Jaime laos
La Contraloría General de la República intentó dar un orden al proceso de transferencia de mando en los gobiernos regionales con la directiva N° 008, un esfuerzo saludable para un país sumergido en la informalidad. Sin embargo, en la práctica, los Organismos de Control Institucional no han cumplido eficientemente en su labor o han preferido no involucrarse. A todo ello vamos a plantear algunas reflexiones de esta experiencia desde la región Lima Provincias.
El primer vacío que salta a la vista es el de los plazos. La directiva de la Contraloría no contempló el tiempo en caso llegar a una segunda vuelta ni dio salidas inteligentes sobre todo porque fueron 15 regiones las que pasaron por el balotaje, incluida la región Lima Provincias.
Segundo, la calidad de la información. Si bien la directiva remarcaba que ya para el final de mes de junio los gobiernos salientes deberían haber entregado el denominado “Anexo N° 04”, que es un informe preliminar obligatorio que incluye el Resumen Ejecutivo; al 30 de junio, el reporte de cumplimiento misional y el reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos, el gobierno saliente todavía no había cumplido con los lineamientos. Si hubiera existido un control en la calidad de información se hubiera podido avanzar de manera correcta aún con los tiempos tan cortos existentes para el proceso en la región Lima Provincias.
Tercero, el papel de los Órganos de Control Institucional. La Contraloría le facilita a los Órganos de Control Institucional el marco general de transferencia. No les atribuye a estos una función de consultores, ni árbitros, ni pueden tomar decisiones en el proceso de transferencia de los gobiernos regionales ni locales. Solo se limitan a ejercer el papel de observadores, dejando al gobierno saliente y entrante la toma de decisiones. Con este vacío legal, se puede romper la ley, esquivar la directiva y los anexos hechos por la Contraloría.
Por último, un vacío que debería contemplar la norma es el proceso de entrega real de llaves así como la seguridad de los establecientes públicos, la permanencia de personal clave para garantizar el funcionamiento estatal o la responsabilidad judicial para la protección de información que es clave en todos los niveles (desde archivos de casos en áreas como la Dirección de Trabajo o Asesoría Jurídica hasta el manejo de las cuentas virtuales institucionales)
Como Estado, aún tenemos grandes retos antes de llegar al Bicentenario. Se requiere una revolución en todos los ámbitos del Estado, en la democracia y en la institucionalidad. En ese sentido, se celebra el esfuerzo de la Contraloría para construir un Perú para todos los peruanos pero no podemos dejar de mencionar sus vacíos y deficiencias para avanzar en el proceso de descentralización y manejo eficiente de los gobiernos subnacionales.
21 Enero, 2018
28 Julio, 2020
