Punto de Encuentro

Bronca en Fiscalía por información sobre Odebrecht

Magistrados aún no pueden acusar por sobornos en Gasoducto y Rutas de Lima, porque coordinador decidió esperar que brasileños confirmen indicios.

Desde el año pasado, en altas esferas del Ministerio Público se sabía de información que comprometía a Odebrecht en más de los cuatro proyectos por los cuales negociaba una colaboración eficaz. Sin embargo, el fiscal coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela, prefirió que los brasileños lo confirmen antes de incorporarlos oficialmente a las investigaciones.

“No solo del Gasoducto se sabía, sino de Vías Nuevas de Lima, Olmos y la Interoceánica Norte. Hace un año sacaron a Hamilton [Castro] por demorarse, pero cuando ya se tenía información nueva, Vela y [José Domingo] Pérez se enfocaron en lavado de activos, en vez de los sobornos”, informó una fuente del organismo dirigido por Zoraida Ávalos.

Vela y Pérez habían sido designados por Pedro Chávarry, entonces fiscal de la Nación, pero la relación se fue desgastando, al punto que ni en conversación ni por escrito querían informarle a su superior de las circunstancias y condiciones en que estaban negociando con Odebrecht.

En medio de los cambios, el fiscal Antonio Ballón seguía una investigación preliminar de corrupción por el Gasoducto del Sur. Allí se había incorporado a los exviceministros de Energía Luis Ortigas Cúneo y Dicky Edwin Quintanilla Acosta.

Sin embargo, para incluir al expresidente Ollanta Humala y a los exministros Jorge Merino y Eleodoro Mayorga se necesitaba la autorización de un fiscal supremo. Y para esto se debía ingresar información adicional que obraba en poder de Vela.

Ballón renunció en julio cuando Chávarry reemplazó a Castro por Vela, y se fue junto con Marcial Páucar y Sergio Jiménez.

INVESTIGACIONES SESGADAS

Para ese entonces, ya el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia había elevado acusación contra Claudia Hokama, representante del Consorcio Gasoducto Sur Peruano, y Édgar Ramírez, expresidente del comité especial de Proinversión. Allí no se pidió incorporar a Odebrecht como tercero civilmente responsable.

“Es el manejo que le están dando a estos temas. Son investigaciones sesgadas y con el apoyo de bien arriba”, señaló la fuente.

De aquí viene el primer desencuentro no solo con Chávarry, sino con otros miembros del equipo especial: a los “peces chicos” los acusan por corrupción, pero a los políticos y empresarios de peso solo por lavado de activos.

Además, también se sabía algo relevante: que Odebrecht ya había borrado información, y que esto podía repetirse. Hace unos días, el portal ecuatoriano La Posta lo había revelado, respecto al proyecto gasífero, así como a Vías Nuevas de Lima, Olmos y Chavimochic. Esto tampoco se le quiso informar oficialmente a Chávarry y a otros fiscales que investigaban casos conexos.

Lo anterior afecta también el caso de Humala Tasso. Si bien el fiscal Germán Juárez Atoche ya lo denunció por lavado de activos y pidió 20 años de cárcel, no está habilitado aún para hacerlo por los presuntos sobornos del Gasoducto Sur.

Entre el domingo y el lunes, Vela Barba se presentó en diversos programas de televisión para justificar su estrategia, a pesar de que no había incluido los 17 pagos por un total de US$ 3’070,000 relacionados con la concesión del gasoducto.

“Hemos recibido esta información hace aproximadamente tres semanas, como parte del compromiso que había asumido Barata en su declaración en acta en abril. Esta información ha sido objeto de procesamiento porque su procedencia es del sistema ‘My Web Day’ y ‘Drousys’, y esto tiene que ser objeto de una pesquisa, progresivamente se ha ido integrando”, aseguró.

Que el periodismo haya llegado a la verdad antes que su equipo es secundario, dijo Vela, añadiendo que los fiscales se concentrarán en el contenido y en la decodificación de la información.

A pesar de estas declaraciones, el fiscal Juárez Atoche no ocultó su molestia ante los reclamos por la nueva información de los servidores Drousys y My Web Day publicados por periodistas ecuatorianos la semana pasada, y que Vela no tradujo.

“Yo pienso que el acuerdo ya fue homologado y pienso que puede hacerse público, eso ya depende del coordinador en relación con el fiscal que ha visto la homologación de este acuerdo”, expresó.

En ese sentido, aclaró que el caso del gasoducto no tiene vinculación con la investigación que él sigue, ya que solo abarca los aportes que entregó Odebrecht a la campaña electoral.

COARTADAS

Para el expresidente de la primera comisión investigadora del caso Lava Jato (periodo 2015-2016), Juan Pari, la constructora ha demostrado que solo brinda información cuando esta es evidente, y que su colaboración no es tan eficaz como se esperaba.

“Estamos frente a una empresa que arma sus coartadas, a una empresa que te va soltando poco a poco los datos en la medida que se van evidenciando las cosas. Estamos tratando con una empresa delincuencial, una empresa que busca cómo proteger sus activos, cómo proteger frente a posibilidades de acusación de delitos”, declaró.

El economista tacneño agregó que los fiscales y procuradores no deben seguir esperanzados en llegar a la verdad con base en lo que digan Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros delincuentes, sino que deben ejecutar los apremios de una investigación severa.

