Ante los pasados conflictos sociales en Pichanaki bajo el lema “la empresa privada causa daños ambientales” considero oportuno un análisis general de los conflictos sociales relacionados al medioambiente en nuestro país.
En primer lugar, para señores como Carlos Chavarría, Gregorio Santos, Ricardo García o Marco Arana, el medioambiente no es una prioridad, es sólo un medio para la movilización de masas y la manipulación política. La opinión pública frente a temas tan sensibles como el medioambiente siempre tenderá a alinearse con quien dice ser “protector ambiental” sin exigir muchos argumentos y sin analizar a detalle las propuestas del bando contrario. Por este motivo, es un tema ideal para hacer protestas y ganar presencia mediática.
Para estos señores y también hay que decirlo, ciertas ONG’s y otras personas interesadas en lucrar a costa de la desesperación de las personas, el medioambiente no está en juego, están en juego sus bolsillos, sus expectativas para las futuras elecciones, el opacamiento de su mala gestión pública o el daño a aquel ex amigo político que le dio la espalda; no les importa la muerte de peruanos, los gastos del Estado en reparación de daños, el ahuyentamiento de inversiones, la disminución de ingresos en sus propias regiones y la desaceleración económica a nivel nacional.
En segundo lugar, tenemos a un pueblo olvidado por el Estado, que no recibe servicios básicos de agua, saneamiento, salud y educación; con pocas opciones de desarrollo económico que ve en las empresas privadas la única oportunidad de cubrir sus necesidades. Este pueblo ha descubierto que bajo el lema ambiental siempre tendrá un instrumento de presión sobre las empresas y el Estado y está ahora muy bien informado de todos los instrumentos de gestión ambiental con los que puede controlar y exigir beneficios a las empresas. Y es aquí donde hay que aclarar que la empresa privada no es la responsable de brindar ningún tipo de servicio a la población, esto es responsabilidad del Estado. La empresa es responsable de pagar impuestos y el canon minero o energético por el uso de los recursos naturales, con el que sus respectivas regiones deberían ejecutar los proyectos de inversión que necesita la población. Claro que la empresa siempre puede realizar proyectos de cooperación y responsabilidad social en su área de influencia.
En tercer lugar, tenemos una historia de daño ambiental y pasivos en nuestro país que es fácilmente utilizada para el entrampamiento de nuevos proyectos, que en su momento no fue debidamente sancionada por el Estado y remediada por la empresa privada y ahora influye en toda nueva inversión que quiera realizarse, incluso se expande de un tipo de industria a otra, alegando que todas las empresas vienen a contaminar. Los nuevos inversionistas, a pesar de que no necesariamente son los causantes los daños, generalmente se comprometen a remediarlos y deben cumplir muchas más exigencias y permisos que en el pasado, además del pago de compensaciones a todas aquellas personas que resulten afectadas por el emplazamiento de sus instalaciones. Deben cumplir con altos estándares ambientales y de seguridad y presentar los resultados de monitoreos ambientales a la entidad evaluadora periódicamente.
Por último, un tema que no suele tocarse es que en la mayoría de estas zonas existe presencia de minería ilegal y tala ilegal, por lo que empresas privadas formales no son bien vistas. Este tipo de actividades no son mencionadas por aquellos que salen en “defensa del medioambiente” pese a que causan muchos más estragos ambientales que grandes empresas y que no generan ningún tipo de ingreso al Estado, pues se usan los recursos sin pagar impuestos.
Ante esta difícil situación, es necesaria una decisión firme del Estado y un trabajo constante en la resolución de conflictos sociales que no empiece cuando la bomba ya haya detonado. Este debe ser un tema permanente en la agenda de las entidades públicas que debe ir de la mano con la atención adecuada de los servicios básicos en zonas olvidadas de nuestro país.
