La migración internacional ha venido siendo un tema recurrente en la agenda de los estados alrededor del mundo que aún en la actualidad no encuentra una solución aparente, pues existe un debate sobre el enfoque bajo el que debe ser analizada la problemática para poder obtener una respuesta eficaz y acorde con los estándares internacionales.
Ahora bien, en el contexto actual de pandemia, la situación, como era de esperarse, se ha complicado aún más. Las medidas adoptadas por los gobiernos para evitar la propagación del coronavirus varían de acuerdo a la coyuntura sanitaria en que se encuentra cada estado, pero en su mayoría han coincidido en optar, entre otras, por un control riguroso y una mayor restricción del flujo migratorio.
Sin embargo, ello resulta una tarea sumamente complicada para los países de Latinoamérica, pues no solo cuentan con sistemas de salud deficientes y una economía inestable, sino que además toda la región es azotada por una migración creciente proveniente de Venezuela o de los países de centro américa. En cada uno de los países el escenario es similar pues, diariamente llegan familias o grupos de personas con muy poco equipaje, sin recursos económicos, necesitados de trabajo, salud, y sin un lugar donde alojarse, esperanzados únicamente en la solidaridad del país que los acoge.
Esta migración con vocación de residencia es la que mayor preocupación ha generado en las diversas autoridades de la región, pues muchos de los migrantes se encuentran bajo una condición migratoria irregular, lo que dificulta llevar un control sobre el flujo migratorio, y sobretodo un control sanitario para evitar el incremento de contagios en la región. Es así que, regresamos al debate en torno a cómo debe regularse y afrontarse la migración, pues por un lado tenemos un enfoque desde los derechos humanos, y por el otro, un enfoque que obedece a la soberanía absoluta y la seguridad nacional del Estado.
Si analizamos específicamente la situación del Perú, la mayoría de venezolanos en condición irregular, al no contar con permiso de trabajo optan por laborar aceptando condiciones ínfimas de trabajo, acrecentando los niveles de la informalidad, pero al mismo tiempo siendo víctimas de abusos y viéndose vulnerados en sus derechos sin poder acceder a la justicia, ni a sistemas de salud, muchas veces por temor a ser expulsados del país por su condición de ilegal.
El estado peruano, entonces, en un primer momento opto por implementar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) como respuesta al arribo masivo de venezolanos con el propósito de que estos puedan residir de manera legal durante un año mientras consiguen obtener alguna de las calidades migratorias previstas por la Ley de Migraciones. La medida fue una muestra clara que el Perú había priorizado el enfoque desde los derechos humanos para afrontar el problema de la migración, más aún cuando se tiene como respaldo una ley y un marco normativo que ha decidido reforzar y reafirmar su compromiso por el respeto y la promoción a los Derechos Humanos.
Aunque, posteriormente el Ejecutivo adoptaría una disposición migratoria por la cual sólo se admite el ingreso al territorio nacional a aquellos ciudadanos venezolanos que cuenten con pasaporte, y con la visa humanitaria otorgada por el estado peruano. El contexto actual hace necesario un viraje hacia un enfoque desde la soberanía absoluta y la seguridad nacional, pues la migración ilegal no sólo ha incrementado los niveles de informalidad y de delincuencia, sino además incrementa la escala de contagios y propagación del coronavirus en el país.
En un estado como el peruano, es imperante una reforma política y legal en materia migratoria, urge de un riguroso control fronterizo por parte de las autoridades migratorias, y una mayor presencia policial y militar en toda la extensión del territorio limítrofe del país. La escasa presencia del estado en las regiones fronterizas del Perú es un mal heredado desde hace 200 años, que a lo largo de la historia nos ha costado la perdida de una parte considerable del nuestro territorio original, que ha sido aprovechado para el desarrollo de actividades ilegales, la propagación de la delincuencia, y que ha facilitado la migración ilegal. Una problemática que al día de hoy, bajo un contexto de pandemia, requiere la atención del gobierno.
17 Noviembre, 2021
23 Marzo, 2018
