Punto de Encuentro

Por una política pública de seguridad ciudadana de consenso

3 Diciembre, 2015

Rómulo Pizarro

Estuve recientemente en Bogotá y me reuní con mi buen amigo y actual Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia, el destacado Abogado Carlos Medina Ramírez, principal asesor del Ministro de Justicia en la formulación y adopción de la política pública criminal, y encargado de planear, coordinar y proponer políticas que orienten la prevención y el control del delito.

El tema que abordamos en una larga conversación fue la seguridad ciudadana en Colombia y en Perú, que presentan muchas similitudes en sus causas, factores y desarrollo, y también en sus consecuencias que afectan la calidad de vida y la convivencia social.

La información que me brindó Carlos, de muy primera mano, con el aval de más de dos décadas comprometido en el estudio, diseño e implementación de políticas para enfrentar la criminalidad, me permitió corroborar lo positivo de la dedicación y de los esfuerzos del Estado Colombiano para controlar y mitigar los altos índices de delincuencia y de violencia.

En resumen, el problema de inseguridad en Colombia y en Perú presentan muchas similitudes, y por lo tanto, las alternativas de solución que se aplican en uno u otro son (con las adecuaciones a cada realidad por cierto) replicables en ambos países.

Motivados por las coincidencias, centramos nuestro diálogo en el desarrollo de las políticas públicas de seguridad ciudadana que se aplican en nuestros países, así como sobre las propuestas partidarias en materia de seguridad ciudadana  que se vienen dando en el marco del proceso electoral en Perú.

Nuestro análisis, con el significativo aporte de Carlos, nos permitió concluir que las propuestas partidarias tienen el defecto de asumirse como exclusivas y excluyentes, por lo que  resultan sesgadas e incompletas, puesto que la inseguridad, por su propia complejidad y multicausalidad, requiere un abordaje holístico y respuestas integrales.

Por ello es que, en el marco de un proceso electoral, no resulta conveniente que la seguridad ciudadana se transforme en un campo de disputa políticaen el que se busca más la diferenciación que la confluencia o complementariedad en las ideas.

En ese sentido, las propuestas partidarias se deberán enfocar en el diseño de una política pública de seguridad ciudadana que genere y construya consensos, del mismo modo que la política económica ha permitido, el crecimiento, la estabilidad y el desarrollo del país.

No debemos olvidar que una política pública en esencia es un pacto social, un compromiso que debe transformarse en un acuerdo formal y obligatorio, y en materia de seguridad ciudadana –en las actuales circunstancias- resulta una necesidad que el debate de los especialistas se oriente a sumar más que a restar.

En dicho interés, Carlos manifestó su plena disposición a compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias, y reconociendo que Colombia ha avanzado mucho en políticas, estrategias y aplicación de programas destinados a controlar y reducir la criminalidad y violencia, creo que su contribución será valiosa, ilustrativa y provechosa.

La inseguridad ciudadana ha pasado a ser la principal preocupación ciudadana en la región latinoamericana, lo cual se refleja en los estudios especializados y en las encuestas, en los que la victimización y la percepción de inseguridad ocupan los primeros lugares.

Frente a un fenómeno que presenta muchas más similitudes que diferencias, los países debemos considerar las estrategias y planes exitosos aplicados en otras realidades, por lo que, la presencia y el aporte de personalidades de reconocida trayectoria en el estudio y en el diseño de políticas de seguridad ciudadana, serán  siempre bienvenidas.

Es por ello, que mantenemos el deseo y la voluntad de invitar a Carlos Medina para que nos visite en los primeros meses del próximo año, y de esta manera, los especialistas nacionales puedan compartir con él, en el marco de un evento académico destinado a contribuir significativamente en la búsqueda y construcción de una política pública de seguridad ciudadana de consenso.

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