Por Roberto Rendón Vásquez
Confrontación, según la Real Academia Española, significa “carear a dos personas, cotejar dos cosas o estar frente a otra”. Según el Diccionario Larousse 2012 es “Poner a dos personas a una frente a otra para que defiendan sus respectivas afirmaciones. - Encarar con una actitud de oposición una situación, problema o dificultad” (Página 277). Políticamente “es el enfrentamiento, choque o disputa abierta entre actores políticos, partidos, grupos sociales o autoridades debido a diferencias profundas en intereses, ideologías, valores o en la lucha por el poder”. Se manifiesta en debates ideológicos, competencias electorales o rechazo explícito hacia las decisiones del Poder adversario con “debates” parlamentarios intensos y la polarización mediática hasta actos de protesta social (como marchas, plantones o bloqueos). Se evidencia intolerancia y dogmatismo.
En el Perú siempre ha habido confrontaciones políticas entre partidos y entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Para no ser extensos, vamos a referirnos solamente a los regímenes gubernamentales desde el 2016. Hubo inestabilidad durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y su sucesor Martín Vizcarra (2018-2020) por la constante pugna del Ejecutivo con fuerzas políticas opositoras del Congreso, en su mayoría del partido político fujimorista Fuerza Popular, y la polarización ciudadana y descontento general de la población.
Durante el gobierno de Pedro Castillo (diciembre 2022 – octubre 2025) el conflicto fue principalmente un choque institucional de poderes; el Parlamento bloqueaba sus proyectos de ley y censuraba constantemente a ministros y el Ejecutivo respondía con una alta rotación en sus gabinetes (cambios de ministros casi semanales) y constantes amenazas de disolución parlamentaria. El Congreso promovió múltiples intentos para destituir al mandatario bajo la causal de "incapacidad moral permanente". Simultáneamente, la Fiscalía de la Nación abrió numerosas investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción en su entorno cercano. Con Dina Boluarte (diciembre 2022 – octubre 2025) las confrontaciones no se limitaron a las demandas iniciales, sino que debido a escándalos por denuncias de corrupción y el descontento por el auge del crimen organizado reactivaron masivas protestas. La crisis de gobernabilidad culminó con la aprobación de una nueva vacancia presidencial por parte del Parlamento el 10/10/ 2025.
En 2026, luego de asumir la Presidencia Keiko Fujimori, la confrontación principal es entre el Poder Ejecutivo (liderado por el fujimorismo) y un Congreso bicameral fragmentado, donde el bloque opositor de “izquierda” (encabezado por Juntos por el Perú) y sectores de extrema derecha (como Renovación Popular) ejercen una fuerte resistencia institucional. Se evidencia pugna por las facultades legislativas y control de comisiones: El Ejecutivo, a través del Presidente del Consejo de Ministros Luis Galarreta, ha solicitado facultades legislativas para implementar el plan de gobierno, principalmente para prevenir los daños que pueda causar el Fenómeno del Niño, así como en materia de seguridad ciudadana y economía. Sin embargo, la oposición en la Cámara de Diputados ha bloqueado y recomendado en contra de otorgar la mayoría de estas facultades, argumentando que el pedido es demasiado amplio. Se pretende el control del Congreso Bicameral con una intensa batalla matemática por el control de las comisiones ordinarias (como la Comisión de Constitución y de Justicia) entre el fujimorismo y bloque” de los que “se dicen de izquierda”, lo que ha empantanado la toma de decisiones. Diversas bancadas opositoras “exhiben” su pretensión por el control político. A menos de 60 días del nuevo Gobierno han presentado y tramitado mociones de interpelación contra ministros clave, como el del Interior (César Astudillo) y de Defensa (Rafael Belaúnde), cuestionando la falta de liderazgo frente a la crisis de inseguridad.
Las confrontaciones políticas generan inestabilidad institucional, división social y un fuerte desgaste emocional en la ciudadanía. rompen la confianza creando bandos opuestos que dificultan el diálogo. Deterioran gravemente las relaciones entre Poderes del Estado y provocan distanciamientos, discusiones debido a la intolerancia (sectarismo) “ideológica” reflejado luego en el hartazgo ciudadano. Causan daños a la democracia, la economía, debilitan la legitimidad de los poderes del Estado y lo más grave es que generan la incertidumbre económica, desalientan la inversión privada produciendo inestabilidad que afecta el empleo y la economía familiar, ocasionando protestas populares descontroladas, conflictos sociales prolongados y vulneración de derechos.
Las confrontaciones irracionales entre políticos en los Poderes estatales se evidenciaron desde las elecciones llevadas a cabo y los conflictos sociales y la pretensión (interés) de “organizaciones” “políticas” (presentadas como “partidos”) de manejar como “elites” al Estado y de mantenerse en el poder con la intensión de controlar su participación en la sociedad desde los procesos electorales y, luego, si son electos, en los Poderes estatales y la administración pública. En muchos casos, las elecciones fueron una canalización para enfrentamientos políticos, ideológicos y doctrinarios.
