Punto de Encuentro

Procurador contra procurador

El artículo 47° de la Constitución Política establece que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos, el Decreto Legislativo Nro.1068, crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, cuyo reglamento se dio por el Decreto Supremo N°017-2008-JUS. Este Sistema de Defensa, comprende a todas las Procuradurías que operan a nivel nacional, entre ellas se encuentran las Procuradurías Públicas Especializadas con sus respectivas competencias, como sucede con la Procuraduría Pública Especializada de Anticorrupción y la Procuraduría Ad Hoc para los casos ODEBRECHT.

El Sistema de Defensa Jurídica del Estado, es liderada por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que preside el Ministro de Justicia; en ese sentido, el Jefe de los Procuradores, es el Ministro de Justicia, quien, por intermedio del Consejo de Defensa, tiene la posibilidad de nombrar, destituir y sancionar a los Procuradores. Respecto a la designación de los Procuradores Especializados, muchos se preguntan ¿cuál es el procedimiento, para su nombramiento?, lo que se puede señalar, es que ninguno de los Procuradores designados al día de hoy, no habrían transitado por un concurso público en conocimiento, (esta realidad lo desarrollaremos en otro artículo).

El problema que se ha generado recientemente, es el pedido de inicio de investigación preliminar por parte del Dr. Amado Enco Tirado en su calidad de Procurador Público Especializado en Delitos de Anticorrupción de Funcionarios contra el Dr. Jorge Miguel Ramírez Ramírez, como Procurador Ad Hoc para el caso ODEBRECHT. Recordemos que el Procurador Enco fue designado en reemplazo del Ex Procurador Dr. Joel Segura en noviembre del 2016. Mientras que Ramírez fue designado en agosto del 2017, en reemplazo de la Ex Procuradora Ampuero. En este escenario, es importante incluir a la actual Procuradora Adjunta que acompaña al Procurador Ramírez, se trata de la Dra. Silvana Carrión, quien se encuentra en el cargo desde agosto del 2018. Al respecto, el Procurador Público y la Procuradora adjunta, Dr. Ramírez y Dra. Carrión, respectivamente, antes de su designación e incorporación a la Procuraduría Ad Hoc, desempeñaban funciones como abogados de la Procuraduría de Anticorrupción, en otras palabras, el Procurador Enco, era Jefe de ambos abogados en su oportunidad.

En cuanto, a la denuncia de Procurador contra Procurador, no logro conocer un hecho idéntico o similar que haya sucedido anteriormente, lo que sí he logrado conocer, son investigaciones y procesos penales, contra ex Procuradores, donde los Procuradores Especializados al ser parte de aquella investigación o proceso, coadyuvan en la investigación y persiguen una reparación civil idónea.

Por otro lado, en más de una oportunidad se ha cuestionado, el diseño actual del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, por esa razón, se promulgo el Decreto Legislativo N°1326 que crea la Procuraduría General del Estado, que tiene por objeto reestructurar el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crear la Procuraduría General del Estado como ente rector, a efecto de mantener y preservar la autonomía, uniformidad y coherencia en el ejercicio de las funciones de los procuradores, estando pendiente desde el mes de enero del 2017 la publicación de  su reglamento y tengamos un Procurador General del Estado, lo que podría haber evitado lo sucedido entre los Procuradores Enco y Ramírez.

                El Decreto Legislativo N°1068, que crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, confiere atribuciones al Presidente al Conejo de Defensa Jurídica del Estado, entre ellas se encuentra, adoptar las acciones tendientes a evaluar, supervisar y controlar el eficiente ejercicio de la defensa jurídica del Estado a cargo de los Procuradores Públicos, atribución que le obliga ejercer con liderazgo y apropiada supervisión en los Procuradores, (sin afectar la autonomía) que al parecer no habría ejercido idóneamente el actual Ministro de Justicia.

                En otras palabras, los Procuradores Enco y Ramírez, son abogados que defienden los intereses del Estado, porque el Estado es quien los contrata para que ambos lo defiendan, no para enfrentarse. A modo de ejemplo, si una empresa privada contrata dos abogados para que los defienda, no sería prudente que uno de los abogados denuncie al otro por una irregular o defectuosa defensa en perjuicio de la empresa, previamente el abogado que no comparta la estrategia del otro, deberá evaluar en forma conjunta con su colega, las decisiones más saludables y si la empresa considera que uno de sus abogados actuó en forma ilícita o negligente, tendría la posibilidad de denunciar.