“No hay que estar bailando samba. El acuerdo inicial tal vez pueda mantenerse, pero no vamos a estar ampliándolo con una adenda o haciendo un nuevo acuerdo cada vez que la prensa destapa una nueva irregularidad. En el caso del Gasoducto, se puede aplicar la cláusula anticorrupción comprobada para expropiar los activos y llevar a los responsables a la cárcel”, añadió.

Ugaz pide transparentar convenio

Ante la aparición de nuevos casos de sobornos de obras públicas que no están contempladas en el acuerdo de colaboración eficaz firmado con la constructora brasileña Odebrecht, el exprocurador José Ugaz Sánchez- Moreno fue de la idea de evaluar la publicación de dicho documento para despejar la confusión creada por la nueva información procedente del Ecuador.

Ugaz se remontó a que el monto de sobornos declarados en el acuerdo con Estados Unidos respecto del Perú fue de US$ 29 millones hace dos años, pero ahora “resultó siendo mucho mayor, llegando a por lo menos US$ 45 millones en 14 proyectos. Hoy se sabe que solo a [Alejandro] Toledo, Odebrecht le pagó US$ 27 millones”, escribió en su columna habitual de El Comercio.

Ante estos impases el letrado subraya que la ley peruana dispone que si se advierte que el colaborador eficaz no ha jugado limpio, que “ha mentido u ocultado información (…), no habrá acuerdo”.

“Es tiempo de ajustar la tuerca al colaborador para asegurarnos de que está actuando con verdad y no está manipulando el proceso de colaboración, y a la vez, ya que ha sido aprobado, de hacer públicas las cláusulas del acuerdo que expliquen por qué solo se han contemplado cuatro proyectos, qué ha dicho Odebrecht sobre todos los demás, cuáles son las consecuencias pactadas si falta a la verdad, y si el proceso de negociación va a seguir y cómo”, escribió en la parte medular de su columna.

Proyecto de ley para anular peajes

Cada vecino de Puente Piedra tiene que pagar hasta S/ 1,716 al año por trasladarse dentro de su distrito, gracias a los peajes de Rutas de Lima. Por ello ese municipio presentó un proyecto de ley para suspender ese cobro, basándose en la Ley de pérdida de dominio.

Entre los principales argumentos de la iniciativa presentada al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, figura establecer los derechos ciudadanos afectados por transacciones ilícitas cuyos procesos son impulsados por el Sistema de Administración de Justicia especializado en Extinción de Dominio.

Se apela al Decreto Legislativo 13734 y su reglamento para declarar nulos los cobros de Rutas de Lima y de Línea Amarilla, conseguidos vía sobornos.

El alcalde Rennán Espinoza y otros representantes de la Mancomunidad de Lima Norte denunciaron que cuando se desplazan con su vehículo de uso particular del norte (Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa) hacia el Centro de Lima pagan S/ 5.50 cada vez que pasan el peaje de Chillón.

“Si se considera 26 días laborables por mes estarían gastando un monto de 143 soles por mes, y 1,716 soles al año, como mínimo”, dijo el burgomaestre.

A esto se suma que el Ministerio de Economía informó en 2017 que los peajes fueron concedidos violando la normativa administrativa cuando Susana Villarán era alcaldesa de Lima. Esta comunicación la recibió Luis Castañeda cuando era burgomaestre capitalino en 2017.

Incremento de reparación civil

Para el ex fiscal supremo Avelino Guillén, las noticias procedentes del exterior nos dicen que “la principal interesada en que se descubra la verdad es la empresa brasileña porque, irremediablemente, si se verifica que es auténtica la información surgida en los últimos días, lo que corresponde es un incremento de la reparación civil que debe pagar esta compañía al Estado peruano”.

En un programa de televisión donde se desarrolló los supuestos nuevos sobornos en cinco proyectos de ingeniería civil, que incluye a Odebrecht, Guillén no descartó que las autoridades procedan a hacer púbico el acuerdo firmado con la constructora carioca.

Estos pedidos se suman a los del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, y a las recomendaciones que van en el mismo sentido de parte de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

Acuerdo con Odebrecht puede hacerse público

Luego de su participación en la Comisión de Constitución del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aseguró –en una conferencia de prensa– que el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht ya debe hacerse público, debido a que este ya fue homologado por la jueza María Álvarez.

Del Solar indicó que el acuerdo debe difundirse con el objetivo de que la ciudadanía “pueda tener la tranquilidad de que las cosas se están trabajando bien”.

Asimismo, el primer ministro detalló a los medios que dicho grupo ha decidido “ofrecer recomendaciones y tener pronunciamientos” más activos en torno a la lucha contra la corrupción de todos los peruanos.

En ese sentido, recalcó que, respetando la separación de poderes, la CAN aconsejó al equipo especial del Caso Lava Jato, a cargo del fiscal Rafael Vela Barba, hacer de conocimiento público el convenio con la firma brasileña “en la medida en que no se vaya a sacrificar ninguna estrategia de investigación”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, resaltó que “ya se ha hecho pública la parte resolutiva del acuerdo”, y añadió que, si bien solo se contempla ilícitos en cuatro proyectos, “los demás siguen su curso en procesos de investigación en el Ministerio Público y en Poder Judicial”.

En tal sentido, el presidente del Consejo de Ministros manifestó que “no hay blindaje a otros proyectos”.

(Fuente www.expreso.com.pe)