajo una normativa aprobada por la propia organización política y bajo el control de sus propios tribunales electorales, relegando de tal forma la participación de los organismos electorales en estos. Recordemos que la participación de la ONPE es admitida en nuestra legislación solo en la medida que ésta sea solicitada por la propia organización política, además nuestra Ley, si bien no la prohíbe, no regula la participación ni del Jurado Nacional de Elecciones ni del RENIEC en los procesos internos partidistas.
¿Cree usted querido lector que los partidos solicitarían la supervisión de algún organismo que podría cuestionar la legalidad de sus elecciones primarias? La respuesta es obvia. ¿Con qué padrón se llevan a cabo éstas elecciones?, ¿Quién nombra a los tribunales electorales?, y lo que es más grave ¿Se llevan a cabo elecciones internas?
La ausencia de participación de los organismos electorales, fue sin duda un fértil campo para el desarrollo de la corrupción partidista, pues éstas organizaciones en la práctica simulan llevar a cabo procesos democráticos internos, de cuya realización solo dan fe las actas que los cuales constan solo los supuestos resultados, actas que luego son presentadas ante los Jurados Electorales Especiales para la inscripción de candidatos. Bajo estarealidad debemos admitir que la voluntad de los militantes partidistas en la conformación de las listas de candidatos es nula.
En la práctica, la conformación de listasde candidatos obedece a los intereses partidistas como ya se dijo, lo que implica la existencia de un tráfico de candidaturas en lo que podríamos denominar un mercado negro, donde el que más aporta económicamente en una campaña, pasa a ser integrante de la lista por encima del militante con trayectoria y aptitud, pero sin recursos, o, un caso peor, se busca el cargo público para lograr la impunidad por actos previos a la elección pues se ha visto que la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral, no ha sido un filtro para los partidos a la hora de incorporar en sus listas a prontuariados.
No nos engañemos, muchos parlamentarios llegaron al actual Congreso bajo la bandera de la reforma electoral, sin embargo, quince meses después estamos en el mismo lugar con la agravante que estamos a menos de un año de las próximas elecciones regionales y municipales, donde se espera no menos de cien mil candidatos y aún no pasa nada. Hemos dicho hasta el cansancio que la reforma electoral debe tener como uno de sus ejes principales, sino el más importante, laregulación de la democracia interna partidista, la cual debe comprender necesariamente la intervención de los organismos electorales en las elecciones.
Nos acercamos a la convocatoria del próximo proceso, cuyo plazo máximo está fijado para el 10 de enero del 2018, ojalá que metamos un gol aunque sea en los descuentos y se modifique el pernicioso régimen de elecciones primarias que nada bueno ha aportado a nuestro sistema democrático.