Respecto a los hechos materia de comentario, se aprecia que no habría existido un espacio en el Consejo de Defensa, que permita analizar o debatir en forma colegiada la postura expresada del Procurador Amado Enco en su denuncia, lo que habría permitido actuar unilateralmente y recurrir al Ministerio Público a fin de presentar por escrito el inicio de una investigación preliminar por conductas aparentemente ilícitas del Procurador Sànchez.

Más allá del fondo de la “denuncia”, estos problemas se generan por deficiencias en la forma como se encuentra estructurada el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, al menos para atender los casos relacionados al Crimen Organizado, recordemos que en el caso relacionado a ODEBRECHT, uno de los delitos presentes, es el delito regulado en el artículo 317° del Código Penal, Organización Criminal y gran parte de ellos, se viene investigando y procesando dentro del marco de la Ley N°30077 Ley contra el Crimen Organizado. Por tanto, considero que la denuncia de un Procurador contra otro Procurador, es el resultado de una cuestionada decisión al crear una Procuraduría Ad Hoc, cuando la Procuraduría Pública Especializada de Anticorrupción ya venía conociendo casos relacionados al Crimen Organizado incluido los casos relacionado a ODEBRECHT, de cuya Procuraduría provienen los actuales Procuradores Ramírez y Silvana Carrión. Esta cuestionada decisión, podría compararse, con lo sucedido años atras, cuando el ex Ministro de Justicia Gustavo Adrianzén, en su condición de Presidente del Consejo de Defensa Jurídica, decidió trasladar el caso “Gerald Oropeza” por los presuntos delitos de narcotráfico internacional a la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros, dejando de lado a la Procuraduría Pública Especializada Antidroga, donde la Dra. Sonia Medina es quien lidera por más de quince años aproximadamente la lucha contra el Crimen Organizado Transnacional relacionado al narcotráfico.

Debo precisar, que la Procuraduría Púbica Especializada de Anticorrupción o la Procuraduría Ad Hoc, así como todas las Procuradurías, no tienen la condición de operador de justicia (PNP, Ministerio Público o Poder Judicial) tienen la condición de sujeto procesal, tan igual como un demandante, demandado, investigado, procesado o agraviado; por tanto, la mirada que se realiza a los Procuradores, no debe realizarse con el mismo reflector que se mira a la Fiscalía o al Poder Judicial.

Lo que obliga al Presidente del Consejo de Defensa que recae en el Ministro de Justicia, jugar un papel importante, como liderar y supervisar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, situación que al parecer, en esta oportunidad por ausencia de liderazgo, fue aprovechado por uno de sus Procuradores. Si para esta fecha, se hubiese encontrado en vigencia el Decreto Legislativo N° 1326 que crea la Procuraduría General del Estado, veo difícil que se hubiese formulado la denuncia de Procurador contra otro Procurador, salvo que el Procurador General lo hubiese permitido o sobre su autoridad se hubiese dado.

Corregir, el diseño actual de las Procuradurías para conocer los casos relacionado al caso ODEBRECHT o relacionado al crimen organizado transnacional, no es tarde. Sin embargo, viendo el escenario político, es muy complicado, habría que esperar únicamente la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N°1326, que depende del ejecutivo y como primer actor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En cuanto a la denuncia, del Procurador Enco, únicamente es formulada contra el Procurador Ad Hoc Jorge Ramírez Ramirez, sin embargo, no la formula contra la Procuradora Adjunta Silvana Carrión, que tiene similar o igual participación y decisión en los acuerdos arribados con el colaborar eficaz, lo que hace una “denuncia” timorata, disfrazada por la tan inusual, pero muy usada frase los que resulten responsables, que más parece un cajón de sastre y de justificación.

Respecto al tema de fondo de la denuncia, la pretensión es una sanción penal contra el Procurador Ramírez, al parecer por un mal acuerdo que habría suscrito con la empresa ODEBRECHT y el Ministerio Público, pretensión que no podría interferir sobre el fondo del acuerdo, considerando la lectura de la denuncia. De querer hacerlo, la ruta seria en el mismo proceso penal, para ello se requiere un nuevo Procurador y que comparta la tesis planteada por el Procurador Enco, que podría ser tan difícil, como no. Digo esto, porque hasta la fecha el Ministro de Justicia en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado no ha precisado quien de sus Procuradores se porto mal, lo que sería eminente su salida, salvo que no exista decisión y la falta de liderazgo continúe.

 

Michael García Coronel

Abogado Experto en Crimen Organizado